Misoprostol. En esas doce pastillas que se necesitan para interrumpir un embarazo en el primer trimestre, en esa posibilidad de hacerse un aborto en casa, siguiendo mínimas instrucciones, estriba una de los mayores desafíos de la autonomía de mujeres y personas gestantes. Esa droga descubierta por las mujeres de los sectores populares de Brasil, dejó de ser un secreto apenas esbozado y se convirtió en una posibilidad concreta, una contraseña. Después de que Señorita Bimbo lo mencionara en el programa de Jorge Rial, en el verano de 2018, y se dispararan las consultas en google, no sólo el conocimiento se expandió: al monopolio de Beta, que produce el Oxaprost (medicamento utilizado para úlceras gástricas que contiene también diclofenac, y obliga a abrir cada comprimido), hoy se sumaron otros dos laboratorios que fabrican lo que se llama presentación dedicada: pastillas de 200 microgramos que sólo tienen la droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud, en la dosis adecuada.

El laboratorio Domínguez obtuvo en octubre del año pasado la autorización para vender su presentación, Misop 200, en farmacias, bajo receta archivada. El precio es de 4700 pesos. Y antes, había obtenido la autorización para distribuir ese producto en el sistema hospitalario nacional. En ese carácter, participa en las licitaciones públicas de la Secretaría de Salud de la Nación. En tanto, el laboratorio público de la provincia de Santa Fe, el LIF, terminó las etapas de prueba, para distribuir desde septiembre las dosis en todos los centros de salud de esa provincia. El precio de la producción estatal alcanza a un tercio de la privada, es decir que significa un ahorro de entre el 60 y el 70 por ciento, y sólo puede venderse a otros organismos estatales. Por ahora sólo está en el sistema de salud pública santafesina y para llegar a otras provincias, requiere de una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). El producto del LIF no llegará a las farmacias.

Los avances que trajo la difusión del aborto con medicamentos como un tratamiento ambulatorio y seguro y el conocimiento público de la existencia del derecho al aborto con causales tal como estableció el fallo FAL encuentra dificultades concretas: el precio de venta y el dispar acceso geográfico a la droga. Según los datos relevados por el proyecto Generar, a partir de datos de la Secretaría de Salud de la Nación, en 2019 se enviaron 6600 dosis (es decir tratamientos completos) a todo el país, de los cuales 2370 fueron para Buenos Aires y 510 para Capital Federal. En tanto, provincias como Misiones recibieron 45 dosis, San Juan y San Luis, 30, al igual que Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, Salta, Corrientes, Chaco y Catamarca. “Nos preocupa la distribución, lo que manda la Nación a las provincias es muy poco. Es irrisoria la cantidad de dosis que envían, nosotras deberíamos verificar si cada municipio efectivamente hace una compra aparte, porque lo que manda el Ministerio es un chiste”, expresó la socióloga Victoria Tesoriero, que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y es parte del proyecto Generar. En agosto, el monitoreo que realizan del precio del misoprostol determinó que el Misop 200 significaba un 32,22 por ciento en relación con el salario mínimo, vital y móvil, mientras el Oxaprost trepaba al 54,40 por ciento de ese indicador, utilizado por la OMS.

El próximo gobierno, según consideró la activista, “va a tener que tomar medidas en torno a la emergencia social y económica por la cual está atravesando nuestro país, que incluyan la cuestión de los medicamentos esenciales, alguna política de limitación de precios para favorecer el acceso de la población en un contexto de crisis como en el que estamos”. Desde ya que la producción pública de misoprostol “mejora el panorama”.

