Desde La Paz
El convenio para la realización de la auditoría será firmado en las próximas horas con el titular del organismo regional, Luis Almagro, y contempla la participación de observadores de México, Paraguay y España, según detalló a la prensa el canciller Pary, quien puntualizó que 30 expertos auditores de la OEA dilucidarán si hubo irregularidades en el proceso electoral ante las denuncias de fraude de la oposición.
Pary había celebrado que "Comunidad Ciudadana y el señor Carlos Mesa hayan aceptado que se realice esta auditoría, y también los resultados que se vayan a obtener". Sin embargo, el expresidente y quien quedó en segundo lugar en las elecciones, a décimas de obtener la posibilidad del ballottage, volvió a retroceder sobre sus zigzagueantes pasos y en un comunicado partidario descartó al mediodía el aval a la auditoría por considerar que fue "acordada unilateralmente entre el MAS y la OEA"
Los vaivenes de Mesa dilataron varios días las negociaciones en torno a la auditoría, a la que expresamente el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Comunicación Manuel Canelas le habían pedido que accediera. Las sugerencias de su entorno fueron ganando terreno ayer y en horas de la noche adelantó: "Creemos que la auditoría de la OEA demostrará de manera inequívoca el fraude en las elecciones". Sin embargo, Mesa hoy se manifestó en sentido contrario y reiteró que "exigimos respeto a la voluntad expresada en las urnas, que fue vulnerada en un cómputo fraudulento".
En este contexto se prevén choques en las ciudades más convulsionadas, como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, entre trabajadores convocados por sindicatos y organizaciones sociales, y los cabildantes convocados por los comités cívicos -opositores más radicalizados- a rechazar la auditoría y pedir la anulación de los comicios y la destitución del presidente Morales.
En tanto, Bolivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez días, cuando se proyectó la reelección de Evo Morales en primera vuelta. Con menor ímpetu se cumple la tercera jornada del paro cívico convocado por la CONADE -Coordinadora Nacional de la Democracia-, medida de fuerza que se ha reducido a ciudades neurálgicas pero que se agrava por piquetes en rutas interdepartamentales.
Los avances para concretar la auditoría a partir de mañana, han abierto en parte este compás de espera para el gobierno en medio de un constante clima de sabotaje. La momentánea desmovilización de los bloqueadores también se explica por el desgaste propio de los sectores de clase media y media alta, no acostumbrados a este tipo de estrategias sostenidas en el tiempo. También influye la constatación de que hay más actores no tan deseables detrás de las acciones de desestabilización -como el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, quien no pudo bajar del avión en El Alto porque lo esperaba una concentración de mineros-, que han incitado a enfrentamientos violentos y acciones directas contra militantes, gremialistas y campesinos.
Los cortes de calles comienzan más tarde, terminan más temprano y se concentran en accesos y puentes que, en algunos casos, son desbloqueados por vecinos perjudicados o por los transportistas de minibuses que se las ingenian para asegurar la circulación. También van relajándose otras formas de reclamo como los cacerolazos nocturnos. La población comienza a hartarse de una situación que la tiene de rehén. El comercio informal y los mercados, que son un motor económico fundamental, ya sufren las consecuencias y el gobierno habla de pérdidas varias veces millonarios.
La mentada pacificación es paulatina y puede resultar engañosa, pero se evidencia una normalización incluso en zonas residenciales como el sur de La Paz, donde se concentran una incipiente burguesía y hasta nuevos ricos, donde el odio hacia Evo Morales es recalcitrante y donde surgieron estos días cientos de barricadas, ahora bajo la consigna de "anulación por fraude". En esos barrios puede verse que, entre bloqueadores y bajo el tendido del teleférico, han vuelto los jardineros que emprolijan los ligustros de negocios, edificios y casonas.
