La creación de un cuerpo permanente de abogadxs para víctimas de violencias de género, que garantice el acceso gratuito a la Justicia a mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, es una deuda pendiente de la Ciudad de Buenos Aires, y un faltante grave en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. Con el antecedente de la Ley 27.210, que en 2015 inauguró el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, la legisladora porteña Victoria Montenegro, de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto de ley que prevé garantizar el acceso a la Justicia con patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades, “así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual”. La iniciativa plantea el respeto por la autonomía de la voluntad, el resguardo de la intimidad y la confidencialidad de datos sensibles, y propone la articulación con otros organismos de los poderes Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público para poder brindar respuestas eficientes.
La falta de espacios de patrocinio jurídico gratuito en todo el país es uno de los problemas centrales que impide que el Estado garantice el acceso a la Justicia: “Se trata de una de las barreras principales para que las víctimas tengan la información, el acompañamiento, la orientación y contención necesarias durante el proceso”. El acceso a la Justicia es un requisito para la igualdad de lxs víctimas de violencia de género y garantizarlo es responsabilidad del Estado. “Nuestro país se encuentra en el seno de un fuerte debate contra los distintos tipos de violencias de las que son víctimas mujeres, lesbianas, trans, travestis y otras identidades no binarias; el acceso a la Justicia aún es una deuda pendiente”, advirtió Montenegro. “Por esto nos parece fundamental no sólo que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley nacional, sino que además asuma la responsabilidad de combatir la desigualdad en el acceso a la Justicia, creando un cuerpo de abogadas y abogados propio para ofrecer patrocinio jurídico gratuito a quienes lo necesiten.”
