No todo es Ucrania en la vida de Donald Trump. Según reveló el diario The New York Times, el presidente está preparando un fuerte contraataque a sus críticos que va directo a lo que él llama "el estado profundo". Lo que Trump ordenó a su Fiscal General William Barr es transformar lo que era una investigación administrativa en una penal, con posibilidades de presentar cargos contra funcionarios que investigaron cosas que molestan. Barr tiene que investigar su propio ministerio, el de Justicia, para castigar a los que comenzaron la investigación sobre si hubo o no ingerencia rusa en la elección de 2016, la que Trump ganó y la que lo dejó tan amistoso hacia Vladimir Putin.
La investigación arrancó en el FBI, que depende de Justicia, antes mismo que Trump asumiera. El flamante presidente se cargó al director del Bureau de la época, James Comey, y nunca paró de acosar a los que participaron o apoyaron el caso, al que considera una serie de mentiras de la oposición. Barr, un político republicano muy cercano al presidente, abrió hace tiempo una investigación administrativa, interna, para deslindar responsabilidades sobre el origen del "caso Rusia" y la manera en que se llevó adelante. Esta investigación es ahora, según el Times, penal.
El encargado del tema es John Durham un investigador experimentado que ya encarceló a varios mafiosos e investigó casos de tortura de la CIA. Su nombre, se especula, puede servir para que Barr niegue la intencionalidad política de la nueva investigación. Pero no hay cómo negar lo que su jefe, el presidente, piensa del personal del FBI que investigó la posible interferencia rusa en las eleccones, que son unos traidores. "No podemos permitir que este tipo de comportamiento traicionero siga y afecte a otros presidentes", dijo Trump en mayo y por televisión.
Esta "traición", según repiten una y otras vez aliados presidenciales como la cadena Fox, consistió primero en que agentes federales tomaron una denuncia australiana sobre rusos prometiendo a miembros de la campaña de Trump e-mails hackeados del Partido Demócrata para usarlos en campaña, y que luego consultaron con agentes de la CIA. Para comienzos de 2017, el director de la agencia de espías ya había hablado con su colega del FBI y había compartido información. El consenso entre las agencias era que sí hubo algún tipo de apoyo ruso al flamante presidente.
Ese año se creó un equipo especial para investigar estas acusaciones, con Robert Mueller al frente. El famoso informe final presentado ante el Congreso no acusó a Trump "por tener insuficiente evidencia", pero terminó con varios participantes de su campaña confesando delitos y con una docena de rusos enfrentando cargos. Lo que se estableció fue que la campaña de Trump no había pedido favores a los rusos pero no se había negado a utilizar información que le pasaron desde Moscú para derrotar a Hillary Clinton, una enemiga personal de Putin.
No se sabe cuándo comenzó la actual investigación penal, pero sí que parece tener una alta prioridad ya que el mismo Barr la supervisa de cerca. El fiscal Durham comenzó por investigar las acusaciones republicanas sobre cómo el caso de interferencia rusa "fue inventado", llegando a preguntar al gobierno italiano si era cierto que ellos la habían empezado. Roma negó públicamente y ante el mismo Barr, que se molestó hasta allá, que tuvieran algo que ver con el asunto. Otro ángulo de la investigación es averiguar si cada agente o funcionario que participó en el caso original, a partir de 2016, tiene antecedentes políticos o declaraciones anti-Trump. En parte, esto busca determinar si hubo "abuso de poder" de su parte, una acusación favorita de la derecha.
También se sabe que otra vía es estudiar el rol de la CIA en el escándalo. Al ser una investigación penal, y no más administrativa, Durham puede citar testigos por la fuerza pública, incautar papeles y teléfonos, y pedir intervenciones telefónicas. De hecho, puede convocar un gran jurado y pedirle que acepte medidas todavía más drásticas, como la detención preventiva. Según el Times, varios ex agentes de la CIA y del FBI ya contrataron abogados para defenderse de esto.