Apuesta soberana

La producción pública fue en Santa Fe una apuesta a la soberanía de los medicamentos. Desde 2013, la provincia garantiza las ILE de acuerdo al fallo FAL. “Con la producción que tenemos debería bastar para prácticamente un año”, expresó Oraldo Llanos, director de Políticas de Géneros e Interculturalidades de la provincia de Santa Fe. “Hay otras variables que juegan muy fuerte, desde lo político, lo institucional, como cuánto vale el peso, los presupuestos y ante un cambio local y nacional de equipos, no sé si se acelerará ese consumo. La idea fue que cubriera un año, pudimos hacerlo completando la canasta, ya que hicimos tanto la presentación vaginal como la de disolución bucal”, agregó. El LIF produjo 100 mil unidades (no dosis) de solución oral y la misma cantidad de uso vaginal. Los números de Santa Fe muestran cómo la política de acceso a ILES no sólo garantiza derechos –su principal objetivo- sino también baja costos de salud pública. En 2013 se registraron 12 abortos médicos sin complicación, 6 incompletos, 61 se complicaron y 0 indicación de misoprostol o de AMEU. En 2018, fueron 1836 los abortos médicos sin complicación. Hubo 1247 indicaciones de uso de misoprostol en el territorio provincial. En los primeros cuatro meses de 2019, esa cifra trepó a 519, lo que permite proyectar un aumento en el año. Los gráficos que se elaboran desde Salud pública de Santa Fe indican que “a medida que los contactos en el sistema son más precoces y en el primer nivel de atención, se ve cómo las internaciones disminuyen, en forma proporcional, las situaciones son más abordables, hay menos días de internación, las situaciones menos complicadas van teniendo más peso que las complicadas, que son aquellas en las que se llega tarde. Lo principal es la prevención del embarazo no intencional, pero si no se dio, es importante llegar temprano para acompañar a las personas”, describió Llanos. La producción propia impidió que la última corrida del dólar, y las dificultades presupuestarias, afectaran a la provisión de misoprostol en el sistema de salud santafesino, que incluye a la ciudad de Rosario.

Uno de los impulsores de las políticas públicas en la provincia es Daniel Teppaz, actual director de Salud Sexual de la Municipalidad de Rosario. Le pone nombre concreto a la iniciativa del LIF. “Eso se llama soberanía sanitaria y soberanía sobre los medicamentos, obviamente abarata los costos y pone a disposición de toda la población un medicamento sin que necesariamente se tenga que recurrir a un laboratorio comercial, ni depender de patentes, porque ya sabemos lo que pasó con misoprostol históricamente. También el estado tiene la obligación de proveer lo que de alguna manera sostiene a través de las guías de la Organización Mundial de la Salud, del artículo 86 del Código penal y de los protocolos de ILE. Debería incorporar la mifepristona, que también figura en las guías y que podría desarrollarse sin problemas”, consideró el médico y apuntó: “Es una incoherencia promover una política pública de acceso de las mujeres a la ILE pero no proveer la tecnología necesaria para hacerlo. El misoprostol es una droga declarada esencial por la OMS, y su único uso ginecológico no es para el aborto, también se usa para las mujeres que tienen huevo huero y retenido, en la presentación de 50 microgramos se utiliza para la inducción del parto, se ha demostrado una baja importante en la reducción de las hemorragias pos partos, en el tratamiento médico y por lo tanto ambulatorio y no quirúrgico de las mujeres que hacen abortos espontáneos. O sea que tiene un montón de usos importantes en la atención de mujeres con capacidad de gestar. Alivia la vida de las mujeres notablemente”.

Lo que vendrá

Desde la Red de Profesionales para la Salud por el Derecho a Decidir, una de sus integrantes, Raquel Tizziani, subrayó el valor de contar con misoprostol de producción pública. “Estamos súper contentas de que salió lo prometido antes del cambio de gestión. En relación a la gestión próxima, que sería la de Perotti y Alejandra Rodenas (vicegobernadora electa), estamos con alguna incertidumbre en relación a la continuidad de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, sobre todo en materia de interrupción legal del embarazo, porque no sabemos todavía quiénes van a ser las personas encargadas de esta tarea de gestión en el Ministerio de Salud de la provincia, así que en ese sentido tenemos alguna incertidumbre, pero tenemos esperanza de que se sostenga por supuesto la producción pública de medicamento porque es la posibilidad de acceder a un derecho de un medicamento esencial, como es el misoprostol, aunque no tenemos mifepristona, que también es esencial. Al tener misoprostol, se puede sostener una política pública de justicia social en materia de acceso a los medicamentos”, expresó Tizziani.

