La palabra fraude se repite con insistencia en Bolivia por estas horas. La oposición remacha el clavo apoyada en sus denuncias por la OEA y la Unión Europea (UE) que piden un ballotage. También se sumaron al coro de acusadores Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. Los cuatro, es decir Trump, Bolsonaro, Macri y Duque – huelga hablar de sus afinidades políticas – actúan en tándem contra el gobierno de Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró los cómputos y dio ganador al oficialismo por la diferencia que necesitaba: 47,08  a 36,51 por ciento, de manera que a Carlos Mesa y su fuerza, Comunidad Ciudadana, no les alcanzó para llegar a la segunda vuelta. La evidencia que faltaba – el 10 por ciento de distancia entre la primera minoría y la segunda, además de un piso del 40 por ciento - apareció después de cinco días. Pese a eso, las imputaciones de fraude no se desvanecen, por el contrario, aumentan. Ahora bien, ¿cuál es la historia y la legitimidad que tienen estas organizaciones y países para decir lo que dicen?

La Unión Europea avaló el fraude en Honduras que se cometió durante la elección del 26 de noviembre de 2017 que le permitió ser reelegido al actual presidente, Juan Orlando Hernández. La UE denunció ahora que Evo Morales en Bolivia incrementó su ventaja de siete a diez puntos después de un corte abrupto en el conteo de los votos. La misma interrupción había pasado en Tegucigalpa hace dos años cuando Hernández estaba cinco puntos abajo del candidato Salvador Nasralla.

La OEA no coincidió en un primer momento con el enfoque de la Unión Europea y pidió nuevas elecciones. El pueblo hondureño salió a las calles a protestar como sucede hoy en Bolivia y hubo medio centenar de muertos por la represión. Evo denunció que la oposición está buscando su propia víctima fatal para recrudecer la escalada, pero hasta ahora no pasó.

En Honduras la OEA finalmente se desdijo y reconoció que Hernández había ganado. El opositor Nasralla contraatacó: “La próxima vez que inviten a un organismo como este que traiga a los técnicos que entiendan y puedan avalar, porque el fraude en Honduras es sobre todo tecnológico”. El candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura agregó en aquel momento: “Es lamentable que la OEA tome esta decisión, es condenable, es como para pensar el papel de la OEA después de haber tenido la evidencia de un fraude, porque la tuvieron y la vieron. Si valida un fraude, para mí la OEA ya no tendría razón de ser”. Sus declaraciones fueron al canal de televisión Hable Como Habla (HCH), el de mayor audiencia en Honduras. Hernández sigue gobernando y la OEA continúa financiada por Estados Unidos en su mayor parte. Su presupuesto global a 2018 era de 84,8 millones de dólares.

No hace falta entrar en demasiados detalles sobre la historia neocolonial de la organización. Basta solo con mencionar dos. Cuando en 1962 expulsó a Cuba en una reunión en Punta del Este por adherir al marxismo-leninismo o cuando en 1982 no respaldó a la Argentina en la Guerra de Malvinas porque Estados Unidos optó por aliarse con Inglaterra, aun cuando es país miembro de la OEA y prefirió sepultar el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que ahora quiere reflotar para consolidar su intervención en Venezuela.

Estados Unidos acaba de exigirle a Bolivia que respete el voto de la ciudadanía que ya se expresó en las urnas. Lo hizo por boca de su subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. “Que respeten los votos emitidos por el pueblo. Ellos deberían hacer eso y si no lo hacen nosotros les hemos dejado claro que habrán serias consecuencias en sus relaciones con la región”. A las amenazas del funcionario se sumaron en silencio tres países aliados de EEUU. Todos adhirieron al reclamo de la UE y la OEA: que haya un segundo turno electoral.

Colombia lo sugirió cuando su presidente Iván Duque fue acusado de fraude el 27 de mayo del año pasado en su país. El actual senador Gustavo Bolívar, del partido de Gustavo Petro, difundió varias boletas electorales con tachaduras y números ilegibles que beneficiaban al candidato uribista. De cualquier modo, Duque, el exponente de la derecha colombiana ganó con amplitud la primera y segunda vuelta y el Consejo Nacional Electoral desestimó las denuncias.

El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro está inmerso hoy en varios escándalos. Pero uno es de tinte electoral y tiene como principal implicado al ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio. Llevado a juicio, varios senadores le pidieron la renuncia pero el presidente lo sostiene en el cargo. Al integrante del gabinete se le imputan fraude electoral y apropiación indebida de fondos de campaña. Los hechos habrían sucedido el año pasado cuando él era jefe regional del Partido Social Liberal (PSL). La pequeña fuerza que le permitió Bolsonaro acceder al Palacio del Planalto y hoy se encuentra en estado de disolución por sus conflictos internos y hasta con el propio presidente. Antonio además enfrenta cargos del Ministerio Público de Minas Gerais, por cuentas paralelas y haber promovido “candidatos fantasmas” para aumentar los recursos partidarios del PSL. No se lo acusa de haber metido la mano en las urnas, pero sí de quedarse con dinero público volcado a sostener candidaturas. En Brasil ya había caído otro ministro de Bolsonaro por sospechas de fraude, el de la Secretaría General de Gobierno Gustavo Bebianno. Duró apenas dos meses en el cargo.

El cuarto país que se sumó a la cruzada contra Morales es Argentina. El presidente Mauricio Macri vio la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Agitó la posibilidad de un posible fraude en las elecciones presidenciales y para eso su militancia distribuyó unos manuales que llevan como título: “Cómo nos hacen fraude electoral (y cómo evitarlo)”. Lo llamativo es que el control del aparato del estado lo tiene su gobierno. El mismo que contrató a la cuestionada empresa SmartMatic con denuncias de fraude en varios países.

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