La hermana de Cristian Gallardo, el joven que murió al ser trasladado por la Policía, se reunió este lunes con el procurador general Abel Cornejo y después con el fiscal que interviene en la causa, Gustavo Torres Rubelt. Le comunicaron que la jueza Virginia Solórzano, del Tribunal de Impugnación, falló a favor de los policías imputados rechazando la apelación al arresto domiciliario. El miércoles a las 10 habrá otra marcha de familiares a Ciudad Judicial.

El 26 de octubre se cumplieron dos meses de la muerte de Cristian Gallardo, sus familiares siguen recorriendo los pasillos judiciales y manifestándose en las calles de Salta pidiendo justicia. Mariel Gallardo sostuvo que este lunes le informaron en el Ministerio Público Fiscal que la jueza Solórzano rechazó la apelación planteada por la fiscalía y la querella en contra del beneficio del arresto domiciliario que le fue otorgado a los policías imputados por homicidio culposo y vejaciones: Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea.

El arresto domiciliario fue concedido el 20 de septiembre pasado por la jueza María Edith Rodríguez. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y por el abogado querellante en representación de la famillila, Rodrigo Escovar.

Hasta ayer el letrado no había sido notificado formalmente del rechazo a las apelaciones. Sin embargo, sostuvo que seguirán "produciendo pruebas para demostrarle al Ministerio Público Fiscal que la querella tiene todos los puntos a favor para pedir prisión efectiva en un régimen carcelario, ya sea alcaidía o penal de Villa Las Rosas".

Mañana se terminará de hacer la extracción de datos de los celulares de los policías imputados, informó el Ministerio Público Fiscal. Escovar dijo que debe verse "si hay algún whatsapp, alguna llamada entre los policías o familiares, a qué hora y de dónde impactó el llamado. Si es que hay algún elemento que los incrimine se va a aportar a la causa". También mañana se va a saber "cuál fue el recorrido que realizaron los uniformados" el pasado 26 de agosto cuando después de ser detenido, Gallardo terminó muerto.

Además Mariel Gallardo sostuvo que pidió los resultados de la pericia de la ropa de su hermano y que el fiscal le informó que se están haciendo las pericias sobre el diente encontrado en el furgón policial que tiene ADN de Cristian. Mariel recordó que adjuntó fotos como prueba,"el fiscal dijo que le va a hacer ver al dentista".

"El fiscal me dijo que tenemos todo a favor, que ya están los GPS, que la pipeta de la prueba de alcoholemia de los policías estaba vencida", manifestó Mariel Gallardo.

Familiares y el abogado querellante esperan la citación para el careo que se había suspendido porque el expediente estaba en Impugnación. Con la resolución de la apelación y la devolución del expediente, se debe volver a llamar a audiencia para un careo entre el testigo y supuesta víctima del supuesto robo de Cristian Gallardo, Ángel Lozano, con policías y dos mujeres, dueñas de la casa de donde se llevaron al joven detenido. "Lo que más le importa al fiscal es que se presente Lozano al careo porque él se contradice en las declaraciones", afirmó Mariel Gallardo.

Sobre la reunión con Cornejo, la joven contó: "El procurador me dijo que no era la manera de que mi hermano muera, que está a favor de nosotros, que quiere que los policías paguen lo que le hicieron a mi hermano. Y que ahora está haciendo modificaciones en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales".

Mariel Gallardo informó que mañana miércoles a las 10 marcharán a Ciudad Judicial para pedir que los policías vayan a la cárcel. "No pueden estar gozando de la libertad cuando mi hermano está muerto y mi mamá está muy mal", manifestó.

Junto a otros familiares van a pedir la agilización de las causas vinculadas a gatillo fácil y cárcel común para los policías. "Quiero que nos ayuden a conseguir justicia porque a mi hermano lo torturaron hasta matarlo", pidió.

Además, contó que su madre y los hijos de Cristian se encuentran afectados por la falta del padre y no están recibiendo contención psicológica, en el caso de los niños tampoco tienen asistencia económica por parte del Estado, pese a que desde el Programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos Graves de la Provincia se habían comprometido a gestionar una solución ante estas problemáticas.