En tiempos de elecciones de nuevos gobernantes, otras doce organizaciones indígenas se sumaron al reclamo de que los distintos frentes políticos asuman la agenda originaria y sean receptivos a sus propuestas de políticas públicas "como mandato de cada uno de nuestros territorios".

Este nuevo pronunciamiento, dado el sábado tras una asamblea de la que participaron doce organizaciones del norte de la provincia reunidas en la Parroquia San Roque de la localidad de Embarcación, se presentó como una continuidad del comunicado emitido por los participantes de un encuentro realizado el 10 y 11 de este mes en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Las organizaciones indígenas del norte exigieron “acceso y mejoramiento de los servicios públicos para todas las comunidades originarias”. 

En la asamblea, en el departamento San Martín, las comunidades acordaron reclamar que se dé cumplimiento efectivo de sus derechos y en ese marco peticionaron “acceso al agua segura, al extendido y servicio eléctrico. A la señal telefónica y de Internet. A caminos vecinales en buen estado”.

También, que la calidad de la atención de la salud “responda a las necesidades de los pueblos y las condiciones de vida en cada uno de los territorios” y que se cumpla con el derecho a una “educación propia”, aspecto en el que sostuvieron que se debe superar la figura del auxiliar bilingüe intercultural y aprobar el modelo de “pareja pedagógica”, que permita que los docentes indígenas “puedan definir la selección de contenidos para su enseñanza”.

Exigieron asimismo que se ejecuten políticas “que generen y financien actividades productivas para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y un desarrollo integral de las comunidades”.

Y “la inmediata reforma y actualización de la ley N° 7.121 de desarrollo de los pueblos indígenas de Salta”, garantizando “la participación y consulta previa, libre e informada de todos los pueblos originarios de la provincia”.

Relevamiento y propiedad comunitaria

La asamblea se pronunció además por la aceleración de “los procesos de ejecución y continuidad permanente de la ley de relevamiento territorial” 26160 y sus prórrogas, que hoy se encuentran paralizados. Y solicitaron “la entrega inmediata de las carpetas técnicas de cada comunidad”.

En el mismo sentido, reclamó el “urgente tratamiento” de un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que ya cuenta con un anteproyecto elaborado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) y ya fue presentado en el Congreso de la Nación.

Con la firma de doce organizaciones indígenas de primer y segundo grado, entre ellas al Comunidad Misión Fwiñol, de Carboncito, y el Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo (COW), se exigió una instancia de “diálogo directo entre el Estado y las instituciones legítimas y representativas de los pueblos originarios, sin intermediarios” y con garantía de que habrá participación “plena y efectiva” de esos pueblos.

Regularización del IPPIS

En un extenso pronunciamiento la asamblea de comunidades indígenas también pidió la regularización inmediata del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta (IPPIS) a través de la designación de una comisión normalizadora que “comience a trabajar con carácter de urgencia”.

Con este fin sostuvo que deben hacerse las modificaciones normativas necesarias para incluir en la conducción del IPPIS a “todos los pueblos reconocidos” en el territorio provincial, además de que se nombre mayor número de vocales representantes de los pueblos más numerosos.

Por otra parte, la asamblea sostuvo que en la construcción de viviendas y mejoramiento del hábitat los estados deben “respetar los sistemas propios de los pueblos, teniendo en cuenta al sujeto de derecho y validando sus conocimientos y saberes sobre un hábitat sustentable”.

La mayoría de ellas confinadas a tierras improductivas, o a escasas extensiones que resultan insuficientes para la subsistencia, las comunidades participantes de la reunión en Embarcación también dedicaron su atención a la agricultura familiar. 

Reclamaron en ese sentido “plena adhesión” de la provincia a la ley de agricultura familiar 27118, “con su presupuesto correspondiente y la adopción de políticas públicas específicas para el sector que garanticen el acceso a territorios sustentables y al Buen Vivir”.