Un relevamiento propio de la violencia hacia las mujeres indígenas y feminicidios en zonas urbanas y periféricas. El reclamo para ser defensoras de la vida en sus comunidades. La visibilización de las disidencias en las naciones indígenas. Una promesa débil del Gobierno para descontaminar el agua y tapar los pozos que hacen empresas mineras cerca de San Ignacio, en Misiones, y ponen en riesgo las vidas de niñxs. La reactivación de causas por desapariciones y asesinatos. El freno urgente al extractivismo de esa depredación que denominan terricidio. Las Mujeres Indígenas de territorios en conflicto autoconvocadas culminaron su ocupación pacífica en el Ministerio del Interior con el impulso de una agenda de reclamos históricos que debería comenzar a ver resultados en las próximas semanas, si se cumplen las promesas que lograron arrancarles a los funcionarios.

“Cerramos esta gesta de lucha de casi once días de resistencia activa y ocupación pacífica que denominamos La rebelión de las flores nativas, en la que no sólo pretendíamos poder solucionar temas urgentes, sino también emplazar en la conciencia social la agenda de los pueblos indígenas y la agenda de la tierra, de esto que llamamos #Terricidio”, expresaron en un comunicado donde emergió clara la potencia del que consideran un hecho político histórico, aún cuando volvieron a sus comunidades sin una declaración oficial de emergencia hídrica, una de las urgencias más graves. “Nos parece que el resto de las demandas implican un cambio tan estructural que debemos seguir caminando y trabajando para que se cumplan todas estas problemáticas que venimos a denunciar. Lo haremos el tiempo que sea necesario.” Por lo pronto, proyectan lanzar una campaña por un 1° de mayo plurinacional y la convocatoria a un acampe contra el cambio climático en febrero de 2020, en el Lof Mapuche Pillán Mahuiza, en Chubut.

Desde el miércoles 9 hasta el sábado 19, cuando el acampe pacífico en el edificio de 25 de Mayo y Sarmiento culminó en una revuelta de despedida en alerta permanente, las mujeres indígenas se habían autoconvocado para decir Basta al terricidio en la Argentina. Llegaron desde sus comunidades a la ciudad de Buenos Aires denunciando “un terrorismo de Estado” que se manifiesta cotidianamente en la militarización de los territorios, en detenciones y allanamientos arbitrarios, en desapariciones y torturas, en desalojos a comunidades que desprecian las leyes vigentes. “Sabemos a qué vinimos. Estamos diciéndoles a un país que la vida no se negocia, que no puede haber pacto social si el genocidio sobre los pueblos y los territorios continúa”, leyó cada día Evis Millán, hermana de Moira Millán, en el manifiesto “La rebelión de las flores nativas”, cada vez que el sol atravesaba el hall de entrada del Ministerio del Interior, un cobijo de mantas y abrazos nunca imaginado. “Siempre con el ojo abierto y las manos apretadas por si corríamos riesgo o si ordenaban sacarnos por la fuerza”, dijo una de las hermanas indígenas que dirá llamarse Sara, y tan luego Julia, con una sonrisa cómplice en los labios. “Es que son muchos años de golpes, persecución y muerte”, justificó cansada, como si hubiera que explicar algo cuando se está hablando de sobrevivir.

Evis, de la Nación Mapuche Lof Pillán Mahuiza, en Chubut, sabe que esa ocupación decidida por mujeres de naciones indígenas del norte al sur del país es un tajo profundo en el corazón del poder político, pese a la indiferencia aparente del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Fue muy lamentable porque nosotras le planteamos las situaciones que estamos atravesando, le dijimos que necesitábamos un compromiso real de su parte. Pero se mostró desinteresado y sólo nos respondió que no podía tomar decisiones porque la mayoría de nuestras demandas tiene que ver con los gobiernos provinciales, que son autónomos, y él no podía incidir o decir qué decisiones tomar. Nos preguntamos cuál es su función entonces.”

La secretaria de Justicia de la Nación, María Fernández Rodríguez, fue más empática en su desconcierto frente al planteo de que ninguna vida puede negociarse. “Escucharon con asombro los testimonios de dolor y de una indignación de siglos”, relató Moira Millán, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. “Ante Fernández Rodríguez denunciaron el chineo, una práctica de posesión y sometimiento sostenida por criollos empresarios, terratenientes, comerciantes que eligen niñas de 8 a 10 años para violar. “Y las madres y padres lo tienen que asumir casi como algo inevitable”, explicó. “Eso pasa ahora, ya no sólo en la calle, en el camino que las separa de la escuela hacia la comunidad, sino incluso dentro del establecimiento escolar, y está sucediendo, por ejemplo, en Formosa.”

En medio de la ocupación, una de las mujeres qom de esa provincia, María Mendoza, tuvo que viajar de urgencia porque dos hombres encapuchados y con armas intentaron secuestrar a su hija de 10 años junto con su prima y una amiga cuando se dirigían al baño de la escuela a la que asisten. Las niñas lograron defenderse y fueron auxiliadas por personal de la escuela, que escuchó los gritos. “Este tipo de situaciones están naturalizadas en las comunidades, porque viene de esa historia del chineo, una cuestión cultural de derecho criollo sobre población indígena, y este tipo de prácticas aberrantes siguen ocurriendo en las comunidades”, agregó Evis Millán, que lamentó la nula difusión en medios nacionales y locales. “Se comunica poco en los medios y nos preocupa, porque esto se calla y es violencia. La violencia que se genera hacia las mujeres indígenas es terrible porque a la vez vemos que tampoco hay un apoyo de parte de otras organizaciones feministas. Son muy pocas las que realmente empiezan a visibilizar lo que nos pasó a las mujeres indígenas. No hay un reconocimiento masivo del feminismo por la lucha que nosotras estamos dando.”

La creación de un registro de violencia hacia las mujeres indígenas y feminicidios surgió precisamente como iniciativa propia, para que sean las mujeres de los territorios quienes releven y narren las violencias, y les pongan voz a las estrategias para combatirlas. “Hay muchos casos de asesinatos de chicas jovencitas en las comunidades y no existe un registro oficial. Una de las decisiones que nos trajo acá como mujeres, madres y abuelas es decir basta. Lamentablemente vemos que hay políticas públicas que son racistas, que sólo miran a un sector y no importa el de las mujeres indígenas”, advirtió Evis.

El relevamiento presentado en julio en el 2° Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en Río Negro, detalla que en la Argentina ocho de cada diez mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia física. Siete de cada diez, por parte de policías y fuerzas de seguridad. De cada ocho mujeres, siete no pueden acceder a la Justicia. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas, en la mayoría de los casos autoridades espirituales. “Esta ocupación pacífica significa demandas históricas que venimos haciendo como pueblo preexistente”, sostuvo Evis. “Involucra a todos los gobiernos, porque estamos aquí para interpelar un modelo de vida opresor, al que lo único que le importa es destruir el planeta. Y estamos defendiendo el territorio, que no es sólo para los pueblos indígenas sino para la sociedad argentina también. Ponemos una semilla para que esta sociedad empiece a tomar conciencia de nuestras demandas.”

Contra todo cacicazgo

El manifiesto de La rebelión de las flores silvestres acusa de terricidas a los gobiernos y a las empresas que asesinan a los ecosistemas tangibles de los territorios y a todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra. “Sin embargo, la política global racista logra que las voces de los pueblos indígenas sean inaudibles e invisibilizadas, y nuestras muertes resulten socialmente indiferentes. Nosotras las mujeres indígenas somos los cuerpos que más padecemos estas atrocidades.” El emergente social es la tierra, y ellas las voceras de su dolor.

“Me autoconvoqué con muchas hermanas para traer nuestras demandas hasta este Estado racista, donde están asesinando nuestros ríos, desmontando nuestros bosques, nuestras selvas, mal utilizando el agua”, explicó Noelia Naporich, de la Nación Qom. “No tenemos derecho al agua porque este Estado y este gobierno son cómplices de las empresas extractivistas, les permiten hacer sus negocios dentro de nuestros territorios indígenas sin una consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales.”

Noelia fue una de las voces que durante la ocupación denunció las desapariciones de jóvenxs de las diferentes naciones, los atropellos policiales y las causas armadas contra las mujeres que intentan frenar el desastre climático provocado. “Somos nosotras las que más sufrimos los ataques, porque somos las protectoras del territorio, las que alimentamos a los hijos, a los nietos, los hermanos.” Exigió Justicia por Marcelino Olaire abrazada a la madre del joven, Zulma Sanegachi, y contra el genocidio silencioso de los pueblos. Marcelino desapareció el 8 de noviembre de 2016 del Hospital Central de Formosa capital. “Adonde ingresó por problemas de salud con la firma de un doctor que ordenó su internación”, detalló Noelia. “Cuando su madre fue a visitarlo, le dijeron que no estaba allí, que podía haberse ido. Ya van a ser tres años que Zulma busca respuestas y su hijo no aparece.”