La duda sobre la continuidad de estas políticas a partir del 10 de diciembre, cuando Omar Perotti asuma como gobernador de Santa Fe, tuvo una primera respuesta en las declaraciones del justicialista. “Hay que garantizar plenamente la vigencia de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, que ha ampliado las definiciones, el cómo y los criterios de aplicación de lo que ya establecía el Código Penal. Se sube un piso pero fundamentalmente se respeta la ley”, dijo Perotti en declaraciones públicas. Sobre la producción pública de misoprostol, una política específica, la respuesta se hará esperar hasta que estén confirmados los equipos que se harán cargo del Ministerio de Salud provincial.

La otra incertidumbre es si Anmat autorizará la producción del LIF, para que pueda venderla a los ministerios de Salud de Nación y de otras provincias. “El estado tiene que garantizar la provisión a todos los servicios de salud. Hoy los centros de salud lo brindan en una situación muy excepcional. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, que había, hoy no hay. No tienen medicación para dar, la escatiman mucho, porque tienen pocas dosis, porque ese es el tema hoy: el acceso al misoprostol”, puntualizó Tesoriero.

Las prioridades

La agenda urgente para que el próximo gobierno garantice derechos de las mujeres y personas gestantes incluye “despenalizar ya, reinstaurar el Ministerio de Salud, habilitar que Santa Fe distribuya en todo el país, incorporarlo dentro de los medicamentos de provisión gratuita, en el cortísimo plazo, para paliar la crisis. Y luego, normalizar la estadística de egresos hospitalarios, actualizar el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, que haya control de precios desde la Secretaría de Comercio Interior, que el estado licite las dosis, pero más que nada como incentivo a que circule en farmacias, controlar desde sindicatos que el misoprostol este cubierto por las obras sociales y que haya la misma regulación del precio que se prometió para todos los medicamentos”. El pliego lo elabora a mano alzada Luli Sánchez, abogada de la –hoy inactiva- Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, y una de las impulsoras de la presentación que hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales y Nuevo Encuentro ante el Anmat para que se aprobara el uso obstétrico y ginecológico del misoprostol (algo que ocurrió el año pasado, al calor del debate en el Congreso nacional) y que se regule el monopolio de Beta. “En los hechos quien pone el precio sigue siendo Beta”, consideró Sánchez, y por eso pidió al Estado garantías para que “no se excluya por ningún motivo el misoprostol de los precios cuidados o de la gratuidad y que se impidan transformaciones fraudulentas de dosis y presentación como excusa para subir el precio y saltarse los acuerdos”, cosa que Beta ya hizo en 2014, cuando al ingresar una de las presentaciones en el Programa de Precios Cuidados desabasteció el mercado para inventar otra, con más pastillas y más cara. El acceso a derechos nunca fue su tema.

Por eso, la autorización al Laboratorio Domínguez para el uso obstétrico y ginecológico, en una presentación de dosis ajustada y dedicada fue un gran avance, ya que atacaba directamente al monopolio de Beta.

“Estamos proveyendo al Estado, ya que es muy importante contar con una dosis de 200 microgramos, que es la concentración que indica la OMS en el listado de medicamentos esenciales. Las indicaciones del producto son para uso ginecológico y obstétrico y al contener misoprostol como monodroga, permite administrar la dosis exacta”, se limitó a indicar Carina Rismondo, directora técnica del Laboratorio Domínguez.

La cautela también se explica por las embestidas de los grupos antiderechos como Portal de Belén y Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (ProDeCi), que –como informó este diario el 11 de octubre pasado- hicieron lo que mejor conocen: presentaciones judiciales que no tienen posibilidades de prosperar pero retrasan el acceso de las mujeres a derechos reconocidos internacionalmente. El ejemplo es lo ocurrido en la provincia de Córdoba, donde demoraron durante siete años la aplicación del protocolo ILE, mientras la Justicia no se expedía. Finalmente, en septiembre, la resolución fue favorable a la salud pública.

