Algunas se pusieron anteojos de sol, otras se tapan la cara con el cartel, todas gritan "dónde están, vivas las queremos".

Mientras desembarca la misión de Naciones Unidas en Chile, que permanecerá hasta el 22 de noviembre, la Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunció la desaparición de un grupo de mujeres desde el viernes 18 de octubre, cuando empezaron las protestas en todo Santiago y cuando se vivió la primera noche en Estado de Emergencia. En tanto, ABOFEM (Abogadas Feministas) recibió una docena de denuncias de índole sexual, de las cuales 3 incluyen ataques lesbofóbicos.

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile hizo un balance e informó que recibió en total 505 denuncias, que se distribuyen en: 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.

Natalia Bravo, coordinadora de comisarías de ABOFEM, denunció que han sido informadas de humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, incomunicaciones, desnudamientos forzosos de algunas manifestantes y que el número de estas vulneraciones han ido en aumento a nivel nacional. Hizo un llamado a denunciar el actuar ilegítimo por parte de los agentes del Estado. "El estado de emergencia que estamos viviendo hoy no es en ningún caso, la disminución de los derechos garantías de la ciudadanía", aseveró. En ese resumen, la Defensoría y ABOFEM consideraron que hubo una “avalancha de denuncias” concernientes a violaciones de derechos humanos en las manifestaciones del último fin de semana.

Desde el 18 de octubre, ambas organizaciones han trabajado en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, y suman un aproximado de 150 observadores a nivel nacional. Sin embargo, según indicaron en una declaración pública, no se dan abasto para procesar la cantidad de denuncias recibidas en total.

Bravo, agregó que en el caso de mujeres esta situación también se ha agravado y ha incluido también a miembros de la comunidad LGTBIQ+.

“Hacemos un llamado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a que haga un llamado al cese de estos comportamientos, debido a que el estado en el que estamos viviendo hoy, no significa en ningún caso la disminución de los derechos y garantías de nuestra ciudadanía”, enfatizó. Esa funcionaria declaró que hasta el momento, en su cartera no se ha recibido ningún tipo de denuncia formal por casos como los que han explicitado las organizaciones mencionadas.

La Defensoría Jurídica se creó a instancias del Centro de Estudiantes de Derecho, el apoyo de abogadas/os, profesoras/es, el Centro de Derechos Humanos y diferentes departamentos de la Facultad, junto organizaciones de la sociedad civil, como la ABOFEM, Londres 38, la Corporación 4 de Agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estas instancias coordinan acciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, con la finalidad de apoyar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante los estados de emergencia.


Las denuncias por personas desaparecidas

El registro de los casos de personas desaparecidas asciende a 20 en el país, de acuerdo al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) que envió ya los datos a la justicia. Así, la Fiscalía analiza los recursos de amparo a favor de estas personas, en los que se solicita su búsqueda, tras una semana de intensas movilizaciones convocadas bajo el Estado de Emergencia declarado por el gobierno, y ya derogado. 

Los amparos se presentaron el 24 de octubre en contra del Ministerio del Interior, de Carabineros de Chile y del jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, y a favor de las personas desaparecidas. Fueron nueve, aunque tres de las personas fueron encontradas, una sin vida. Según informó El Desconcierto.cl, se trata de Manuel Jesús Muga, de 59 años e insulinodependiente, quien fue visto por última vez saliendo de su casa rumbo al supermercado Líder ubicado en calle Miraflores, en Santiago, alrededor de las 15 del 20 de octubre. Su nombre apareció en la lista de los 17 fallecidos que este viernes dio a conocer el Ministerio Público. Según la información entregada por la Fiscalía, Muga fue una de las cinco víctimas del incendio ocurrido el domingo pasado en la bodega de la empresa de ropa interior Kayser, ubicada en Renca.

Respecto a los seis casos consultados, se trata de tres mujeres y tres hombres que aún no han sido encontrados y están siendo buscados por sus amigos y familiares.

El domingo 20 de octubre, en la segunda jornada que Chile vivía bajo estado de Emergencia y toque de queda, Victoria Campos fue vista por última vez antes de ser detenida en San Bernardo en el contexto de las manifestaciones desarrolladas en la Región Metropolitana. Según el recurso de amparo, tras su detención fue trasladada “a un recinto desconocido”. 

El mismo día domingo desaparecieron al menos otras dos mujeres. Lorena Antonieta Espinoza, de 56 años, fue vista por última vez en las cercanías de Plaza Ñuñoa. Según indica el recurso, en ese lugar “se encontraba presente personal de orden y seguridad efectuando detenciones”. El texto prosigue: “Atendidos los acontecimientos sucedidos en el centro de Santiago, con énfasis en el día que doña Lorena fue vista por última vez, resulta altamente probable que doña Lorena haya sido abordada por fuerzas de orden y seguridad o por los militares”.

