La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la jueza Ángela Ledesma y los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, anuló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que sobreseía al abogado Alberto Raymundo Sosa y envió las actuaciones de vuelta a la Justicia Federal salteña para que continúe la investigación.

“De momento resulta prematura la decisión desvinculante”, sostuvo Casación en un decisión dada el 21 de este mes.

Sosa está imputado por el delito de cohecho. Fue denunciado por la ex concejala Lucrecia Lambrisca, hija de la histórica dirigente de derechos humanos Lucrecia Barquet, quien estuvo detenida ilegalmente entre el 2 de abril y el 31 de mayo de 1976. Lambrisca acusa al abogado de haberle cobrado a su familia una suma dineraria y un automóvil para tramitar la libertad de su madre.

En agosto de 2012, en primera instancia, Sosa recibió una falta de mérito que más tarde se convirtió en sobreseimiento. Los beneficios también alcanzaron a ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, el represor Joaquín Guil, que también está encausado en relación a estos hechos. Esta decisión fue recurrida a la Fiscalía y así llegó a Casación Penal donde ahora la Sala II anuló el sobreseimiento y ordenó que continúe la investigación.

El juez Slokar, que emitió el primer voto, recordó que al tratar un recurso en la causa contra el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por la masacre de Palomitas, cometida en Salta el 6 de julio de 1976, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho que “la obligación de investigar todas las imputaciones y la necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho (…) no surgen solo de las normas procesales vigentes, sino además, y de modo preponderante, del deber que tiene el Estado argentino de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio”.

Añadió que, en cambio, en este caso, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta “no han podido sostener debidamente” que exista “certeza negativa”, es decir, la completa seguridad de que Sosa y Guil no cometieron los hechos que se le atribuyen.

El juez también recordó que, tal como había planteado la Fiscalía, hubo pruebas propuestas por la acusación que no fueron tenidas en cuenta: “Debe darse ocasión a la acusación de demostrar los presupuestos que invoca”, sostuvo Slokar, para quien “se advierte la arbitrariedad postulada” por la Fiscalia y por lo tanto la resolución de sobreseimiento “debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido”.

Yacobucci por su parte también consideró “prematura la desvinculación” de Sosa. Destacó que en el juicio al ex jefe de Policía de Salta, el militar Miguel Raúl Gentil, por la privación ilegítima de la libertad de Barquet, se aportaron elementos que deben ser analizados en la causa contra Sosa. “Como eso no ha formado parte del hilo argumentativo de la resolución atacada, entiendo que carece del debido sustento”, concluyó. En cambio, consideró que el sobreseimiento de Guil debía quedar firme.

Ledesma adhirió al voto de Slokar, “se le ha restringido al fiscal la posibilidad de demostrar los presupuestos de hecho y de derecho referentes a los casos investigados”, sostuvo. Y coincidió en que los sobreseimientos de Sosa y Guil debían ser anulados y devuelta la causa al juez de primera instancia para seguir la investigación. 

En 2015, en el marco de otras imputaciones, Gentil fue juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta, por la detención ilegal de Barquet. Además de Lambrisca, en ese proceso otros testigos denunciaron que Sosa cobraba para aportar información o tramitar la libertad de las víctimas del terrorismo estatal.

Elio Edgardo Falco, cuñado de Barquet, contó que negoció con Sosa la libertad de la esposa de su hermano, el médico Mario Falco, también detenido político. “Alguien nos indicó que era un hombre muy cercano a las Fuerzas Armadas. (…) Tuvimos que entregarle dinero, inclusive yo le llevé un auto, un Torino nuevo”, dijo al declarar en aquel juicio.

Elio Falco contó que tras la detención de su hermano vino a Salta para tratar de obtener su libertad. Se quedaba en el departamento de Mario, donde vivía Lucrecia junto a sus tres hijos pequeños. Una madrugada, cree que del 2 de abril de 1976, golpearon la puerta diciendo que tenían noticias del detenido.

Cuando abrieron, dos hombres de civil y unos ocho policías se llevaron a Barquet. Entonces la familia comenzó a hacer gestiones para lograr su libertad y “nos pusimos en contacto con el doctor Sosa”, el que “figura en el libro Nunca más, el `Negro` Sosa le decían”.

Miembro civil

Raymundo Sosa figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036 en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas).

“Me dijo que él estaba vinculado (a las Fuerzas Armadas). Que le diéramos dinero, no recuerdo la cifra ahora, y un auto, no recuerdo el modelo pero debe haber sido 74”, contó Elio Falco.

Ya en la causa contra el abogado, el testigo José Ricardo Terrés aseguró que su madre lo visitó cuando estaba detenido en la cárcel de Villa Las Rosas y le dijo que tenía la posibilidad de salir en libertad “consiguiendo algún dinero”, según un mensaje que le había hecho llegar “el doctor Raymundo Sosa”.

Terrés fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976, y fue alojado en la Unidad Penal 1 de esta ciudad, más conocida como cárcel de Villa Las Rosas hasta mayo de ese año. Al declarar en la causa por cohecho contó que tenía dos terrenos en el barrio San José y que en la visita de su madre acordaron venderlos para entregarle el dinero a Sosa, aunque finalmente fue liberado antes de que llegara a firmar el poder para la venta.

Para el testigo, Sosa “conocía los pormenores y circunstancias” de sus detenciones y por ello “solicitaba dinero por nuestra libertad” porque “probablemente sabía que nos iban a liberar a algunos”.

Sosa fue asesor legal de la Policía de Salta desde noviembre de 1974 hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado. En el Juicio por la Verdad lo vincularon con la obtención de beneficios económicos al amparo del terrorismo de Estado.

El ex preso político Elido Oroño ubicó a Sosa en el lugar donde era torturado, y el testigo Mario Zenzano aseguró que le transfirió un terreno para que mediara con la Policía.

El propio Sosa se reivindica amigo de Guil. En el testimonio que prestó en el juicio en la conocida como Megacausa Salta contó que fue asesor de la Policía desde noviembre de 1974 (el mismo mes en que fue intervenido el gobierno de Miguel Ragone) hasta el 31 de marzo de 1976, y reconoció que usaba un arma reglamentaria.