Ni la Justicia ni las jurisdicciones donde asentó la búsqueda, le permitieron a Zulma el acceso al derecho lingüístico que la asiste dentro de su comunidad. “Por lo menos para acompañar y empezar a ver qué pasó con esta vida”, señaló Noelia, que además responsabiliza al Instituto de Asuntos Indígenas (Inai) por su inacción.

“No conocen el territorio. No estuvieron en el entierro de jóvenes asesinados. Jamás fueron a ver a Zulma ni a Alejandra Ciriaco, la mamá de Ismael Ramírez, otro adolescente asesinado en Chaco”, aseguró. “El Inai también es responsable de estos actos y cómplice del Estado. Nos duele hablar con sus hombres machistas y patriarcales, que conocen los casos y se hacen los que no ven, porque les conviene que nos pasen cosas. Ellos dibujan su política. Nos despojan, nos imponen barrios y una personería jurídica para reconocernos. Nada es consensuado con el territorio. Pero el cacicazgo terminó hace muchísimo tiempo y nosotras somos las que lo detuvimos.”

En la comunidad Mbokajaity Mbya Guaraní, en San Ignacio, Misiones, el agua está contaminada desde que una empresa minera excava la tierra para extraer piedras preciosas. “Cada diez niños, ocho se enferman y de estos ocho, unos cuatro mueren. Esas empresas son las autoras de masacres en las comunidades”, reveló Noelia. “Queman familias con niñxs dentro de sus casas porque están construidas sobre los puntos de excavación. La policía no entra a los territorios y cuando las mujeres van a hacer las denuncias no les brindan sus derechos lingüísticos. Quedan atrapadas en estas tragedias provocadas.”

Las mujeres de la comunidad mapuche Cañiu El Maitén, en Cerro León, Chubut, luchan contra otros despojos, para que sus bosques nativos no sean desmontados por la construcción de 17 pistas de esquí, que por contrato atraviesan el río del lugar y amenazan con una contaminación segura. “La perforación de las tierras sin un consenso de las comunidades es terricidio”, declaran. “Es la era de un genocidio silencioso a través de empresas extractivistas que se empeñan en seguir colonizando.”

Alejandra Ciriaco, mujer qom, siempre estuvo escuchando a sus “hermanitas”, como les dice a quienes la acompañan desde que salió de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, para seguir pidiendo Justicia por el asesinato de su hijo Ismael, de 13 años. Fue fusilado por agentes de la policía el 3 de septiembre de 2018 a unas cuadras del supermercado del pueblo, en medio de una persecución a los tiros a familias qom que protestaban porque les retuvieron sus tarjetas de cobro con las que compran alimentos. El asesino sigue libre. “Vine a pedir Justicia porque en el Chaco no me escuchan. De las hermanas aprendí que con la lucha se puede todo, pero también vengo a proteger la vida de muchos chicos, porque si hoy me lo mataron a Ismael, mañana no van a dudar en matar a otro niño qom. Eso es lo que hacen los policías: matar a nuestros hijos.”

Después del balazo que lo derribó, Ismael fue trasladado al hospital local, pero su madre dijo que tardaron en atenderlo y eso precipitó su muerte. “Quizá si los doctores lo hubieran atendido al ingresar yo no iba a estar en esta ocupación hoy. En el hospital, mi otro hijo llegó a escuchar que dijeron ´un indio menos´. Así pasa en los hospitales de cada territorio, cuando van indígenas tardan en atenderlos o no los atienden.”

Antes que conociera a las mujeres indígenas en el Encuentro de Río Negro, nadie se acercó a su casa para animarla a levantar la voz contra la muerte de Ismael, tampoco para ayudarla a mejorar sus condiciones de vida como jefa de hogar a cargo de tres hijos. “Por ellos tengo esta fuerza. Cuando siento que caigo, me encierro para llorar, así no me ven, y vuelvo a empezar.”

Desde su manifiesto, las guardianas de la vida traen palabras surgidas “del corazón de la tierra que late bajo nuestros pies”. Reafirman la plurinacionalidad territorial contra un sistema capitalista, racista y patriarcal que pone en riesgo la vida del planeta. Hablan de una forma amorosa e insumisa de habitar el mundo, y de la lucha anticolonial que deben seguir dando. “Nos toca a nosotras históricamente sostener y guardar la vida y a nuestras familias, es por ello que el ensañamiento contra las mujeres indígenas es mayor.” Alejandra vuelve a escucharlas y asiente en silencio. “Tienen razón. Y a veces es como que no doy más. Pero hay que avanzar, porque creo que si tenemos miedo, nos van a seguir matando.”