Adriana Arce estuvo secuestrada en la fábrica de Armas Domingo Matheu, en 1978, y desde allí fue trasladada a un departamento en Entre Ríos entre Urquiza y Tucumán, adonde un médico la vio con hemorragias producto de las torturas, y le hizo un aborto sin anestesia. Cuando salió en libertad, en 1983, Adriana se dedicó a buscar ese lugar céntrico al que la habían llevado los integrantes del grupo de tareas. Y pudo identificarlo. En los últimos días de septiembre de 1984, Adriana participó de un allanamiento en esa casa operativa del grupo de tareas del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, dispuesto por el juez Francisco Martínez Fermoselle, que investigaba la llamada causa Feced. Encontraron documentación ahí y en otras casas operativas al servicio del terrorismo de Estado. En la madrugada del 8 de octubre de ese año, entraron a robar todo ese material en los Tribunales y en una casa de Dorrego 1638, adonde también había abundantes pruebas de la represión ilegal. Nunca hubo -hasta ahora- responsables de aquel robo que fue un verdadero golpe a la institucionalidad democrática. Este año se reabrió la causa por impulso del fiscal Adolfo Villate, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos. Adriana llegó esta semana a Rosario a declarar en la etapa de instrucción de la investigación. "Estos tipos no destruyeron nada", dijo convencida Adriana sobre el valor de volver a buscar esa documentación. "Seguramente ahí están todos los integrantes de los grupos de tareas y con este archivo del horror que había con respecto al destino de un montón de compañeros que desaparecieron. Si se encuentra ese material, se podrían cerrar muchas historias", consideró la testigo. "Estoy encantada porque nunca se investigó el robo a Tribunales", enfatizó.
Sobre el robo de la prueba de la causa Feced, se inició una causa provincial, la 648/84, pero no avanzó. La investigación en el fuero federal surgió al revisar el legajo de Luis Américo Muñoz, que llegó a ser jefe de inteligencia del área 121, a la que pertenecía Rosario. Fue para el juicio por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en 1983, secuestrados en Rosario y ultimados en Lima (provincia de Buenos Aires). En el legajo de Muñoz, hay un reclamo en 1988, y el segundo en 1989 porque la Junta de Calificaciones le había negado la aptitud para el ascenso de teniente coronel a coronel, y él hace un descargo con el relato de sus méritos militares, entre los que incluye su actuación en distintos destinos, y menciona dos operaciones especiales. Una era la de Cambiaso y Pereyra Rossi, al final de la dictadura cívico militar eclesiástica y a la otra,, el militar la describió como una segunda operación de inteligencia, que le tocó en democracia, tendiente a disminuir la presión de los organismos de derechos humanos sobre "aquellos camaradas nuestros" -así decía- que participaron en la represión ilegal. La Fiscalía tuvo -con el grado de probabilidad que la etapa procesal requiere- por acreditado que se trató del robo a Tribunales.
"Estos tipos no destruyeron nada. Ahí estaban los integrantes de los grupos de tareas y el destino de varios compañeros desaparecidos".
El juez federal Carlos Vera Barros, a cargo de la investigación, tiene pendiente la decisión sobre el procesamiento de Luis Américo Muñoz, entonces subjefe de Inteligencia del Area 121 y Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia. La tercera imputación que pidió Villate fue al entonces Jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, general Víctor Pino Cano, pero quedó sin efecto porque una pericia psiquiátrica determinó que no está en condiciones de afrontar un juicio.
Adriana cuenta con detalle cómo llegó a participar de uno de los allanamientos donde se secuestró parte de la documentación que luego fue robada. "Cuando yo salí en libertad, traté de ubicar un edificio que yo había visto… porque cuando esta gente me secuestra, yo estaba embarazada y por la tortura y todo esto, yo empiezo con pérdidas de sangre y entonces ellos me llevan a un departamento que era una casa operativa que tenían cerca de la Aduana. Ellos me dicen que me bañe, que han llenado la bañera de agua porque va a venir un médico a revisarme y yo entro a ese baño, me saqué la venda, porque me encierran en el baño y yo veo por la ventana, que era pequeña, un edificio que tiene pintado 'Píldoras Radicura', una propaganda de aquellos años. Cuando salí en libertad, en 1983, fui a vivir con mi mamá, y entonces yo le conté y ella me dice 'vamos a buscar ese sitio a ver si lo ubicamos'. Todos los días salíamos a pegarnos las caminatas pero no lográbamos ubicarlo. Un día mi mamá me dijo mirá, vamos a hablar con el tipo que vende los periódicos porque seguramente sabe, porque ha estado toda la vida ahí. Y efectivamente el hombre dijo 'bueno, hace uno o dos meses, eso lo pintaron, es ese el edificio' y allí fuimos… Entonces con la Conadep y APDH fuimos a hacer la denuncia al Juzgado del entonces juez Fermoselle y él ordenó inmediatamente el allanamiento", relató Adriana.
¿Qué había en esa casa, y en las otras que se fueron allanando? Un fichero con los nombres de los represores y distintas identidades, información de otras casas operativas y un bibliorato con hojas blancas, grandes, en las que Adriana llegó a distinguir fotos de personas vivas, la misma persona muerta, la descripción y el responsable de su asesinato.
