Cuarenta y siete años después, fue detenido en Estados Unidos el único prófugo que quedaba de los fusilamientos clandestinos de presos políticos en 1972, en el hecho conocido como la Masacre de Trelew. Guillermo Bravo, teniente retirado de la Marina, que fue protegido por las autoridades estadounidenses durante años, fue detenido en el aeropuerto de Miami a punto de tomar un avión hacia Chile. Bravo está acusado de ser uno de los militares que dispararon contra detenidos políticos en la Base Almirante Zar, en Chubut. El militar reside hace cuarenta años en Estados Unidos y cuenta con ciudadanía de ese país. 

Bravo está acusado de "privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios agravados", que fueron cometidos después de una fuga de presos políticos de la cárcel de Trelew. La investigación judicial la llevó a cabo el juez Hugo Sastre, que en 2006 abrió la causa nuevamente a pedido de los familiares de las víctimas para que el caso se reconociera como delito de lesa humanidad. El avance de la causa determinó que en 2012 fueran condenados el contraalmirante Horacio Mayorga, el ex jefe de la Base Roberto Horacio Paccagnini, el capitán Jorge Del Real, el capitán Luis Sosa, a quien se sindica como uno de los ejecutores e ideólogos del plan, el cabo Carlos Marandino y el capitán de Navío Jorge Enrique Bautista. Bravo era el único de los imputados que siempre logró esquivar a la Justicia argentina. 

Junto a los otros acusados, algunos fallecidos después de ser condenados, Sastre acusa a Bravo de haber sido partícipe del fusilamiento de 16 presos políticos integrantes de organizaciones que luchaban contra la dictadura en los años 70. El 22 de agosto, habían logrado fugarse 25 presos, de los que seis llegaron a embarcarse en un avión con rumbo a Santiago de Chile y 19 fueron apresados en el aeropuerto. Luego de una ardua negociación y de hablar con un juez, les prometieron que no iban a ser trasladados a la Base Almirante Zar, ya que estaban convencidos de que los iban a matar. Finalmente, los militares y el juez incumplieron el acuerdo y los llevaron a la base de la Armada. Durante dos días los mantuvieron en condiciones aceptables, hasta que en el turno de el capitán Sosa comenzaron a hostigarlos. En medio de la madrugada los hicieron salir de las celdas y los fusilaron en el pasillo.

Dieciséis de los detenidos fueron asesinados esa madrugada, mientras que tres resultaron con heridas graves, pero lograron sobrevivir. Ricardo René Haidar, María Antonia Berger y Alberto Miguel Camps contaron lo sucedido y, a partir de sus testimonios, Francisco Urondo escribió el libro La patria fusilada, en 1973.

Bravo, de 78 años, había sido enviado por la Armada Argentina a la Embajada en Washington, ciudad donde se quedó a vivir y en 1983 consiguió la ciudadanía estadounidense. Allí se convirtió en un exitoso empresario de servicios de salud y proveedor del Pentágono. Eso le valió la defensa y protección del Estado norteamericano cuando en 2008 fue requerida su detención y extraditación. En febrero del 2010 había sido detenido en Miami pero quedó libre dos meses después tras pagar una fianza de 1,2 millón de dólares. Casi cincuenta años después de los asesinatos fue apresado este domingo por Interpol en el aeropuerto de Miami.