Desde La Paz.
El cierre del escrutinio oficial que confirmó el triunfo en primera vuelta de Evo Morales por un margen del 10,56 por ciento de los votos sobre Carlos Mesa, se ha visto opacado por la insistencia de la Organización de Estados Americanos para que se realice el balotaje previsto para el 15 de diciembre, iniciativa que acompañan los delegados de la Unión Europea. El informe preliminar de la misión de observadores de la OEA plantea que fueron vulnerados principios de legalidad, certeza, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad en las elecciones del domingo".
La Unión Europea indicó que "comparte plenamente la evaluación de la OEA en sentido de que las autoridades bolivianas deberían concluir el proceso del conteo en curso y que la mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano". La UE se basa en el informe de la OEA, que señala "falencias importantes" centradas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, que mostró interrupciones y demoras, lo cual "menoscaba la credibilidad y transparencia".
Evo Morales denunció "pérdida de imparcialidad" de los organismos internacionales ya que se llaman a silencio ante la oferta del representante boliviano José "Gringo" Gonzáles, para que se integre una comisión mixta para un nuevo recuento voto a voto. El viernes en la Casa Grande del Pueblo, Evo dijo que "no comparto con la misión. Antes que concluya el cómputo oficial ya estaban opinando, sugiriendo. No quiero entender que la misión de la OEA esté con el golpe de Estado. No sé si ayer me entendieron, es un golpe de estado interno y externo", afirmó, y sugirió que los propios miembros de la misión encabezada por el excanciller de Costa Rica, Manuel González, sean evaluados.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó que "no existe la más mínima posibilidad de que haya fraude en Bolivia" y que sería "inconstitucional" atender la solicitud de la OEA. En el mismo sentido se había expresado el canciller Diego Pary al explicar que el TREP "no es oficial" y descartar cualquier posibilidad de fraude: "Bolivia valora la presencia de la misión de observadores electorales de la OEA, sin embargo considera que el informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde".
Carlos Mesa insiste en desconocer los resultados electorales y cae en contradicciones respecto a la propia OEA, el gobierno denuncia que ninguno de los candidatos opositores presentó pruebas de un supuesto fraude. Lo que hicieron es incitar a sectores de la población a la movilización permanente, la toma de instituciones y quema de tribunales electorales, y la semiparalización del país con medidas de fuerza.