En el juicio por la Masacre de Pergamino, la fiscalía y las querellas solicitaron penas de entre nueve y 25 años de prisión para los seis policías acusados por la muerte de siete jóvenes que estaban detenidos en la comisaría primera de esa ciudad. Tres de las cinco querellas consideraron que las condenas deben ser por el delito de “homicidio”, por entender que los policías actuaron con “espíritu de cuerpo”, cuando ocurrió el hecho y decidieron no actuar en lugar de rescatar a los internos para impedir su muerte en el incendio ocurrido el 2 de marzo de 2017. Por su parte, la fiscalía y otras dos querellas consideraron que el delito cometido fue el de “abandono de persona seguido de muerte”, carátula con la que se había llegado al juicio oral. De todos modos, hubo coincidencia en pedir las condenas.

La representación mayoritaria de las familias, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), utilizó para el cierre la consigna distintiva del Colectivo Justicia por los 7, que viene impulsando desde hace años el pedido de juicio y castigo: “Dejar morir también es matar”. Por otra parte, todos los integrantes de la parte acusatoria coincidieron en solicitar que sean revocados los beneficios de las prisiones domiciliarias que hoy tienen cuatro de los seis policías para los cuales se solicitó condena efectiva.

Con los alegatos acusatorios comenzó la etapa final del juicio. El primero en alegar fue el fiscal Nelson Mastorchio, quien pidió condenas por “abandono de persona seguido de muerte”. El fiscal solicitó 15 años para el comisario Alberto Donza; 14 años para Alexis Eva; 13 años para Matías Giulietti y para Brian Carrizo; 11 años para Sergio Ramón Rodas y 9 años para Carolina Guevara. En su intervención, el fiscal llegó a la siguiente conclusión: “¿Qué hicieron los policías para rescatar y evitar el incendio? Nada”.

El titular del Ministerio Público sostuvo que tanto el incendio como las muertes eran perfectamente evitables. Y recalcó que los policías “no sólo no lo evitaron, sino que obstaculizaron el accionar de terceros”. Mastorchio destacó que no hubo ninguna llamada saliente, desde la seccional, para pedir la intervención de los bomberos voluntarios. En cambio sí llamaron a los bomberos de la Policía, cuya labor nada tiene que ver con la de apagar incendios, sino que cumplen tareas logísticas de la fuerza.

El fiscal señaló, además, que en el allanamiento realizado el 6 de marzo de 2017 en la comisaría primera, días después del incendio, se comprobó la presencia de dos matafuegos, uno en la oficina del comisario y otro en la oficina de guardia. “Actuaron con conocimiento y voluntad de realización” para llegar a las consecuencias que se produjeron.

En declaraciones a El Diario del Juicio, el fiscal señaló los agravantes de lo ocurrido ese 2 de marzo: “El resultado muerte y la multiplicidad de víctimas; la condición de funcionario público y la forma en que fallecen las víctimas: asfixiados, quemados algunos y con agonía”.

La CPM, que representa a las familias de Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Fernando Latorre y John Claros, solicitó penas por el delito de “homicidio simple”. Los abogados de ña CPM argumentaron que “dejar morir también es matar”. Pof esa razón, interpretaron que el delito imputable “deja de ser abandono de persona y pasa a ser homicidio por omisión, cuando el peligro de muerte es concreto y directo”.

La CPM solicitó penas más altas que la fiscalía: para Alberto Donza pidieron 25 años; 24 años y 6 meses para Alexis Eva; 23 para Brian Carrizo y Matías Giulietti; 22 para Sergio Ramón Rodas y 21 años para Carolina Guevara.

Margarita Jarque, abogada de la CPM, afirmó que lo ocurrido en la comisaría primera fue “una grave violación a los derechos humanos” y resalto el rol que jugaron los sobrevivientes. Carla Ocampo Pilla, también de la CPM, recordó que el Estado es responsable de la seguridad de las personas privadas de su libertad y que los policías imputados, en este caso, eran los que debían cumplir ese mandato.

Calificó de “mendaces” los testimonios de algunos integrantes de la fuerza policial y aseguró que quedó demostrado el “espíritu de cuerpo” con el que actuaron para intentar mejorar la situación de sus compañeros imputados. Por eso solicitaron que se siga investigando a otros ocho policías.

Maximiliano Brajer, abogado de la familia de Fernando Latorre, acompañó en términos generales lo planteado por la fiscalía y la CPM. La única diferencia es que se mantuvo con la calificación inicial de “abandono de persona”. En su caso, las condenas solicitadas oscilaron entre los nueve y los 15 años. Finalmente, Jaquelina Conti, querellante por la familia de Juan José Cabrera, y el abogado Ramiro Llan de Rosos, que representa a la familia de Federico Perrotta, acompañaron el alegato de la CPM. Mientras tanto, el representante de la familia de Franco Pizarro, acompañó el alegato del fiscal. Hoy se escucharán los alegatos de las defensas.