Desde La Paz.
El cómputo oficial de los votos de centros mineros como los de Siglo XX y Llallagua, en Potosí, que durante la década del ’70 fueron el escenario de históricas luchas obreras; y de poblados indígenas de la Bolivia profunda, como Mojocoya y Tarabuco, en Chuquisaca, terminaron por darle al presidente Evo Morales la ansiada diferencia superior al diez por ciento de los votos por sobre el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, habilitándolo a un cuarto mandato sin necesidad de recurrir a una desgastante segunda vuelta electoral. Con el 99,16 por ciento de los votos escrutados Morales, con el 46,96 por ciento de los votos, fue reelecto al alcanzar una ventaja de 10,37 por ciento sobre Mesa, quien obtuvo el 36,59.
Sintomático de un proceso electoral plagado de irregularidades es que la odisea del escrutinio de esos y otros municipios aislados de los grandes centros urbanos haya tenido que realizarse tras la mudanza de los respectivos Tribunales Electorales Departamentales a Llallagua y a dependencias de la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) en Zudáñez, debido a que las instalaciones fueron tomadas y destruidas por grupos de choque convocados por opositores para impedir el conteo del voto campesino originario y desconocer los resultados, según denunciara el presidente boliviano.
Ante el clima de desacreditación del proceso electoral y de violencia suscitada en casi todo el país por el propio Mesa junto a otros representantes sectoriales de la derecha después de la suspensión del conteo rápido y fuerte cambio de tendencia en el día de la elección, el cómputo final del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue finalmente resuelto en tiempo y forma.
Sin embargo, la misión de veedores de la OEA deslizó, a partir del 21 de octubre, críticas concentradas principalmente en falencias del sistema paralelo de transmisión rápida del conteo (TREP), aspecto que ha puesto en jaque al propio TSE y que deberá ser revisado a futuro. Esa misma misión había avalado la organización y el cronograma de todo el proceso eleccionario, y el pasado domingo ponderó la absoluta normalidad en el desarrollo de los comicios hasta la interrupción temporaria del conteo.
Basándose en su propios números, voceros del organismo continental recomendaron la realización de la segunda vuelta aún cuando el escrutinio no estaba completo e independientemente de si se daba o no la diferencia de diez puntos entre Morales y Mesa. El pedido del canciller Diego Pary para que las autoridades bolivianas y la misión de la OEA realicen en los próximos días una auditoría conjunta del conteo general no cayó en saco roto, siempre y cuando las conclusiones sean vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio.
Carlos Mesa puso en evidencia su abierta negativa a reconocer los resultados oficiales al referirse en una entrevista televisiva realizada este miércoles que no le parece vinculante la auditoría, demostrando que no creía en la hipotética y ya descartada posibilidad de que el conteo final lo llevara al balotaje.
En modo contraataque, el presidente Morales apuntó a la OEA por considerar que perdió toda imparcialidad en el curso de los últimos días. Le atribuye una intencionalidad de desestabilización política a tono con las intervenciones del gobierno de Donald Trump en la región y en complicidad con lo que él denunció como un intento de golpe de "la derecha".
El resultado electoral muestra una fuerte polarización entre los sectores afines a la profundización del proceso de cambio, con un rol clave de los movimientos sociales, y el profundo “anti-evismo” que se cuece en la clase media y que llevó a esos sectores a concentrar el voto en Comunidad Ciudadana. Esto se traslada a la dicotomía campo-ciudad, cuestión que parecía zanjada pero que ha resurgido con una alarmante reacción de expresiones y acciones violentas atravesadas de odio racial hacia todo lo que huela a indígena y masista.
El propio Morales señaló ayer en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo que un grupo de 20 personas habría atacado el frente de su casa en Cochabamba con pintadas y leyendas discriminatorias, además de denunciar los actos vandálicos contra los tribunales electorales.
Mientras, la calma social sigue jaqueada en las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz, con una guerra psicológica de noticias falsas y el intento de venezuelización de la situación de Bolivia, con llamamientos infructuosos a paros cívicos o a la guerra civil. También en la Paz, irrumpen a diario a partir de las seis de la tarde en inmediaciones de la sede del TSE con una única consigna: sacar a Evo. Las manifestaciones en esas ciudades se nutren mayormente de jóvenes de sectores medios y altos acicateados por el rector de la UMSA Waldo Albarracín.
Enfrente se sitúan las masivas marchas y concentraciones en respaldo al presidente indígena, como las de ayer en la plaza San Francisco de La Paz y la de esta tarde en Cochabamba, donde cientos de miles de personas convocadas por organizaciones como la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia muestran su pacífica defensa de Morales, de la democracia y de los derechos históricamente conquistados.
