En la recta final de la campaña electoral, el ministro de Defensa y ex titular de Comunicaciones, Oscar Aguad, salió a hablar del escándalo del Correo, en el que está presuntamente involucrado por haber intentado favorecer a la familia presidencial con un acuerdo para licuar la deuda de la empresa postal en el cual él debía representar y proteger los intereses del Estado, el principal acreedor. Aguad, que también carga sobre sus espaldas la tragedia del ARA San Juan, decidió hacer gala de una de las grandes habilidades del actual Gobierno: la manipulación de la información. En esta ocasión, aplicada al tema de la deuda del Correo que, ciertamente, es complejo por tratarse de un concurso de acreedores. Por suerte, empezó con un fallido bien gráfico, cuando quiso decir que el acuerdo entre “el grupo Socma” (sic) y el Estado, “bueno no el grupo Socma, el Correo SA” –corrigió– no se había concretado. Señalar a Socma, empresa pilar del Grupo Macri, es reconocer en buena medida con quién tenía las tratativas en ese entonces. El resto de sus afirmaciones dejan en claro de qué lado está parado el ministro.

1) “La propuesta nunca se concretó porque fue retirada. Esto está en manos del juez" (Ariel Lijo), dijo Aguad en La Nación+. Vale la pena refrescar el hito que dio lugar al escándalo: en junio de 2016, el Correo y el Estado firmaron ante la Cámara Comercial un acuerdo para que la firma del Grupo Macri pagara en cuotas hasta 2033 con un interés del 7 por ciento anual su deuda millonaria. El pacto no se concretó porque la fiscal Gabriela Boquín denunció que era un acuerdo “ruinoso y abusivo” que licuaba la deuda del Correo en un 98 por ciento, prácticamente una condonación. Todo esto ocurrió en el expediente comercial, del concurso de acreedores, que ya lleva 18 años. Hasta entonces el Estado siempre consideró que las propuestas de Correo eran insuficientes. Lo que tiene Lijo es una denuncia penal que se hizo a raíz de este episodio, donde Aguad fue indagado por posibles negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación. La indagatoria fue en marzo y su situación procesal sigue en veremos porque juez se tomó su tiempo. En esa causa, de todos modos, quedó claro por documentación presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que le Gobierno conocía de antemano la oferta de Correo. El propio Aguad reconoció que había recibido “instrucciones” del Ejecutivo al menos para dar marcha atrás. Hasta ahora no hubo nuevo acuerdo, por dilaciones en las que colaboró el propio Estado, haciéndole el juego al Correo.

2) “La empresa Correo estaba en convocatoria de acreedores. Había mil acreedores además del Estado nacional. Se hizo la prepuesta, todos aprobaron la propuesta que estaba haciendo el grupo Socma… bueno, no el grupo Socma, el Correo SA, en concurso de acreedores”, agregó el ministro. La empresa Correo, que efectivamente controlan Socma y Sideco, está en concurso de acreedores porque desde 2002 no paga ciertos cánones al Estado. En ese momento la deuda era de 296 millones de pesos. La dilación del proceso tuvo que ver, en buena medida, con que las juezas que intervinieron en primera instancia y en la cámara admitieron plazos impensables. Un concurso no podría durar más de dos años como muchísimo, según la ley de concursos y quiebras. En el pacto que se firmó en 2016 no es cierto que todos los acreedores hayan aprobado la oferta del Correo: lo hizo el 67 por ciento de 708 acreedores, que tampoco son mil. La clave está en comprender quiénes son esos acreedores: 360 de esa mayoría cedieron su conformidad a abogados vinculados al grupo Macri –como el Estudio de Jaime Kleidermacher, apoderado del Correo– y a otros que además son o eran directores del Correo mismo. Esto también fue denunciado por Boquín porque sería una forma de fraude, igual que ciertas maniobras de vaciamiento por desvíos de dinero a Socma y Sideco. Aguad confunde Socma con el Correo porque serían prácticamente lo mismo y actúan combinadas. La diferencia es que la primera es una empresa activa de la que vive la familia Macri.

3) “La empresa Correo no tiene bienes porque se los sacó el Estado cuando le canceló la concesión. Por eso la empresa entró en convocatoria”, sotuvo Aguad. La empresa fue expropiada cuando ya tenía deudas. No tiene bienes, pero tiene otros activos y según denunció Boquín ha mostrado sospechosa actividad pese a que está declarada inactiva: transferencias de dinero, pagos a Socma y Sideco, compra de acciones a una automotriz, pagos a estudios de abogados amigos y empresas de publicidad. Todo esto es objeto de investigación. Parte de esas operaciones denunciadas suman al menos 35 millones de pesos. Las posibilidades de un fraude concursal son elevadas.

4) “Hay dos opciones, o se aprueba un acuerdo, o se manda a una empresa a la quiebra, nosotros evaluamos que si va a la quiebra, y lo dijo la AGN, no se puede cobrar un peso. Además nos se puede extender la quiebra al grupo Socma porque la de Correo tiene relación con la decisión del Gobierno de quitarle sus bienes”, dijo Aguad. La quiebra es el gran fantasma del Grupo Macri, no del Estado, que hace 18 años que no ve ni un centavo de esta deuda. ¿Por qué? Porque efectivamente es una posibilidad cierta que las deudas caigan sobre las empresas controlantes. Si se puede extender a Socma o no, es algo que debe analizar la Justicia, no es Aguad quien puede diagnosticarlo. Y el gran problema aquí es que Socma–Sideco aparece enganchado en las operaciones denunciadas durante de concurso de acreedores. La cuestión de la expropiación no tiene relación con la quiebra en ese punto. Tampoco es real que la AGN haya dicho que si se va a la quiebra el Estado no puede cobrar nada. El organismo no opinó sobre la razonabilidad de las propuestas en juego y dijo que no podía auditar un proceso concursal sino que debía ser tratado como un conflicto entre privados.

5) “En los concursos la ley prohíbe la actualización monetaria y la suma de intereses. Lo que se debía en 2003 es lo que se debe hoy, 290 millones de pesos”, afirmó Aguad. “Quien tiene la culpa de la descapitalización es Julio de Vido, que nunca quiso cobrar”, agregó. La ley de concursos y quiebras habla de suspensión de los intereses, pero no de condonación, por eso la mayor parte de la jurisprudencia interpreta que el no pago de intereses sería una quita. O sea, se deben pagar tarde o temprano. El propio Estado nacional en la oferta inicial (cuestionada) admitía intereses y en la última oferta que presentó admitía el pago de intereses, solo que los condicionaba: si gana los juicios contra el Estado, post-expropiación, dijo que paga intereses. Si no, solo paga los 296 millones. De todos modos, la cuenta da una cifra muy inferior (cercana a 700 millones) al cálculo que según Boquín deberían pagar a tasa activa, que ya supera los 4500 millones de pesos. En relación con los responsables de que la deuda no se haya cobrado nunca, podrían ser múltiples, pero quienes regulan el proceso son la jueza Marta Cirulli, en primera instancia, y las de Cámara, María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini.