La justicia porteña devolvió a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler la posesión del inmueble de Luis Viale 1296, donde funcionaba el taller textil clandestino que se incendió en 2006, en el que murieron una joven de 25 años embarazada, dos adolescentes y tres niños. La resolución despertó la indignación de sobrevivientes y organizaciones que acompañaron el largo proceso judicial, en el que sólo fueron condenados los capataces del taller por los delitos de "reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte". Juan Vásquez, del colectivo Simbiosis Cultural, que surgió después del incendio, e integrante de la cooperativa textil Juana Vilca (en homenaje a la joven fallecida) dijo que "lo primero que queremos es ver condenadas a estas personas contra las que la justicia se negó a avanzar a pesar de los testimonios. Y "segundo, que (el espacio) se convierta en un lugar de formación y memoria para que no vuelva a ocurrir".
Con esos objetivo como horizonte, los sobrevivientes junto a organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán una asamblea abierta este miércoles a las 17.30, en avenida Directorio 3909, Parque Avellaneda, para evaluar un plan de lucha.
El mandato judicial dispuso entregar a los dueños "en carácter definitivo" el inmueble de la calle Luis Viale 1269/1271, y "la totalidad de las máquinas, mercadería y demás efectos muebles que aún quedan en el interior del taller emplazado en ese domicilio en carácter de depositario judicial". Como paso previo a la entrega, ordenó que la Policía de la Ciudad con jurisdicción en ese domicilio realice un inventario completo de los elementos que permanecen en el interior de la vivienda.
Uno de los abogados querellantes, Gabriel Chamorro, dijo a Página/12 que la reciente devolución del inmueble está vinculada al sobreseimiento dictado en mayo pasado por el juez Alberto Baños. En aquel momento, el titular del Juzgado Criminal y Correccional 27, sobreseyó a Fischberg y a Geiler, dueños de las marcas para las que trabajaba el taller textil, porque entendió, al igual que la fiscal Betina Vota, que no había elementos probatorios de que los dueños conocieran la situación del taller.
Sin embargo, cuando en junio de 2016, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 5 condenó a los encargados del taller, Juan Manuel Correa y Luis Sillerico, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y estrago culposo, es decir sin intención, también ordenó investigar a los titulares del inmueble. En el fallo , el tribunal integrado por los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance dispuso devolver el expediente al juzgado de Baños y el decomiso de la maquinaria, mercadería y demás efectos muebles.
"El tribunal oral había ordenado investigar a los dueños después de la sentencia contra quienes dirigían el emprendimiento, porque en el juicio aparecieron nombrados. Los testimonios hablaban de que conocían la actividad que se llevaba adentro del taller. Los vecinos los conocían y era imposible que desconocieran la situación de irregularidad de quienes vivían ahí, porque había sido habilitado por los dueños para cinco máquinas y les estaban vendiendo una producción que no podía reflejar el trabajo de cinco personas", detalló Chamorro, quien señaló que "hubo argucias legales como la cesión a favor de los hijos, que los beneficiaron".
El letrado explicó que "en lo que hace a mi querella, voy a pedir el embargo sobre el inmueble en sede civil. Porque si prospera la acción indemnizatoria tiene que haber una garantía que se pueda prendar y no se torne ilusoria la indemnización. Una inhibición general del bien como caución. Ellos podrán usar el inmueble, alquilarlo, pero no van a poder disponer de él hasta que la inhibición no culmine".
A 13 años del hecho, el abogado sostuvo que las querellas están muy agotadas por todo el proceso judicial, y en ese sentido advirtió que "el Poder Judicial operó como un poder disciplinador". "La condena se logró diez años después del incendio, en 2016. En ese debate el TOC 5 mandó a investigar a Fischberg y Geiler, algo que habíamos pedido diez años antes, en 2006, cuando se hizo la instrucción, y pedimos también investigar a los funcionarios públicos por la falta de fiscalización de los llamados talleres clandestinos. La causa quedó prescripta y Baños nunca quiso investigar a los dueños pese a lo dispuesto por el tribunal 5".
"Me enteré que les dieron la llave y me amargué mucho. La justicia tuvo 13 años para investigar lo que pasó. Nosotras contamos que los vimos en el taller, que sabían perfectamente lo que pasaba, y sin embargo no pasó nada", dijo Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006.
Aquel día, un cortocircuito desató la tragedia en el taller clandestino, donde además de trabajar en condiciones de esclavitud, vivían 64 personas, entre ellas 38 menores de edad. Buena parte de los trabajadores provenían de Cantón Cohana, un pueblito muy pobre de Bolivia, ubicado a 100 kilómetros de La Paz.
Juan Vásquez contó que las instalaciones eran precarias: "Había un entrepiso de madera con las habitaciones, separadas por telas y cartones. Con un techo de chapa que recalentaba el ambiente en verano, y sólo una ducha de agua fría, el taller funcionaba desde las 6 hasta las dos de la mañana". Jornadas extenuantes que iban de lunes a viernes, y los sábados por la mañana.
En 2016, en la lectura de la sentencia que condenó a los capataces, estuvo presente el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex cónsul de ese país en Argentina, José Alberto Gonzáles Samaniego, quien advirtió en aquel entonces que la sentencia servía, entre otras cosas, como "un mensaje para aquellos que traen engañados a personas desde Bolivia, para que sepan que también pueden quedar presos". El funcionario también aseguró que "para el Estado Plurinacional de Bolivia", el juicio "no fue el objetivo final sino sólo una etapa del proceso de justicia", en el que persistía "la necesidad de seguir hasta los dueños de las marcas”.
Tres años después, el colectivo Simbiosis Cultural, que participó activamente del reclamo de justicia para las víctimas del incendio, y se mantiene enérgico en el pedido de justicia, repudió a través de un comunicado la decisión judicial de "entregar legalmente las llaves del inmueble y de todo lo que se encuentra dentro de este taller". "Volvimos a enterarnos, que la justicia falló a favor de los principales responsables de las muertes del taller textil donde perdieron la vida 6 personas: Juana Villca Quispe, Wilfredo Quispe Mendoza, costurero (15 años), Elías Carbajal Quispe (10 años), Rodrigo Quispe Carbajal (4 años), Luis Quispe (4 años) y Harry Rodríguez Palma (3 años)", afirmaron, y advirtieron que "los responsables de las 6 muertes siguen trabajando con sus marcas y el hecho que les devuelvan el inmueble, abre la posibilidad de que se siga explotando gente en ese lugar".
