El 15 de junio de 2007, durante la hora de almuerzo, la directora y docente de pluriaño de la escuela del paraje San Isidro, en Iruya, perdió de vista a un nene de jardín. Horas después fue encontrado muerto en un barranco. 

A San Isidro, en el departamento Iruya, solo se accede a pie o a caballo. La demanda por la que debió responder la docente es civil, no penal, y también iba contra la provincia de Salta. 

“La docente debió prestar atención, pero las numerosas tareas (…) que tenía encomendadas, el estado de la escuela, la cantidad de alumnos más la carencia de cuerpo docente necesario, permitieron el desenlace del hecho fatídico”, adujeron en el fallo los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María Silvina Domínguez y Marcelo Domínguez. 

Los magistrados tomaron como suyo el argumento de Fernando Alfredo Sagárnaga, quien, respecto de la ausencia de vigilancia en establecimientos educativos, sostiene que las "escuelas públicas realmente son ‘nidos de alumnos’. La ausencia de infraestructuras y de un cuerpo docente proporcional a la cantidad de estudiantes son las principales causales de accidentes escolares. Escuelas públicas que desbordan de alumnos, establecimientos edilicios inadecuados y vetustos… son una simple muestra de un diagnóstico que viene haciendo historia”. 

El argumento sirvió para atenuar la participación de la docente en la sentencia. Se determinó que debe pagar el 5% de los $250 mil calculados por daños y perjuicios, lo que representa $12.500 más los intereses devengados en estos 12 años transcurridos. 

Cuando el nene falleció en San Isidro, gobernaba la provincia el actual senador nacional Juan Carlos Romero. La escuela funcionaba en una construcción muy cerca de barrancos, y no había ninguna seguridad para evitar que los niños se acercaran a ellos. Recién en 2017, ya con el gobierno de Juan Manuel Urtubey, comenzó la construcción del edificio que albergará a la primaria y la secundaria en el paraje. 

La docente sentenciada no solo cumplía con las funciones de maestra jardinera, sino que también estaba a cargo de la dirección del establecimiento y la provisión del almuerzo a los asistentes. Esto suele suceder en las escuelas que se encuentran en el interior más profundo de la provincia. Son pocos alumnos de distintas edades y la docente a cargo debe enseñar contenidos desde el nivel inicial al séptimo grado en una misma aula. Además tiene que darles el plato de comida al llegar el almuerzo. Es personal único y con suerte cuenta con una persona que cocina o mantiene el establecimiento. Para los jueces, “las falencias de la prestación del servicio educativo provincial quedaron al descubierto con la sobre asignación de tareas a la docente demandada”.

“Socios en las pérdidas”

El riesgo de los alumnos en las escuelas tiene que ver con la infraestructura y la falta de recursos humanos. En 2013 falleció un chico de 9 años en el Hogar Escuela cuando se le desplomó una pared encima. Se condenó a quien en ese momento era jefe de mantenimiento. También se acusó a la directora, que terminó absuelta por el beneficio de la duda.

Martín Saravia es personal único de la escuela Nº 4484 del paraje Talamuyo, del departamento Metán, en el sur de la provincia. “Somos socios del Gobierno en las pérdidas y no en las ganancias”, dijo quien es además delegado de los Docentes Autoconvocados de Salta. Señaló la sentencia a la docente de San Isidro como un ejemplo más de esa relación con el gobierno provincial. 

Otro aspecto de esa relación tiene que ver con la administración que deben llevar adelante los docentes para dar de comer a los chicos. Los fondos deben ser rendidos ante el gobierno provincial. Por ración de almuerzo reciben $27 y “nos damos vuelta como podemos” para hacer alcanzar la partida.

“Hay escuelas donde hay peñascos. Acá tenemos una ruta al frente y debemos hacernos cargo de los chicos de jardín a séptimo grado”, contó Saravia. Relató que a los más chiquitos hay que esperarlos para que se aclimaten al aula, dado que “cuando llegan al jardín de infantes ellos determinan que se van”.

En la actualidad Saravia tiene 12 alumnos y un solo ordenanza. Pero hay escuelas con personal único que tienen entre 20 y 30 chicos. “No tendrían que existir las escuelas de personal único. Porque hay que salir a veces a hacer cualquier trámite”, y deben suspender las clases, indicó. A ello sumó que muchas veces a los chicos “hay que enseñarles hasta a terminar de hablar”.

Saravia tiene decidido no llevar a los alumnos a actos interinstitucionales. “Se los saca del horario escolar y, si bien tienen el seguro, les llega a pasar algo es nuestra responsabilidad”, dijo. Puso de ejemplo que hace unos años sus colegas le reprocharon no haber llevado a los abanderados a un acto. El escenario donde estaban a los chicos era un tablón sobre cuatro tachos de 400 litros. “Cuando entró la supervisora ordenó a los gritos que enseguida bajen a los chicos”, recordó. Al único que no reprendieron fue a él porque no había llevado a sus alumnos.