El acceso a la educación para personas con discapacidades aún presenta barreras en las universidades nacionales, además de una insuficiencia reglamentaria. Hay al menos diez universidades que no cuentan con espacios creados especialmente para la inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes. Y hay otras siete universidades sobre las que no hay información disponible al respecto. Estos datos surgen de un informe divulgado por Cilsa, una organización no gubernamental que promueve la inclusión plena de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad.
En el marco de sus diez años de trabajo con el Programa Becas de Educación Superior, la mencionada ONG presentó un informe sobre logros y desafíos para promover el acceso de los estudiantes discapacitados en la universidad e institutos terciarios. "El objetivo es conocer cuál es el estado de situación de la educación superior en materia de inclusión de estudiantes con discapacidad", señaló la coordinadora nacional del programa de becas y oportunidades de Cilsa, Paula Rossi, en diálogo con Página/12.
El informe destaca, entre otras cosas, que en "la Ley de Educación Superior no está reflejado el enfoque social de la discapacidad que entiende que las dificultades para acceder y permanecer en este nivel educativo surgen de las barreras físicas y actitudinales presentes en la sociedad y no por las particularidades de la persona con discapacidad". Allí está la principal insuficiencia reglamentaria.
"Si bien son muchos y muy significativos los avances en materia de discapacidad, la única forma de generar cambios cualitativos que garanticen el derecho a la educación de las personas con discapacidad en el nivel superior, es legislando sobre las causas sociales que generan la discapacidad", destaca el trabajo.
Así también, señala que "el carácter autónomo y autárquico de las universidades nacionales del país implica que las consideraciones sobre accesibilidad de los estudiantes con discapacidad se circunscriban a la regulación que emita cada universidad, por lo que se observa una normativa sin delimitaciones de competencias precisas o estándares comunes de actuación".
De las 59 universidades nacionales, hay 42 que cuentan con áreas especialmente encargadas de la inclusión de estudiantes discapacitados. Otras diez carecen de esa estructura y sobre siete no hay información disponible.
El informe resalta el trabajo de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, pionera en materia de inclusión educativa y accesibilidad académica, ya que a través del trabajo en red ha logrado avances significativos relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad. Su actuación, destaca, ha generado espacios de debate e intercambio, ha promovido la organización de diversos sectores, como por ejemplo el de alumnos y alumnas con discapacidad y, también brinda asesoramiento a organismos del Estado en materia de universidad y discapacidad.
"La Red forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo que implica un hito significativo ya que le da otro respaldo institucional al tema de la inclusión y visibiliza a un colectivo, a una organización que intenta canalizar estas necesidades, generar los apoyos y ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan cursar las carreras", indicó Rossi.
"El mayor desafío es que el modelo social tiene que impregnar en las casas de estudio. Se piensa que quien porta una discapacidad es un problema y en realidad es el contexto el que lo inhabilita por su condición", señaló la coordinadora, quien destacó que hay que "fortalecer la capacitación a los docentes, abrir una nueva dimensión, aprender de otras maneras, que haya una diversificación de las herramientas de comunicarse, de evaluar, de interactuar".
