Desde hace una semana todos observamos lo que ocurre en Chile con motivo de la respuesta de una sociedad que dijo basta a un modelo social y económico basado en una profunda desigualdad. La reciente escalada del conflicto social al otro lado de la Cordillera puede explicarse por diversos motivos, pero el detonante puntual de las movilizaciones obedeció al alza de las tarifas de transporte público a comienzos del mes de octubre. Es por eso que quienes debatimos la mejora del transporte y la movilidad urbana en nuestro país no podemos dejar de tomar nota de lo ocurrido durante estos días.

Chile, al igual que Brasil, se caracteriza por tener el sistema de transporte subterráneo más moderno pero de los más costosos de la región. Según estimaciones del geógrafo e investigador Juanizio Correa, el gasto en transporte de una familia promedio en Chile (dos personas adultas y un estudiante de educación media o superior) representa el 11.62% del ingreso del hogar, alcanzando un 28.7% en los hogares de menores ingresos y apenas un 1.44% en los de ingresos altos. He aquí el quid de la cuestión: para aquellas familias a las cuales el transporte se les torna prohibitivo no existe ningún tipo de tarifa especial, los únicos descuentos aplicables son para estudiantes y adultos mayores que perciben una jubilación o pensión.

El presidente Sebastián Piñera justificó el aumento amparándose en la decisión del panel de expertos de transporte, ente técnico y autónomo encargado de determinar el ajuste de tarifas necesario para garantizar el equilibrio financiero del sistema dado el nivel de subsidios, determinado por la Ley N° 20.378. El problema es confundir los costos del sistema, lo que responde a criterios técnicos, no sin algún vicio de convencionalidad, con la tarifa que debe abonar el usuario. Costos técnicos y tarifa al usuario son dos conceptos distintos y hasta antagónicos, el primero refiere a la sustentabilidad económica-financiera del sistema de transporte público mientras que el segundo debe fundarse en principios de bienestar general y equidad.

En nuestra Ciudad de Buenos Aires, las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta como jefes de gobierno instalaron una peligrosa lógica similar. Cuando se traspasó el control del subte de la esfera nacional a la Ciudad de Buenos Aires el peso de una canasta de 44 viajes sobre el salario mínimo era del 2.63%, en la actualidad alcanza el 4.21%, es decir que casi se duplicó. En ese mismo sentido, mientras el salario mínimo se incrementó en un 633.7% la tarifa del Subte lo hizo en un 1627.27%. Si volvemos al plano nacional, con el fin de reducir el déficit fiscal, Macri promovió una quita acelerada de subsidios aumentando el peso del transporte sobre el gasto de los hogares en un 12% respecto al año 2015. Es decir, tanto Macri como Larreta iniciaron un peligroso camino donde priorizan el resultado económico financiero por sobre la accesibilidad de las personas al sistema de transporte.

Sin embargo, esto no se tradujo en una mejora del servicio ofrecido, a las constantes demoras en todas las líneas, se suman las frecuentes interrupciones del servicio, vagones con asbesto y una red con menos del 50% de las estaciones accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Sólo en el año 2018, los usuarios perdieron 13.347 horas de servicio por problemas atribuibles al operador.

El artículo XIII de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, instrumento coordinado por la Habitat International Coalition para fortalecer los procesos de integración urbana, manifiesta que es deber de las ciudades “garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación (..) a través de un sistema de transporte público (..) a precio razonable”. Ello supone garantizar la accesibilidad física y económica de las personas a la red de transporte público como precondición necesaria para el ejercicio de otros derechos, como son el acceso al trabajo, a la educación o a la salud. Contar con fondos para financiar dicho derecho supone redistribuir recursos de un sector hacia otro, ese es el debate de fondo.

Aunque se haya decidido revertir el incremento de tarifas, el próximo paso necesario en Chile será discutir los límites que impone la ley de subsidios. En Argentina deberíamos tomar nota sobre este punto. No basta con tener una red extensa y de primer nivel, también debe garantizarse que sea accesible para todas las personas. En la Ciudad de Buenos Aires debemos debatir qué modelo de transporte público queremos y su accesibilidad a las mayorías, garantizando el derecho a la movilidad, fundamental para potenciar la igualdad social. Para ello, resulta fundamental revertir las políticas aplicadas al sector por las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pensando un modelo estratégico de desarrollo del transporte público como política de Estado, y una accesibilidad física y económica para todos y todas.

Federico Conditi es Coordinador de Transporte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires