La desmejora social de los últimos tiempos tiene género y edad. Se trata de niñas y mujeres jóvenes, adultas y en la vejez las más afectadas por la desigualdad, la pobreza, la desocupación y el bienestar.
En vistas a conmemorarse los 10 años de la AUH, una medida reivindicada por todas las fuerzas políticas pero que la gestión de Cambiemos esmeriló, una iniciativa central que se impone para resolver el corto y el largo plazo en la recomposición de ingresos y derechos es avanzar en el derecho a la seguridad social a la niñez. Una agenda superadora en ese sentido debería poder registrar que el asistencialismo recargado impregnó todo el accionar estatal desde el 2016, desfinanciando derechos.
Además está pendiente readecuar la seguridad social a las configuraciones familiares actuales. Transformar las políticas para la igualdad de género y generacional no es un componente puntual, sino un eje central de las intervenciones públicas, más considerando los niveles de desigualdad que las y los tiene como principales damnificados.
En la “Recomendación sobre los pisos de protección social del año 2012”, a nivel internacional la OIT reconoce una triple función de la seguridad social: como un derecho humano y como una necesidad económica y social.
Allí se establece una hoja de ruta para cerrar las brechas de cobertura a partir de los diferentes riesgos sociales a los que están expuestas las personas a lo largo del ciclo vital. La misma distingue cuatro garantías que, como mínimo, deben asegurarse durante todo el ciclo de vida: garantías de ingreso para la infancia y otros grupos vulnerables, la seguridad económica para personas en edad de trabajar, la protección social para adultos mayores y la protección social en salud.
No parece atinado hablar de “pisos de protección social” que se terminan convirtiendo en subpisos pero, desde ya, a partir de nuestra historia institucional debemos avanzar en el derecho a la seguridad social en la infancia y las personas mayores como derecho de ciudadanía.
Qué hacer
Las acciones a tomar debieran girar en torno a cuatro ejes que fueron fuertemente afectados en estos años: la cobertura, la suficiencia de la prestación, la amplitud de las intervenciones, la distribución de funciones- que implica saber quién se hace cargo de qué- y atender a la sostenibilidad política y financiera.
La nueva distribución institucional estatal más justa en la infancia debería plasmarse en un único sistema de asignaciones a la niñez, que transforme la estratificación y discriminación presente en las políticas a la infancia, entre los pobres y el resto, y que incluya a todos y todas dando cumplimiento a la función esencial de la política social, que es la integración social.
Esta nueva ley de todo el sistema de asignaciones familiares tiene que igualar beneficios e incluir una reforma más amplia del sistema de monotributo, orientándose a fortalecer el sentido de derecho a la seguridad social y no de asistencia social como viene sucediendo en la gestión Cambiemos. Ligado a lo anterior, se requiere algo más que un software informático y unificado para el pago como el sistema CUNA que implementó este Gobierno para unificar los pagos de las asignaciones familiares y AUH, que para colmo dejaron sin cobrar por un mes a miles de destinatarios porque retrasaron pagos e hicieron cambios de bocas de pago.
Veamos a continuación cada punto:
1. Cobertura: Sería deseable una extensión de cobertura a toda la población hasta 17 años sin importar condición laboral de los padres y con una reforma impositiva que garantice financiamiento y progresividad. Hoy estamos en condiciones de hacerlo porque ya se cuentan con bases de datos en Anses y Afip desarrolladas durante décadas y se ha implementado la AUH, que permitió configurar núcleos familiares con niños hasta 17 años, articulados en el marco de la seguridad social.
Entre 2016 y 2019, 345 mil familias dejaron de percibir la Asignación Familiar por la destrucción de empleo formal. Desde 2016, sin embargo, los aumentos de cobertura son marginales. Lo poco que se amplió fue la extensión a los monotributistas (382 mil, sin llegar a los 500 mil prometidos).
Considerando tanto la Asignación Familiar como la AUH, entre 2016 y 2019, muy lejos de la universalización declamada, apenas se sumaron 543 mil (un incremento de 6 por ciento), pasando de 8,3 millones a 8,8 millones de niños/as. Este aumento se explica básicamente por la incorporación de los monotributistas y la AUH.
2. Suficiencia de la prestación: Debería avanzarse en garantizar la suficiencia de las asignaciones a la niñez (AAFF y AUH) y las jubilaciones, lo cual implica que hay que blindar los derechos con una ley que reestablezca los montos perdidos en un 20 por ciento al menos y garantice una actualización de prestaciones que sean suficientes. Fijar un parámetro de actualización y definición del monto implica analizar si será una cobertura del 100 por ciento del mínimo vital de bienes y servicios por niño. Analizar si el parámetro del valor diferencial será según la edad o según la composición del hogar.
