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Las víctimas del franquismo están menos solas. México se convirtió en estos días en el segundo país, después de Argentina, en admitir una denuncia por los crímenes cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco. La querella azteca aborda el robo de bebés, delito denunciado por Amnistía Internacional (AI) el 15 de febrero ante la Procuraduría General de la República de México que afecta a Ligia Ceballos Franco, una mujer que creció en suelo mexicano pero que al rascar un poco en su pasado, supo que su vida podría haber comenzado, en la segunda mitad del siglo pasado, en territorio español.
En la presentación de su caso en el DF, la denunciante sostuvo que debe hacerse justicia con las víctimas de la dictadura española. “Soy Ligia Ceballos Franco, soy un posible bebé robado del franquismo”, se presentó en un video de AI donde describe el proceso de apropiación. “Cogían al bebé, lo ponían en una incubadora, en un área especial; luego ese bebé era asignado a otros padres y se efectuaba una partida de defunción falsa”, relata la mujer que hoy tiene 48 años. Dice que en México la conocen como Lily, pero que en España es Diana. “Se comercializó con las personas”, sentencia.
A su vez, la querellante recuerda que una persona con “muy mala entraña” le dijo hace un tiempo que era “una adoptada de mierda”. Por una charla telefónica supo que no era hija biológica de la familia que la había criado. Su historia se remonta a 1968. La querella presentada por Amnistía ante el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, fecha el 3 de junio como el día que la niña fue recibida, a las cinco de la tarde, en el Instituto Provincial de Puericultura y Colegio de la Paz de Madrid, con número de folio 23.171, en un lugar conocido como “La Inclusa”, ubicado en la calle O’Donnell 50. En la documentación del Instituto se hizo constar, como registro de filiación, que la niña era hija de “Rafael y Marta” y que fue ingresada con “camisa, jabón, pico, faja, toalla de felpa, jersey de lana blanca y una mantita rosa”. En O’Donnell 50 la recibió Sor Irene Jabat. El 12 de junio el bebé fue bautizada por la diócesis de Madrid en el libro 2º, folio 182, número 359: la llamaron María Diana Ortíz Ramírez. Una semana después fue anotada en el Registro Civil de Madrid, en el tomo 00757 5B, página 471 del libro 14583, con el número 4693.
El registro donde se señalaba que la pequeña había sido dada a luz el 29 de mayo de 1968 omitió la hora del nacimiento, la información de sus padres o abuelos y otros datos sobre su filiación. Los responsables de las anotaciones fueron Fernando de Chavarri Revuelta y el secretario Antonio Santos Padilla.
Un mes más tarde, el presidente de la Diputación de Madrid, Carlos González Bueno, cedió a la niña a Nazario Ceballos y Traconis y a su pareja, Ligia Graciela Franco Aguilar. El abogado Pedro del Rosal Madrid y el empleado Rubén Ruíz Monge fueron testigos del acuerdo, que obligaba al matrimonio a terminar con el proceso de adopción, un trámite que finalmente nunca finalizó.
La niña salió del Instituto el 19 de julio de 1968; seis días después sería inscripta por la pareja en Mérida, Yucatán, México. El acta 1726 del libro 520 señala que Ligia Graciela Ceballos es hija biológica y nació el 29 de mayo de 1968, a las nueve de la mañana, en el hogar que el matrimonio tenía en Mérida, en la casa 116 de la calle 14. En la reconstrucción de su historia, la querellante supo por sus padres de crianza habían volado a Madrid y que fue “conseguida allá” porque la pareja no podía tener hijos. La sugerencia del viaje vino por el lado del abuelo materno, quien estaba en contacto con el arzobispo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano, para que lo ayudara en las gestiones de la adopción. El religioso mexicano se comunicó al tiempo con su colega, el arzobispo de Madrid,Casimiro Morcillo González, quien le habría brindado apoyo para llevar adelante el trámite.
Al llegar a España, desde el arzobispado madrileño le dijeron al matrimonio: “Os tenemos preparado algo especial. Pero aún no ha nacido”. Cuando salían del Instituto madrileño, al matrimonio le sugirieron: “Quemad el pasaporte y los papeles de la niña al llegar a México”.
La Asociación Todos los niños robados son también mis niños y AI coinciden en que durante la dictadura franquista al menos 30 mil niños fueron robados, dato que también se desprende de una resolución de 2008 del por entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, apropiaciones que según el ex magistrado tuvieron lugar “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”.
Amnistía sostiene que el robo de menores puede constituir un delito de desaparición forzada: un crimen que sólo prescribe cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.