Tampoco se supo nada más de Ignacia Miranda Álvarez. La mujer fue vista por última vez cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa. En ese sector había contingente policial y militar desplegado para contener las protestas. Esa escueta información es todo lo que por ahora se conoce de su desaparición.

A Francisco Sebastián Silva Peñaloza lo vieron por última vez cerca de las 17:00 horas del domingo 20 de octubre, en el Mall Plaza Sur, en San Bernardo. En los alrededores había contingentes de militares y carabineros. Por eso, creen que pudo haber sido detenido por alguno de estos funcionarios. Desde aquella misma tarde, sus familiares lo han buscado en comisarías y otros recintos cercanos a su casa, y han vuelto varias veces al lugar en que fue visto por última vez. Sin embargo, permanece inubicable.

Ese mismo día hubo otra desaparición. Kristopher Mario Pardo González, de 35 años, fue visto por última vez a eso de las 15 en la comuna de Santiago. Ese día salió de su casa, ubicada en Avenida La Marina, en San Miguel, alrededor de las 14.30 horas vestido de buzo negro y polera verde con gorro. Desde ese momento, no se volvió a comunicar con su mamá, quien lo fue a buscar por las plazas y alrededores. Kristopher se encuentra en tratamiento psiquiátrico por posible esquizofrenia. La denuncia por su presunta desaparición fue entregada a organizaciones de Defensoría y Derechos Humanos y ha sido buscado en comisarías y en juzgados de garantía. Se ha requerido información por distintos medios de comunicación y por redes sociales. Pero los esfuerzos no han tenido resultados positivos por el momento.

El 22 de octubre B. C. P., de 17 años y vecino del sector norponiente de Santiago, fue visto por última vez. La única información que manejan sus familiares es que iba de regreso a su casa, en Renca, y que estaba en un lugar donde se produjeron varias protestas con gran cantidad de carros de policías. La familia lo ha buscado intensamente durante esta semana. Sin embargo, no tienen información sobre su paradero.

El abogado de la Comisión Chilena de Derecho Humanos, Yuri Vásquez, que inició estas acciones junto a otros letrados, explica que se amparan en el artículo 21 de la Constitución para proteger las garantías fundamentales de las personas, en especial, el derecho a la libertad individual y de seguridad personal. Vásquez plantea: “Si bien no estamos aduciendo que sean desapariciones forzadas en el mismo contexto de lo que ocurrió en la dictadura, sí estamos en un estado de excepción constitucional donde el jefe de zona es un general del Ejército y la libertad ambulatoria está en manos de efectivos policiales y militares”.

En la Comisión manejan otras denuncias por desaparición, pero en algunos casos no cuentan con mayores datos que el nombre y apellido de la persona desaparecida, ni las circunstancias en las que fue vista por última vez, lo que dificulta la interposición de los recursos. Según el medio chileno, el jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga, ha solicitado ampliar el plazo para informar sobre la situación de estas personas, lo que para el abogado es “un tanto absurdo” porque, considerando la gravedad de los acontecimientos, en su opinión, urge que se haga un recorrido por todas las comisarías y unidades policiales y militares para que dispongan de toda la información disponible y sea traspasada a los familiares cuanto antes.

Vicente Bustos, presidente del CED, destacó la labor de la Defensoría, de visibilizar lo que está ocurriendo en comisarías, hospitales y lugares detención e informó que a la fecha, han recibido 505 denuncias, que se distribuyen en 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.

Tomás Ramírez, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que las dinámicas de represión policial y de trato a los observadores de Derechos Humanos se han mantenido y en algunos casos ha empeorado. “Aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarse con ellas, para conocer las condiciones concretas de su detención”, dijo.

Informó que se han encontrado con una gran cantidad de personas lesionadas, dado que Carabineros realiza disparos a la parte superior del cuerpo y cabeza de las personas.

Así, Ramírez, miembro de la Defensoría Jurídica de nuestra universidad, se refirió primero a lo que ha sido el actuar policial y el trato para con los observadores de dichas instituciones.

“Respecto de los observadores, hemos podido notar que aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarlos para conocer el estado en que se encuentran y las condiciones de su detención. Las dinámicas de la represión policial y militar se mantienen e incluso empeoran”, precisó.

Según Ramírez, en el caso de los disparos efectuados por miembros de Carabineros, estos se han producido apuntando directamente a la parte superior del cuerpo, lo que ha conllevado a una alza en el número de víctimas que resultan muertos o con visión afectada.