En los últimos días, diversos programas televisivos han reeditado la discusión sobre el problema de la violencia en los años '70, nos referimos a la tira diaria de "Intratables" pero también programas especiales como el emitido por América titulado: "Las dos verdades de los '70". Al mismo tiempo, ha estado circulando por las redes sociales un video que enuncia: "En este 24 de marzo, pedí que te enseñen la historia completa".
Lo primero que hay que decir es que esto no es más que un revisionismo de la famosa "teoría de los dos demonios", altamente revisitada en distintos momentos de nuestra historia, por lo que no estamos frente a nada nuevo. Vale decir, de todas formas, que dicha teoría no comienza con el gobierno de Alfonsín como suele enunciarse. Una explicación similar de la violencia de los años '70 como resultado de dos fuerzas enfrentadas había estado instalada en el espacio público como clave de la conflictividad política de los años previos a la última dictadura militar. Entre 1973 y 1976 esta imagen de dos violencias, la extrema izquierda y la extrema derecha, era recurrente como manera de explicar los altos niveles de violencia desatados por los comandos de derecha que estarían "respondiendo" a la violencia de las organizaciones revolucionarias. Por entonces, se hacía referencia al enfrentamiento entre estas últimas y las fuerzas paraestatales, especialmente la Triple A.
En segundo lugar, vale aclarar que la operación de enfrentar y poner en comparación las acciones criminales de la última dictadura militar con las actividades realizadas por las organizaciones revolucionarias es, como mínimo, una falacia. Básicamente, porque es anacrónico: los grupos políticos‑militares habían perdido para el momento del golpe de Estado hacia 1976 gran parte de su capacidad operativa, esto es, se encontraban prácticamente desarticulados. La represión cayó no sólo sobre éstos sino y principalmente sobre los sectores organizados no armados de la sociedad civil (léase estudiantiles, sindicales, organizaciones sociales) que pusieron las mayores resistencias al modelo de país que la dictadura pretendía consolidar. Vale recordar aquí las grandes movilizaciones producidas en 1969, conocidas en nuestra ciudad como Rosariazos, donde confluyeron estudiantes y obreros en un clima de tensión generalizada contra el gobierno militar de ese momento.
Tercero. Parece necesario volver a aclarar que hablamos de terrorismo de Estado porque fue el Estado mismo el que se trasformó en terrorista utilizando los medios de que dispone en forma clandestina para instalar la represión deliberada, con la complicidad de todos los órganos oficiales y dejando así a la población completamente indefensa contra la violencia y la arbitrariedad. El terror fue el instrumento elegido no sólo para destruir toda fuerza de oposición, sino también para disciplinar a la sociedad en su conjunto. Las Fuerzas Armadas estuvieron completamente involucradas en la instauración de este régimen del terror, pues prácticamente no hubo disidencias en sus filas y hasta el día hoy mantienen el pacto de silencio (que impide a tantas familias y a la sociedad en general conocer el destino final de los desaparecidos). Pero además, el terrorismo de Estado produjo una masacre planificada, con efectos de largo alcance que superaron la eliminación física de los opositores y avanzaron en la reconfiguración de la sociedad argentina.
En cuarto lugar, lo sucedido en la Argentina a partir de 1975 y 1976 no fue un enfrentamiento entre ejércitos beligerantes y tampoco puede ser caracterizado como una "guerra civil", sino como el despliegue de una brutal represión, implementada por el Estado. De esta forma, las acciones cometidas anteriormente por las organizaciones armadas tampoco pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, ya que, según los Códigos Preliminares de la Comisión de Derecho Internacional, son considerados crímenes de lesa humanidad los asesinatos o ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil cometidos por el Estado o por una organización, grupo o entidad que ejerza de facto un poder político en un territorio dado, capaz de neutralizar el poder del Estado siendo la máxima autoridad, o con participación o tolerancia del Estado. Las organizaciones armadas que existían en ese momento en el país no conformaban entidades con poder político ni control del territorio similar al del Estado (como puede pensarse para el caso colombiano o para Sendero Luminoso en Perú), ni habían obtenido el reconocimiento de beligerancia ni del Estado argentino ni de ningún Estado extranjero. Y, en todo caso, el Estado como tal es precisamente el que tenía las herramientas legales para juzgar y encarcelar a quienes hubieran cometido hechos delictivos. Por el contrario, eligió otra metodología ya ampliamente conocida (secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos).
Por último, queremos resaltar que no pretendemos eludir la discusión sobre el accionar de las organizaciones revolucionarias en los años '70, cosa que no hacemos en nuestra práctica, pero consideramos que amerita una reflexión aparte y no en los términos binarios como está planteada.
Lo que no debe dejar espacio para la duda, con el estado actual de las investigaciones históricas y las condenas judiciales, es que la última dictadura militar, a través del terror y la violencia logró imponer un nuevo modelo de acumulación basado en la primacía del capital financiero, desplazando a la producción de bienes industriales, y modificaron notoriamente la configuración orgánica y subjetiva de las fuerzas políticas y sociales anteriores al golpe de 1976. Ese fue el objetivo notorio del gobierno militar y no la represión a las organizaciones armadas como enunciaron y enuncian todavía.
Licenciada en Historia, docente de la UNR, autora de "El viento sigue soplando. Los orígenes de Madres de Plaza de Mayo de Rosario (1977‑1985)".