Olga Díaz todavía no puede creerlo. “No caigo” le dice a Página|12, emocionada. “Quise ser la voz de aquellas que no pueden hablar más, porque están muertas”, dice y se vuelve a emocionar. Es jubilada, tiene 63 años y hace dos años y medio pudo haber sido una víctima más de femicidio, cuando su marido durante un matrimonio de 36 años –y padre de sus cuatro hijos– la atacó y le hizo varios cortes en el cuerpo, el más grave en el cuello. Olga lo había denunciado por violencia de género varias veces pero la justicia nunca llegó a dictar las medidas de protección que ella reclamaba y necesitaba. Se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo varios meses de rehabilitación. Este miércoles, Olga firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado nacional, en el marco de la denuncia que hizo por su caso la Defensoría General de la Nación ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por su sigla en inglés). En ese convenio, el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial que le dio y que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género. Y a la vez se comprometió a implementar una serie de medidas en el ámbito de la Justicia para que no se vuelva a repetir lo que le pasó a Olga. La mujer recibirá una reparación pecuniaria. “Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos”, señaló la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

“Espero que se cumplan los compromisos asumidos por el Estado de ahora en más. Lo que yo reclamé fue que las mujeres y otras identidades que denuncian violencia de género sean escuchadas y protegidas, y que quienes las escuchan, tengan con ellas empatía y reciban protección. Todo lo que no pasó conmigo. Yo hice todo lo que dicen que hay que hacer: fui a la Oficina de Violencia de Corte Suprema, hice la denuncia, hice todo lo que te dice el Estado que hagas. Pero ni siquiera fui bien tratada y resulté damnificada, gravemente damnificada”, contó a Página|12. Su pareja, Luis Palavecino, la atacó el 24 de marzo de 2017. Fue una tentativa de femicidio. Por el caso, el hombre fue condenado a 20 años de prisión y cumple la pena en el Penal de Ezeiza.

“Gracias a que no me rendí estoy viva”

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj (como representante del Estado argentino) y otros funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

“Me tocó ser peloteada por el sistema y gracias a que no me rendí hoy estoy viva. En la Defensoría General de la Nación encontré la contención y la representación que no tuve en ninguna parte. A veces se piensa que por ser defensores oficiales son malos, y sin embargo yo encontré personas con alto nivel jurídico y lo más importante es que se ponen en el lugar del otro”, expresó la mujer tras la firma del acuerdo.

A partir de este acuerdo entre el Estado y la víctima, el Estado se compromete a brindarle a Olga una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. Además, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pone a su disposición un equipo interdisciplinario para brindarle asistencia integral, incluida la asistencia técnica para el acceso a derechos sociales, subsidios o reconocimientos que puedan corresponder a favor suyo y de sus hijos.

Por otra parte, el acuerdo prevé la adopción de otras medidas, destinada a mejorar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia. En este orden, el Estado argentino se compromete a:

1. Elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y el resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.

2. Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias de estos hechos.

3. Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un Protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con este Protocolo se espera una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, a fin de evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las víctimas y minimizar la revictimización de las denunciantes; así como mejorar los canales de diálogo y articulación entre los distintos juzgados que atienden los reclamos.

4. Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste el trámite impartido a esas denuncias.

5. Comunicar el acuerdo de solución amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia

El caso llegó al Comité de la Cedaw en diciembre de 2017, a partir de la denuncia que hizo la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación de Olga. “Se ha reconocido el derecho de una víctima que ha salvado su vida milagrosamente”, destacó la defensora general, durante la firma del acuerdo de solución amistosa. “Es una satisfacción moral que el Estado reconozca su responsabilidad. Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos. En la medida en que no se deconstruya esto que forma parte del imaginario popular, siempre vamos a encontrarnos con que las denuncias de las mujeres se minimizan”, analizó.

Las violaciones de derechos humanos que se denunciaron se originaron en el expediente que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85. Las actuaciones estatales que se sucedieron allí no fueron adecuadas, suficientes ni eficaces para prevenir el intento de femicidio hacia Olga. En particular, se cuestionó la falta de adopción de medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas a favor de la víctima y su grupo familiar; la afectación del derecho de la víctima a ser oída en el proceso y a que su opinión sea tenida en cuenta; el traslado a la víctima del deber de garantizarse su propia protección; la falta de seguimiento de las medidas de protección y los estereotipos en las actuaciones judiciales.

La violencia

Olga contó a este diario que empezó a sufrir violencia de género de parte de su esposo en el 2002. Ella se enteró de una infidelidad de su parte y quiso separarse. Pero él empezó a amenazarla de muerte y agredirla físicamente. Estos hechos fueron denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante quince años. Los episodios de violencia volvieron a recrudecer en el año 2008, y se intensificaron en diciembre de 2016 cuando ella decidió irse a vivir con una de sus hijas. El 24 de marzo de 2017, su pareja la apuñaló. Olga no contaba en ese momento con ningún dispositivo o medida judicial de protección a pesar de las numerosas denuncias que había hecho a lo largo de los años. En ese episodio también atacó a su hijo que intentó defender a su madre, y a vecinos y personal policial que intervinieron. “Me amenazaba con matarme si lo denunciaba, me decía que mi hija iba a terminar en un orfanato y yo dos metros bajo tierra, enterrada. Mi hija menor cuando empezó la violencia tenía 11 años. Esperé a que tuviera 18 para irme de casa. Si me pasaba algo, ya estaba más grande. Pero no quería seguir viviendo así”, contó la mujer, que vive en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Sus hijos hoy tienen 22, 30, 35 y 39 años.

La Defensoría General informó que luego del ataque que casi termina con la vida de Olga, se inició una nueva causa penal que ordenó la acumulación de las causas penales previas –en las que no se había registrado ningún avance– y dictó la prisión preventiva del imputado. El 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital Federal condenó a Palavecino a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género en concurso con tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su hijo, amenazas coactivas con armas en tres ocasiones y resistencia a la autoridad, lesiones y amenazas coactivas.