Para que notemos el contraste con lo que pasa hoy, los jubilados y beneficiarios de la AUH se encuentran empobrecidos y endeudados. Se produjo una fuerte desactualización de los montos y hasta los salarios quedaron rezagados. La compensación buscó realizarse con “bonos extras”, aumentando la discrecionalidad y mermando la lógica de derechos. Junto a ello, se endeudó a las familias con el boom de microcréditos para los beneficiarios de los programas sociales y los jubilados. De modo que lo que perciben mensualmente hoy es al menos un 40 por ciento inferior a lo que percibían antes entre el descuento por el pago del crédito de un 30 por ciento mensual y la desactualización del monto del beneficio que se generó al cambiar la fórmula de cálculo.
3. Amplitud de la prestación: no se trata sólo de ingresos, sino de tiempo, cuidados, educación, salud, participación y vivienda. Asimismo, la agenda que comporta este abordaje debe incluir a los gobiernos subnacionales en el marco de la distribución de competencias en Argentina como país federal.
Durante inicios de los 2000, una marca del Estado fue que avanzó en las transferencias de ingresos y allí se hicieron cambios de lógicas importantes en el accionar estatal con más transparencia, simplificación de acceso, como lo ejemplifica la creación de la AUH en 2009 o la extensión de las jubilaciones a través de las moratorias jubilatorias. Esto aumentó las coberturas, pero no era parte de ese debate la cuestión de la amplitud de las intervenciones.
Hoy debemos abordar estos nuevos desafíos porque el bienestar social no se agota en ingresos, sino que es multidimensional. Ello hay que hacerlo fortaleciendo los grandes sectores del Estado que son la salud y la educación, precisamente lo contrario a lo que se hizo en los últimos años. Así fue como el rol de nivelador de inequidades y coordinador nacional se esmeriló. Los pendientes de esa agenda son claros, por lo cual las prioridades deberían enfocarse en:
(i) Derecho a la educación y cuidado de la infancia: redoblar los esfuerzos en los dos extremos del sistema educativo, jardín y secundario, y mejorar la calidad. Debieran otorgarse ingresos adicionales en las asignaciones familiares considerando la etapa del ciclo de la vida de cada niño/a y adolescente.
* Universalizar jardines de infantes y servicios de cuidado en la primera infancia en los próximos 5 años: 100 por ciento de cobertura de la sala de 4 y 5 años y 75 por ciento de asistencia a la sala de 3 años en todo el país. La meta también es que a futuro contemos con servicios de cuidado desde los 45 días.
* Incrementar la jornada extendida: doble escolaridad en las escuelas.
* 100 por ciento de terminalidad en secundario, que todos los chicos finalicen el secundario es una meta básica en el mundo actual. Para eso se necesita fortalecer la terminalidad y calidad de la formación secundaria y apuntalar nuevas metodologías pedagógicas en la educación.
(ii) Derecho a la salud:
* Desarrollar en todo el país el fortalecimiento del derecho a la salud pública y regular al sector de prepagas.
* Fortalecer políticas anticonceptivas y de salud sexual y reproductiva en adolescentes.
* Acompañamiento de la salud desde el embarazo.
4. Distribución de funciones y sostenibilidad política y financiera: esto implicará readecuar la estructura del Estado a las nuevas prioridades de agenda de políticas, para que sea un Estado efectivo, que no es lo mismo que decir un Estado grande. No es opcional ni un asunto privado el cuidado de las niñas y los niños y de las personas mayores: es una responsabilidad pública y de todos y todas.
El sostenimiento político de las políticas es central. Debiera constituirse una mesa tripartita y generar dispositivos institucionales de construcción participativa de nuevas políticas sociales de infancia y juventud. Por ejemplo, una Ley de los Derechos de las Juventudes. Argentina aún no cuenta con una legislación de este tipo.
El financiamiento para sostener estas iniciativas debería pasar por un fondo contracíclico de solidaridad intergeneracional que grave a los que más tienen y que fortalezca el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. El FGS hoy en los hechos posee un bajo nivel de liquidez y está siendo utilizado para compensar las cuentas públicas provinciales, además de financiar al Tesoro (la última vez por más de 15 mil millones de pesos) recibiendo a cambio títulos o papeles reperfilados. Resguardar su patrimonio, por lo tanto, es clave para volver a dotar de verosimilitud a todas estas iniciativas.
Las crisis son oportunidades para sentar consensos de límites entre lo tolerable e intolerable. La infancia no puede ser persistentemente afectada por el péndulo de la política y las tensiones regresivas que nuestros países experimentan cada tantos años. La realidad es que cualquier intento por discutir el desarrollo es estéril si parte de las familias hoy no comen. El reto pasa entonces por resistir la tentación a replicar viejas recetas y colocar el eje de la política en la integración social y en las políticas públicas laborales, de seguridad social, salud, vivienda y educación, sabiendo que no hay una medida salvadora si el contexto y la orientación de todas las iniciativas del Estado van en sentido contrario.
* Doctoranda en Ciencias Sociales UBA, Magíster en Administración y Política Públicas de San Andrés y Politóloga por la UBA. Coordinadora Académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de Flacso.
