Los cambios en el gabinete anunciados por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no llegaron a apagar las protestas en las calles. Por el contrario, se multiplicaron las movilizaciones en todo el país. Una masiva marcha ocupó el centro de Santiago, con la intención de llegar al Palacio de La Moneda. Pero al igual que el lunes, carabineros frenaron el avance de manifestantes con gases lacrimógenos, carros hidrantes e incluso balines. La emblemática Plaza Italia fue la sede de otras dos movilizaciones, una de gremios de la salud y la segunda de trabajadores de jardines de infantes, exigiendo cambios en el sistema sanitario y educativo. El Gobierno dio un balance de los incidentes del lunes valorando el accionar policial, mientras la Contraloría General de la República le exigió a Carabineros el acceso a los protocolos que regulan el uso de la fuerza durante las manifestaciones. Por su parte, la Defensoría de la Niñez detalló que 43 niños, niñas y adolescentes resultaron heridos por el accionar de agentes del Estado.
La movilización de la que participaron miles de personas buscaba originalmente llegar hasta el Palacio de La Moneda. Pero los organizadores se vieron forzados a redireccionar el destino a la Plaza Italia, debido al fuerte operativo de carabineros. Los manifestantes que de todas formas intentaron acercarse a La Moneda fueron dispersados por carabineros a la altura de la Biblioteca Nacional, con gases lacrimógenos y carros hidrantes. Incluso un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que se encontraba en el lugar fue trasladado a un hospital, tras ser alcanzado por siete balines disparados por carabineros.
Por la mañana, cientos de trabajadores y trabajadoras de la Educación Inicial (conocida en Chile como Parvularia) se manifestaron pacíficamente, recorriendo La Alameda hasta llegar a la Plaza Italia, con consignas tales como "La educación inicial es un derecho y no un beneficio". Pedían una mejora del sistema educativo, y la renuncia de la ministra de Educación Marcela Cubillos. La protesta, una vez más, fue dispersada por carros hidrantes de carabineros.
Hacia la misma plaza se dirigieron representantes de colegios profesionales, gremios y sindicatos de la salud que protagonizaron una masiva marcha partiendo desde el Ministerio de Salud. Los manifestantes exigían medidas sustantivas que mejoren al sistema sanitario y además garanticen el derecho a la salud para toda la población.
Las distintas y concurridas movilizaciones tuvieron lugar un día después del anuncio de cambio de gabinete de Piñera. Sin embargo, ni los nuevos funcionarios ni las recientes medidas propuestas por el presidente (subir el salario mínimo, reducir la dieta a los parlamentarios y congelar las tarifas eléctricas, entre otras) fueron suficientes para calmar las aguas.
Una encuesta de la Universidad Católica de Temuco reveló que el 94 por ciento de las personas consultadas sobre las protestas en Chile está a favor de las demandas sociales de los manifestantes. Es un hecho inédito para un país donde la sociedad se divide marcadamente en clases sociales muy dispares. El sondeo reveló además que el 68 por ciento de los encuestados se sumaron a los cacerolazos la semana pasada, incluso entre los sectores más acomodados de Santiago.
El martes no se conocieron nuevos anuncios del presidente Piñera, aunque el Gobierno presentó un balance de heridos y detenidos durante las últimas 24 horas, en el contexto de las distintas manifestaciones a lo largo del país. El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, fue el encargado de entregar los números respecto a la violenta jornada del lunes, marcada una vez más por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en las principales ciudades del país. El saldo, según el Gobierno, fue de 131 funcionarios policiales con lesiones, 57 civiles heridos y 797 detenidos.
“El trabajo que están haciendo nuestras policías está dando los primeros frutos, estamos deteniendo, estamos logrando dejar en prisión preventiva a quienes creen que la violencia, el caos y la destrucción es el camino y a quienes la inmensa mayoría de los chilenos critica y condena”, expresó por su parte la flamante vocera de Gobierno, Karla Rubilar.
Frente a la valoración gubernamental del accionar policial durante las protestas del lunes, la Contraloría General de la República (CGR) le exigió a Carabineros el acceso a los protocolos vigentes que regulan el uso de la fuerza durante las manifestaciones. La entidad autónoma le exigió además información sobre el accionar de los uniformados en cinco hechos específicos.
La CGR, organismo encargado de controlar a las instituciones públicas había recibido por medio de su sitio web una serie de denuncias ciudadanas. Por esa razón, resolvieron solicitar a la institución policial el detalle del protocolo sobre el uso de bombas lacrimógenas y otros procedimientos antidisturbios. En paralelo, oficiaron a la policía uniformada para conocer antecedentes que permitan aclarar cinco denuncias recibidas, relacionadas a la acción del personal policial durante el periodo en que estuvo vigente el estado de emergencia.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez detalló que 43 niños, niñas y adolescentes sufrieron heridas de bala o perdigones y maltrato físico por parte de agentes del Estado. "Estamos hablando de vulneraciones a los derechos humanos, de personas que sufren, que necesitan protección del Estado, que el Estado no les brindó porque quienes juraron protegerle, como policías y militares, finalmente lo que hicieron fue causarles daño", expresó Patricia Muñoz, directora de la institución.
El último balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos constata 1.132 heridos, de las cuales 127 presentan heridas oculares. La institución además presentó 120 acciones judiciales, de las cuales 18 son querellas por violencia sexual y 76 por torturas. El Gobierno contabiliza hasta ahora 20 muertos y más de 9 mil detenidos desde el comienzo de las protestas el 18 de octubre.
