Once familias de San Cristóbal que resistían el desalojo del edificio en el que viven hace más de 31 años, en Humberto 1º 2064, lograron llegar a un acuerdo con los propietarios. El establecimiento en disputa, contaron los vecinos, pertenece a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), "que se comprometió de palabra a frenar el desalojo" hasta que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) otorgue una solución habitacional.
En el edificio de FATSA, contó a Página|12 Augusto Spinelli, referente de MTE-CTEP, viven once familias, seis de las cuales tienen preadjudicado desde 2016 un crédito del IVC. “Nunca se los pagaron porque les decían que 'no hay presupuesto'. Además, después de la corrida cambiaria posterior a las PASO, el monto quedó completamente desactualizado. Por eso, las seis familias piden la actualización de esa cifra y que se de alguna solución al resto de las cinco familias que no fueron adjudicadas”, explicó Spinelli.
Este lunes a la mañana, la cuadra amaneció con una decena de uniformados dispuestos a desalojar. “El domingo, aunque era día de elecciones, vinieron a vallar la cuadra y hoy (lunes) temprano cayó la policía y quiso reprimir para sacarnos. Somos 11 familias casi en situación de calle, porque en cualquier momento nos vienen a desalojar”, había dicho a este diario Soledad Cabral Brun, vecina del edificio y referente de la CTEP, antes de conseguir frenar el desalojo.
Este lunes a las 11.30, luego de una tensa negociación, las partes lograron llegar a un acuerdo. “Se arregló de palabra con FATSA para que se frene el desalojo y para que les den una audiencia a los vecinos algún día de la semana que viene. Además, hay un compromiso del IVC de actualizar los créditos individuales preadjudicados a esas 6 familias y para el resto de los vecinos que no tienen créditos se acordó entregarles varias cuotas juntas del subsidio 690, de Desarrollo Social”, explicó Spinelli. “Esta es una primera victoria, que aunque parcial es muy importante, teniendo en cuenta la delicada situación en la cual estaban los 70 vecinos, 20 de los cuales son niños, abuelos o personas con discapacidad”, agregó.
Según relató Cabral Brun, que vive hace 31 años en el edificio, el arreglo se logró luego de varias horas de negociación. “A media mañana, nosotros habíamos ido a la sede de FATSA, que está a 10 cuadras, para pedir un plazo de 45 días en los cuales exigiríamos al IVC que se nos dé el crédito que tenemos preadjudicado. Hace 3 años que venimos pidiendo esto, pero solo nos generan falsas expectativas y nos terminan diciendo que no hay plata, que no hay presupuesto. No queremos que nos mientan más”, dijo la vecina.
Luego de la nueva propuesta de FATSA, que se comprometió a frenar el desalojo y a brindar una audiencia para los vecinos durante la semana que viene, y luego de la promesa del IVC, que aseguró que efectivizará y actualizará los créditos preadjudicados y que se otorgarán subsidios 690 a las familias que no poseen créditos, los vecinos decidieron levantar la concentración y quedar a la espera de novedades.