Aunque en la actualidad se encuentran en ejecución unas 2300 viviendas gracias al aporte de fondos provinciales, los cuatro años de Mauricio Macri representarán en Salta una caída de más de 2 mil casas comparadas con las dos gestiones anteriores.  

Así surge de las estadísticas que maneja el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que entre 2008 y 2011 entregó 7577 casas, en tanto en los cuatro años siguientes, 2012-2015, llegó a las 7177 unidades terminadas.

En la gestión del macrismo, a falta de un mes y medio de finalizar este período, las viviendas terminadas apenas superan las 5 mil, con la salvedad de que las últimas en entregarse, y las que se hagan de ahora en más, serán gracias a los fondos provinciales que permitieron reactivar los pagos a las empresas constructoras, tras meses de parálisis de obras por falta de presupuesto.

Esa decisión le permitirá a Juan Manuel Urtubey finalizar sus 12 años de gobierno con más de 20 mil casas entregadas y, según información del IPV, con unas 2300 en marcha. A esto hay sumarle alrededor de 15 mil soluciones habitacionales, tal como se denominan las obras para mejorar la infraestructuras de casas ya construidas pero en condiciones precarias.

El 70 por ciento de las casas finalizadas bajo los mandatos de Urtubey fueron construidas durante los ocho años en los que convivió con el gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández.

El mejor año fue en 2013 cuando se entregaron 2680 casas, paradójicamente el peor registro se da al año siguiente cuando la economía sufrió una desaceleración que la dejó al borde de la recesión y que repercutió en las 863 viviendas finalizadas. Durante el gobierno de Macri, el pico se alcanzó en 2017 con 1662 unidades.

Sin embargo consultado por Salta/12, el presidente del IPV, Sergio Zorpudes, no hizo diferencia entre los dos presidentes: “En ambas gestiones nacionales tuvimos retrasos de pagos, pero al tener un IPV ordenado en sus cuentas y con el esfuerzo de las familias que pagan mensualmente su cuota teniéndola al día, pudimos hacer frente a las demoras de Nación”.

Actualmente el organismo provincial tiene un registro con 12 mil familias postulantes a una casa, a pesar de los nuevos criterios de inscripción, que bajó el monto máximo de cada grupo familiar a dos salarios mínimos y dejó afuera de la posibilidad de anotarse por una vivienda social a una gran porción de la clase media baja, históricamente el sector más beneficiado por estos programas.

Deuda: ¿Yo señor? No señor 

Si bien existen planes íntegramente financiados con fondos locales como “Mi Casa”, “Recuperación” y “Núcleos Húmedos”, la mayoría de las viviendas construidas en Salta se hacen con el aporte de Nación en dos tercios del total del proyecto, mientras que la Provincia afronta el tercio restante y los terrenos donde se emplazan las obras.

Hace poco más de un mes la provincia anunció que “para garantizar la entrega de viviendas a familias salteñas que esperan con ansias su techo propio y ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por Nación referente al pago de redeterminaciones de precios y algunas rendiciones, el Gobierno provincial afrontó la deuda que permitió reactivar la ejecución de más de 2.500 casas”.

En ese mismo comunicado de prensa detallaban que la deuda de Nación “supera los $500 millones en materia de vivienda; por esa razón los trabajos en los últimos meses se vieron ralentizados”.

“Además, los fondos por certificación de obras en su mayoría son a precio abril 2016. Por ejemplo, en ese año la bolsa de cemento costaba $80, hoy es superior a $400 y a causa del incumplimiento por parte de Nación, la Provincia financia la diferencia”, explicaron desde el IPV. 

“Se trata de los incumplimientos de los compromisos asumidos por Nación en sus convenios específicos de cada obra y de rendiciones”, amplió Zorpudes.

Sin embargo la respuesta desde Nación fue desconocer dicho reclamo. El secretario de Vivienda nacional, Iván Kerr, en una entrevista con el diario El Tribuno remarcó que “en términos de números reales nosotros hemos pagado a la Provincia, en lo que va del año, cerca de 300 millones de pesos y tenemos 150 millones más dentro del circuito de pagos que es el número lógico que se presenta en todas las provincias entre presentaciones de certificaciones, liquidaciones etcétera, que van por distintas instancias".

Y además advirtió que "las redeterminaciones, que las empresas constructoras de Salta le puedan reclamar a la Provincia, no es una deuda que nosotros tengamos para con esas empresas. Nosotros no las contratamos".

Finalmente se quejó del reclamo, porque para el funcionario de Macri, la Nación es deficitaria por la transferencia de fondos a las provincias, las cuales cierran sus balances con superávit. 

Kerr, en otras palabras, mandó a las provincias a hacerse cargo de la obra pública, a pesar de que el grueso recaudatorio de los impuestos en el país se da con los tributos nacionales, lo que obliga a las provincias a tener un dependencia económica presupuestaria de más del 70 % de fondos provenientes de la coparticipación. 

La herencia recibida y la que queda 

Al considerar las 1564 viviendas que se entregaron durante el primer año del macrismo en 2016, se debe tener en cuenta que varias de ellas eran casas que prácticamente se terminaron durante la gestión anterior.

Al respecto Cristina Nieto, directora Ejecutiva del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores (IVT) de UOCRA, recuerda que a las pocas semanas de la asunción de Macri, le tocó participar de una entrega de 200 viviendas en barrio el Huayco que había construido el IVT mediante un convenio con el IPV salteño.

Allí estuvo presente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que en su discurso habló de la pesada herencia. Nieto indignada expresó: “Yo decía ¿qué pesada herencia? Estas inaugurando casas que se construyeron en la gestión anterior, más temprano lo había hecho con un jardín de infantes y me vienen con la pesada herencia”.

“Entre 2007 y 2015 hicimos desde UOCRA con la provincia de Salta 2500 viviendas. De 2015 hasta ahora: cero”, describió. 

Al momento de encontrar una explicación, Nieto señala que “este gobierno nacional tuvo como objetivo eliminar los institutos de viviendas provinciales y que pase todo por vía bancaria. Por eso bajan los montos máximos para la inscripción que perjudicaron a montones de trabajadores, inclusive hasta desadjudicaron personas que tenían Procrear, por ejemplo en el edificio Talavera y en las casas del Grand Bourg, porque se pasaban con los requisitos de los salarios mínimos”.

El menor ritmo de obras para viviendas parece será una constante, porque de aprobarse el próximo presupuesto tal como lo enviaron al Congreso desde la Casa Rosada, la principal víctima de los recortes será la ya alicaída inversión en obra pública.

Según las planillas anexas que están publicadas en la Oficina Nacional de Presupuesto, los recursos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas para Salta caen de los 2872 millones de pesos presupuestados para 2019 a 963 millones, lo que supone una merma del orden del 66 por ciento en términos nominales.

En tanto las “Acciones de viviendas y desarrollo urbano” se reducen a la mitad, al caer de los 800 a los 408 millones de pesos, y los fondos para la ejecución del PROCREAR quedan ajustados casi a una cuarta parte, al pasar de los 560 a los 149 millones de pesos. 

Complicado panorama entonces se vislumbra para los 12 mil salteños que esperan una casa en el IPV, además de los otros miles que intentan calificar algún día a un crédito hipotecario. Solamente la esperanza de una revisión de ese presupuesto con la nueva composición del Congreso, arroja algo de luz en materia de vivienda para la provincia.