A diez años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y tras cuatro de un gobierno que intentó derogarla, es bueno repasar el nuevo estado de situación.

La ley intentó resolver dos cuestiones que en algún punto aparecían como contradictorias. Los actores de la comunicación que estaban fuera de la ley como las cooperativas, los pueblos originarios, las organizaciones sociales y sindicales, las personas con discapacidad, las universidades, las pequeñas y medianas empresas de arraigo local se movilizaron por su legalidad.

Las empresas privadas concentradas bajo el lema de que “la mejor ley es la que no existe” hicieron todo lo posible para que no se promulgara.

El gobierno de Mauricio Macri tomó posición por estos últimos, corrigió el texto promoviendo un mayor monopolio y eliminó cualquier vestigio de federalismo en los organismos de control.

La realidad es que el 80% por ciento de los artículos que quedaron en pie dan vida a los sujetos sociales y culturales que lucharon en la calle y en el Congreso por la promulgación de la ley.

Según la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) “pese a todo, los alcances de la ley en el tiempo han permitido la existencia de nuevos canales comunitarios y pymes de televisión (unos 50 en todo el país, desde canales comerciales y alternativos en la Capital Federal hasta televisoras comunitarias en Buenos Aires, Viedma o Formosa), el desarrollo de contenidos federales y de producción local para medios comunitarios mediante los (demorados e insuficientes) concursos del FOMECA. Asimismo, la obtención de licencias de servicios audiovisuales y de servicios TIC por parte de más 200 cooperativas de servicios públicos en todo el país” habilitó el avance de una experiencia de cable federal, surgido en Córdoba y denominada Colsecor, que cuenta con un servicio similar al Flow, llamado Sensa, que combina tecnología con solidaridad y bajos costos.

La CCD también revaloriza que a través del texto no derogado de la LSCA se crearon nuevos canales públicos en Chaco, Mendoza, Santa Fe, se duplicaron las radios universitarias contabilizando 62 en la actualidad. También deben contarse decenas de emisoras municipales con agenda y de pueblos originarios.

Pero diez años es mucho tiempo: Argentina padece hoy una internacionalización creciente. Cinco grandes empresas multinacionales Google, Amazon, Facebook-Whatsapp, Apple (GAFA) y cuatro o cinco aplicaciones que usufructúan la monetización de los datos que todos suministramos minuto a minuto: Netflix, Airbnb, Tesla y Uber (NATU) están poniendo en cuestión la existencia de los Estados y las democracias. Ese puñado de empresarios manejan los flujos económico-afectivos de millones de ciudadanos de varios continentes.

Dejar de ser hablados por otros, sueño eterno de los pueblos, interpela a los nuevos y viejos actores de la política y la comunicación 2019, superando añoranzas, renovando esperanzas.

 

* Periodista y psicólogo. Codehcom. Colectivo por el Derecho Humano de la Comunicación.