La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Graciela Pinal de Cid, confirmó que la empresa Austin Powder, que producirá nitrato de amonio, no cuenta con certificado de mínima seguridad contra incendios. 

La funcionaria hizo este reconocimiento formal al responder a un pedido de informe que le hizo la Cámara de Diputados por iniciativa del diputado Sebastián Otero, del departamento Metán. 

Allí se le preguntó a la funcionaria si la planta de Nitrato de Amonio instalada en el sur provincial en 2012 cuenta con certificado de mínima seguridad contra incendios y confirmó que no lo tiene.

Austin está ubicada a la altura de la ruta nacional 16, en el kilómetro 653, entre los pueblos de El Galpón y El Tunal, del departamento Metán. La empresa ha confirmado al Programa de Vinculación Industrial y Gestión Ambiental de la Subsecretaría de Industria que recién está tramitando el certificado contra incendios. 

La ministra sostuvo que este certificado debe ser otorgado por la división de Bomberos de la Policía de Salta . Austin se instaló hace siete años en el sur provincial. En la provincia ese documento es un requisito “para todo ciudadano responsable de un local comercial cualquiera sea su rubro y dimensiones”, según consta en la página web de la Policía.

Pinal de Cid desligó a su Ministerio de responsabilidades y las trasladó a la Municipalidad de Metán y a su Dirección de Habilitaciones, que debían haber solicitado esa certificación, dijo la ministra. En su respuesta adjuntó la ley nacional 19.587 de  Higiene y Seguridad en el Trabajo, con menciones específicas de protección contra el fuego y la ley provincial 7467. 

La normativa salteña establece entre otras cuestiones, en el artículo primero que serán de aplicación obligatoria, en todo el territorio provincial, las condiciones de seguridad establecidas en la ley nacional 19.587 y su reglamentación o aquellas que en el futuro las reemplacen, en los edificios e instalaciones de uso público, existentes o que se proyecten, con el fin de garantizar la protección de las personas

En el artículo tercero, ordena que “las municipalidades y/o los organismos correspondientes ejercerán mediante sus cuerpos técnicos la función de policía de obra en cuanto a la ejecución de la misma y al cumplimiento del proyecto verificado por el consejo y/o colegio profesional revisor”. 

En el artículo cuarto prevé que “las municipalidades y/o los organismos de control correspondientes quedan facultados a disponer lo necesario para que los edificios o instalaciones con evidente peligro para la seguridad pública, sean convenientemente modificadas o acondicionadas, con intervención previa del consejo y/o colegio profesional revisor”. 

Compromiso de inspección 

La ministra Pinal de Cid acompañó su respuesta a Diputados con una nota que de la subsecretaria de Industria, Dora Isabel Nieva, quien se comprometió por escrito a realizar una inspección y solicitar los permisos y habilitaciones correspondientes cuando la empresa presente la finalización de obra para comenzar con la actividad productiva. 

La falta del certíficado contra incendios ya había sido expuesta el 12 de septiembre por el jefe de los bomberos de la policía de Metán, Mario Sacarías, en la última inspección del juez Sebastián Fucho encargado de la supervisión a Austin luego de que la Corte de Justicia de Salta y la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallaran contra un recurso de amparo de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento. 

En la inspección estuvieron representantes de la empresa, el jefe de la Unidad Regional 3, Lisandro Cejas y dos integrantes de Vecinos Autoconvocados, Martín De Biasi y Julio César Modesti, quienes se oponen hace siete años a la instalación y funcionamiento de la multinacional en la zona.

Esa inspección se hizo porque el pasado 27 de agosto se produjo una emanación de gases nitrosos en el lugar que alarmó a pobladores de la zona. Por ese incidente evacuaron al personal de la planta en de las entradas.

También vienen ocurriendo otros incidentes en la etapa de prueba de la planta: hubo dos accidentes laborales, uno que dejó a un trabajador de El Galpón con discapacidad. El año pasado el grupo de vecinos autoconvocados denunció la muerte de aves en un piletón de la empresa.

Austin Powder prevé comenzar en diciembre de este año a producir 75 mil toneladas anuales de nitrato de amonio, un compuesto químico que sirve para la fabricación de explosivos que se usan para la minería y también para la elaboración de agroquímicos. 

Vecinos autoconvocados se resisten al funcionamiento de esa industria y vienen señalando que es una planta vieja, que implica un peligro de explosión y que está emplazada en una zona sísmica de nivel 3, también advirtieron sobre el peligro de contaminación del río Juramento y del dique El Tunal y que la empresa utilizará ese agua. 

Por la Cuenca del Río Juramento miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero solían participar de las asambleas que organizaban en un acampe contra la planta conocido como El Tranquerazo, ya que temían verse afectados en su provincia.  

El colectivo Fuera Austin, un espacio de comunicación surgido de las organizaciones ambientalistas contra la empresa, alertó sobre el peligro del nitrato de amonio. “La sustancia puede explotar por un golpe mecánico o al ser mezclado con un combustible derivado del petróleo, desde gasolinas a aceites de motor, entre otros”. 

Según informó Fuera Austin, la planta fue fabricada en 1964 y utilizada hasta 1986 por la West Fertilizer Company, en Canadá. En 1995 West Fertilizer Co. la vendió a McConnell Metals. En 1996 la compró Austin Powder almacenándola en Calgary, Canadá. En 2008, Austin despachó la planta a Bolivia donde intentó radicarse bajo el nombre de Petroquímica Boliviana SA con autorización de Hugo de la Fuente, superintendente de hidrocarburos y quien meses después abandonó el cargo para ingresar a la empresa como ejecutivo. 

Con la nacionalización de hidrocarburos en 2006, el presidente Evo Morales decidió auditar las petroleras privadas y ante un cúmulo de irregularidades nacionalizó la explotación, con esa medida cayeron los contratos existentes y Austin no quiso pagar el precio del gas  de la Petroquímica Boliviana dispuesto en 4 dólares el millón de BTU.

Otro de los cuestionamientos que vienen haciendo quienes no otorgan “licencia social” a Austin tiene que ver con el subsidio de gas que le otorgará la provincia.