La justicia laboral dictó una orden que prohíbe a un supervisor de Metrovías acercarse a menos de 100 metros de una conductora del Premetro, que lo denunció por acoso sexual y violencia laboral, e intimó a la empresa para que garantice la continuación de la trabajadora en su puesto y que su superior sea desplazado a otra área, para garantizar que no tengan contacto. El fallo fue firmado por el juez federal de La Matanza subrogante Alejandro Aníbal Segura y quedó firme. El magistrado fundamentó su decisión en la Ley 26485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, --que define la violencia laboral--, y en un dictamen de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Trabajo, que avaló la denuncia de la empleada. Segura destacó que la resolución la tomó “imbuido y consustanciado con la Ley Micaela N° 27.499”, cuya capacitación realizó este año, y “teniendo en mira el ejercicio de la función jurisdiccional con perspectiva de género”. “Es un fallo ejemplar, que tuvo en cuenta la situación de violencia de género y laboral a la que había sido sometida la trabajadora y dictó las medidas necesarias para poner cese a ese hecho”, destacó en diálogo con Página|12 Karina Nicoletta, secretaria de Género del gremio de Metrodelegados.

"Le insinuaba sexo a cambio de bienestar laboral"

La medida cautelar fue dictada en el marco de una demanda por daños y perjuicios iniciada por la conductora contra Metrovías, por no haber tomado medidas para frenar la situación de violencia laboral que ella había denunciado. Sobre el reclamo de fondo todavía no se pronunció la Justicia. El fallo fue firmado en julio pero recién trasciende ahora. Quedó firme porque la empresa apeló mal. Segura subroga el juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N° 41. “Le insinuaba sexo a cambio de bienestar laboral. La hacía trabajar más a ella que a otros conductores. Si sabía que estaba sola en el vestuario la iba a buscar ahí”, señala el magistrado, tomando en cuenta el relato de la trabajadora. El acoso y la violencia laboral las ejercía, según denunció la conductora, con otro supervisor como testigo.

“Estaba como obsesionado conmigo. Un día que le pregunté el apellido porque no me lo acordaba, me dijo que la gente no sabía los nombres de garcas: 'Vos pasás una noche conmigo y vas a ver si soy un garca', me dijo. Se abusaba de su poder. Me ponía en los horarios más tarde los fines de semana. Me modificaba los horarios”, contó la conductora a este diario. La mujer, que trabaja hace 14 años en Metrovías y es conductora del Premetro hace 5, dijo sentirse aliviada luego de que el supervisor fuera reubicado en la Escuela de Formación Operativa de la concesionaria del servicio de subte y Premetro. Desde entonces está abocado a tareas administrativas, sin tener contacto con trabajadoras, señaló a este diario Nicoletta. “Lo aguanté por más de dos años”, contó la trabajadora.

La prohibición de acercamiento fue dispuesta por tres meses. Aunque ya no está vigente, de todas maneras continúan las pautas establecidas por el magistrado, precisó la dirigente gremial.

No obtuvo respuesta satisfactoria de Metrovías

La conductora recurrió a la justicia después de haber denunciado en marzo la situación que estaba viviendo ante autoridades de Metrovías, sin obtener una respuesta satisfactoria: en lugar de desplazar al acosador, le dieron a ella una licencia por enfermedad. Finalmente recurrió el 5 de abril, acompañada por el gremio de Metrodelegados, a la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Trabajo, organismo que avaló con un dictamen su presentación. “La situación descripta por la trabajadora resulta compatible con la conceptualización que aplica esta oficina para definir violencia laboral y discriminación de género”, dice el informe técnico firmado por Patricia Saénz, coordinadora de la OAVL. Y detalla las conductas atribuidas al supervisor: expresiones de contenido sexual no consentidas, asignación de mayor carga de tareas que, en diversas oportunidades, la obligaron a superar el horario de salida habitual (aún en conocimiento de que se encontraba en período de lactancia), entre otras. La mujer es madre de dos niños. Sáenz recomienda que se garantice el regreso de la trabajadora a su puesto y que el supervisor sea trasladado a otra área. Ese dictamen toma el juez Segura como uno de los fundamentos de su resolución, además de la Ley 26485 y tratados internacionales de derechos de las mujeres.

Curiosamente, después de que la joven se presentó en la OAVL, Eduardo Gustavo Vázquez, secretario general de la Asociación del Personal de Supervisión de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, gremio al que está afiliado el supervisor denunciado, presentó una contra-denuncia contra la mujer, en la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, en la que la descalifica como trabajadora. La estrategia de defensa corporativa les salió mal: la OAVL tomó este contra ataque justamente como un indicio de la veracidad de los dichos de la conductora.

“Entendemos este fallo como un antecedente genuino para nuestro colectivo y para el conjunto de trabajadorxs. Deja un claro precedente y marca las pautas para revertir estas situaciones en el ámbito laboral”, destacó Nicoletta sobre la resolución judicial. También contó que a partir de este caso, desde la Secretaría de Género y la subsecretaría de Violencia Laboral están trabajando en la redacción de un protocolo de intervención interna para situaciones de violencia de género y violencia laboral. Además, iniciaron conversaciones con la Defensoría del Pueblo para llevar adelante capacitaciones en la temática en el sindicato.