El Arzobispado de Salta dispuso apartar mediante una medida cautelar a Abel Eduardo Balbi del ejercicio público del ministerio sacerdotal pero sigue siendo cura. Esta decisión surgió en el marco de procesos abiertos en la justicia ordinaria.

En la Fiscalía Federal 2, a cargo de Eduardo Villalba, el arzobispo Mario Cargnello presentó el año pasado la denuncia contra Balbi, adjuntando notas periodísticas y testimonios. El cura es investigado por delitos de pedofilia y trata. Además, en la Justicia civil tiene una denuncia por paternidad realizada por un joven.

Las acusaciones contra el sacerdote surgieron el mismo 2018 y se vinculan con su estadía en el período de 1983 a 1991 en Joaquín V. González, ciudad ubicada en el departamento de Anta, a  220 kilómetros de Salta Capital.

El vicario Ignacio Loyola Pinto, confirmó a Salta/12 la decisión que tomó el Arzobispado, “es una medida cautelar para favorecer el proceso y que no haya escándalo, se lo aparta, no puede ejercer públicamente el ministerio sacerdotal pero sigue siendo sacerdote, sigue viviendo como tal”, explicó. 

Loyola Pinto aclaró que “el apartamiento es provisorio hasta que se llegue a la sentencia definitiva”. Indicó que la pena máxima en el ámbito de la administración de la Iglesia Católica que se le puede dar a un cura acusado de estos delitos es la expulsión del estado clerical, pero eso decide la Congregación para la Doctrina de la Fe, un órgano colegiado de la Santa Sede en Roma encargado de juzgar a los religiosos por los casos de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. “La investigación está enviada para que nos digan qué hay que hacer”, manifestó el vicario.

La causa por filiación fue iniciada por el joven Cristian Vizgarra con el defensor civil  Virgilio Varela. El 2 de octubre de 2018 recayó en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia a cargo de Patricia Rahmer. Balbi tiene como abogado patrocinante a Pedro Brizuela.

Respondieron la demanda en febrero de 2019, de forma extemporánea, “la contestación se incorpora pero no se la tiene en cuenta en cuanto a las pruebas que puedan ofrecer”, había especificado la jueza en su momento. Sin embargo, pese a que en ese escrito el cura aceptaba someterse al ADN, no lo hizo.

La madre de Cristian se llamaba Nélida Vizgarra, tenía 26 años, y murió por una hemorragia en el parto. Estudiaba profesorado de Lengua y trabajaba de secretaria de la iglesia del pueblo cuando quedó embarazada. El joven creció pensando que su madre era una hermana, recién en la adolescencia sus abuelos maternos, quienes lo habían criado, le contaron la verdad pero no le informaron sobre la identidad del padre biológico. 

Cristian había escuchado por comentarios que era “hijo del cura”. A los 26 años, con la misma edad que tenía su madre al morir, decidió denunciar a Balbi para conocer la verdad y que se limpie la memoria de Nélida, a quien el pueblo juzgó, pero no al cura.

La denuncia que Vizgarra decidió hacer pública sirvió para que también las menciones a Balbi en el pueblo de Joaquín Víctor González hicieran rememorar a vecinos y vecinas algunos hechos vinculados al sacerdote. Resurgieron relatos vinculados a abusos sexuales, supuestas fiestas y orgías en la iglesia con adolescentes y la venta de pornografía a parejas en la propia iglesia.

El relato de una mujer en González reivindicando la memoria de un joven que era su amigo y se suicidó sirvió para que se indagara desde la prensa sobre el tema de los abusos sexuales y fue posibilitando otros testimonios. 

El joven había contado que fue víctima de abusos sexuales, señaló a Balbi como el victimario y a la Parroquia Santo Domingo de Guzmán como el lugar donde se perpetraban estos delitos, también había acusado a Balbi en Facebook. 

El caso no llegó a la Justicia, el joven enfermó de esquizofrenia en su adultez. Un hermano suyo confirmó que también lo había contado a integrantes de la familia, dijo que enfermó por los abusos y aseguró que le cree aunque no pudieron realizar la denuncia.

El arzobispo Cargnello estuvo en J. V. González el 26 de noviembre de 2018 y fue consultado por las acusaciones contra Balbi, pidió perdón, aclaró que no había denuncias penales sobre casos de abusos sexuales y alentó a que le hicieran llegar testimonios a la Parroquia. Loyola Pinto confirmó que hubo personas que hablaron con el arzobispo.

El 30 de noviembre Gendarmería Nacional allanó el hospital Oscar H. Costas buscando documentación de 1983 a 1991, investigando la supuesta complicidad de un médico y de un farmacéutico. Según testimonios, a los chicos les daban drogas y alcohol en la iglesia y en ese contexto se producían los abusos.