El Gobierno porteño deberá indemnizar con 432 mil pesos, por daños y perjuicios, a un electricista que se accidentó en 2009 mientras trabajaba en una escuela pública. El gobierno porteño argumentó que no debía responder por el accidente sufrido porque no era su empleado y no se aplicaba un deber de seguridad en relación con su integridad física. Sin embargo, la justicia consideró que "la cantidad y periodicidad de los contratos suscriptos dan cuenta de una extensa y continuada relación laboral" entre el gobierno y el trabajador.
El electricista se accidentó el 6 de marzo de 2009, mientras trabajaba en la Escuela N° 9 D.E. 8 Florentino Ameghino, cuando se cortó un alambre del hall de entrada del establecimiento y se le incrustó en el ojo izquierdo. Tras la extracción del alambre, le diagnosticaron una catarata traumática secundaria, y debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.
En el escrito judicial, el electricista manifestó que "ingresó a trabajar al GCBA el 16 de mayo de 2008 por medio de un contrato de locación de servicios" y que "hasta 2011 suscribió contratos de locación de servicios de similares características".
El magistrado subrogante del Juzgado 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Mántaras, dispuso otorgarle la suma de 360 mil pesos, en concepto de resarcimiento por las lesiones sufridas e incapacidad sobreviniente, y 72 mil pesos por el daño moral sufrido.
