El abogado Guillermo Alberto acompañó el lunes por la mañana a Sergio Leavy en las escalinatas de los tribunales federales, cuando el candidato a gobernador por el Frente de Todos se reunió con el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, para ampliar la denuncia y reclamar que se investigue el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Salta a través de facturas apócrifas.
Alberto se sumó a los pedidos de Leavy en cuanto a la falta de acción de la justicia local. “No han avanzado absolutamente nada por la presión de políticos de peso”, dijo.
Esa investigación de la AFIP , que releva las facturas apócrifas de un año (2017-2018) “sumaría entre todo el entramado de empresas $424 millones”, sostuvo el letrado en una entrevista con Salta/12.
“Esta no debería llamarse Causa Arcadio, que es el nombre de una de las 26 empresas truchas y que usan para no mencionar a ninguno de los funcionarios que tuvo responsabilidad a la hora de adjudicar la obra pública, debería llamarse Megacausa Sáenz”, manifestó Alberto.
El Parque Independencia de la Patria
El abogado aclaró que fue contactado por Leavy para hacerle conocer los detalles de la denuncia que radicó en junio de este año junto a vecinos de la zona del proyectado y no construído Parque Independencia de la Patria.
“Los vecinos me convocaron en enero porque ellos esperaban mejoras con el supuesto Parque, pero nunca se inició la construcción”, le dijo Alberto a Salta/12.
“Pero cuando se enteraron que había una desviación de los fondos presentaron una nota en distintos medios. Fueron 16 notas que derivaron en una denuncia en junio”, agregó.
El Independencia de la Patria es similar al Parque Bicentenario, pero ubicado en en la zona sur, en el límite de los municipios de Salta y Cerrillos.
En octubre del 2017, Gustavo Sáenz anunció la construcción del parque y para ello realizó una contratación de inicio de obra que en noviembre se la adjudicó a la empresa Arcadio.
“Esta empresa, estaba constituida por dos socios que la AFIP luego llamó de ´paja´, es decir, que no tienen capacidad económica para adquirir o ser propietarios de una sociedad anónima, pero que le habrían firmado poderes generales a funcionarios del intendente”, subrayó Alberto.
El 22 de noviembre del 2017, se pactó el pago de la obra en tres cuotas, “ya el 24 de noviembre, un señor de la Municipalidad, de apellido Agolio, certificó que la obra avanzó un 80% y el 30 de ese mes, volvió a certificar un 11.26% más”. Francisco Agolio, actual subsecretario de Obras Públicas municipal, era por entonces subsecretario de Inspecciones y Certificaciones.
El pago total de la obra se realizó el 4 de diciembre por $2.700.00, sin que exista ni obra inicial ni parque al día de hoy.
Alberto aseguró que aquí no hubo involucrada ninguna factura apócrifa, pero sí empresas fantasmas "que no tienen capacidad productiva y fueron creadas para cobrar el dinero y aparentar la realización de obras públicas para luego dividir el dinero entre estos empresarios de papel, funcionarios de Sáenz y el Tribunal de Cuentas, que nunca intervino para controlar una operación de tamaña magnitud”.
“Lo aberrante de este caso”, dijo, “es que en el Parque Independencia de la Patria no se puso un ladrillo y se cobró la totalidad de la obra, con una escribana recorrimos las 26 hectáreas y no hay absolutamente nada”.
Y comparó esta causa con otras conocidas en Jujuy contra la referente de la organización barrial Tupac Amaru: “en este caso no estamos hablando de sobreprecios como es el caso de la denuncia a Milagro Salas, sino que aquí se realizó el desfalco del 100% de una obra pública”.
Incompetencias
Guillermo Alberto aclaró que la denuncia la realizó en la justicia provincial el 6 de junio de este año: “presenté nota al procurador (general de la provincia, Abel Cornejo) poniéndolo en conocimiento, haciendo la aclaración (de) que según la prueba, no tenía identidad de sujeto objeto causa con la que había tomado conocimiento del Juzgado Federal sobre las facturas apócrifas”. Es decir, que su denuncia debía investigarse en la justicia de Salta.
Sin embargo, a pesar del expreso pedido del abogado denunciante, el Ministerio Público Fiscal de Salta decidió remitir el expediente de las facturas apócrifas, que se tramita en el Juzgado Federal1, “sin hacer ningún tipo de investigación”, sostuvo Alberto.
En enero de este año el Juzgado Federal ya se había declarado incompetente para investigar los casos que no fueran de delitos tributarios. El fiscal federal Ricardo Toranzos apeló esa decisión y hoy la causa se encuentra en la Cámara de Casación Penal.
Alberto aclaró que en la causa Arcadio, por las facturas truchas, nunca se va a poder conocer la totalidad de la estafa en contra de la administración pública “porque el Juzgado Federal sólo investiga las facturas falsas pero acá hay un plexo de delito más grande. Asociación ilícita, estafa contra la administración, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, que son de competencia de la justicia provincial”.
Con respecto a la demora para determinar la competencia manifestó que “es increíble”, aunque aclaró que según palabras de Bavio, si le dan la competencia avanzará hasta las últimas consecuencias.