El tema es acceder

El acceso al misoprostol es el gran tema cuando de garantizar derechos se trata. Uno de los recursos que hoy las mujeres conocen son las redes de acompañamiento para realizar las interrupciones de embarazos, como Socorristas en Red. “Es indudable que el aumento de los medicamentos, tanto del Oxaprost como del Misop afecta a enormemente a las mujeres, porque si está o no en las farmacias es un tema, pero otro es el costo, y no se puede desconocer que ese aumento desmedido, descontrolado que tiene que ver con la especulación financiera que hay en este país en estos últimos meses y la falta de control de parte del estado, afecta enormemente la posibilidad de decidir de parte de las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo”, indicó Ruth Zurbriggen, histórica referente de Socorristas en Red y de La Revuelta, de Neuquén. Otro tema es “de qué se están haciendo cargo las prepagas y las obras sociales, cuando el Código Penal rige también para el sistema privado de salud. Con esta situación, obligás a las mujeres que tienen obra social a acudir al sistema público de salud, porque a lo mejor no le recetan o no consigue el medicamento en el circuito privado”. La existencia de un mercado negro –debido la dificultad de acceder a la receta- es también una preocupación, ya que las mujeres pagan el doble del precio del mercado y muchas veces reciben dosis incompletas.

Más allá del retroceso que significó el rechazo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación, Zurbriggen subraya algunos avances. “Hay mucho más conocimiento de que la medicación existe, que se puede abortar con medicamentos. Nosotras tenemos una pregunta en nuestra protocola, les preguntamos a las mujeres si sabían que se puede abortar con medicamentos antes de conocernos, y te dicen que sí. Esa expansión no va al mismo ritmo con políticas públicas que garanticen el acceso a ese derecho”, planteó la activista, quien reconoció que tras el debate se fortalecieron los servicios que garantizan derechos, y también sumaron una gran convocatoria a activistas que quisieron sumarse a los socorrismos.

Difundir derechos

Desde Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), la investigadora Mariana Romero plantea la importancia de la producción pública. “La Anmat tiene que aprobarla para que venda a otros gobierno provinciales. En el escenario de máxima, la provincia lo puede vender y definitivamente esto va a ampliar la disponibilidad, porque se podría esperar que los costos y el precio final al cual vende el LIF sea un precio competitivo con Laboratorio Domínguez. A mí me parece que parte del juego del mercado es que haya presentaciones disponibles como la del LIF, la de Domínguez. Pero es importante la producción pública porque siempre es de calidad, es un producto confiable”, analizó Romero. “Ahí hay otro factor agregado, en costo, calidad, que haya más de un producto, no sólo el del laboratorio comercial sino el del LIF, que tiene un mercado más acotado porque sólo les puede vender a otros ministerios, no lo puede proveer a droguerías comerciales”, apuntó por qué es importante que se amplíen opciones. Romero apuntó que la producción de misoprostol “significa el respaldo a una política pública, en el sentido de que tenemos aborto legal en determinadas condiciones, y para esas condiciones tenemos un producto dedicado de producción pública que garantiza el acceso. Son razones fuertes para celebrar que el laboratorio público de Santa Fe produzca el medicamento”.

En cuanto a la aparición del Misop 200, Romero también la pondera. “La gran ventaja es que todas tenemos acceso a un producto dedicado, que es la monodroga que necesitamos. Lo que estamos usando es lo que hay que usar, eso en términos de las mujeres ya significa una ganancia, porque además, pensándolo en clave de derechos, todes les ciudadanes tenemos derecho a los avances del conocimiento científico, en ese sentido poder acceder al misoprostol de 200 microgramos y no con diclofenac, es tener acceso a lo que conocimiento científico dice que hay que usar. Estamos usando lo que hay que usar, el hecho de que esté disponible en las farmacias y que el sector público lo pueda tener disponible vía un laboratorio público, garantiza acceso”, consideró Romero, y subrayó que “en algún sentido le rompió el monopolio a Beta”. En términos de acceso –y siempre considerando que el precio es un gran obstáculo para buena parte de la población – “ahora tenemos dos productos dedicados y se vende el comercial en farmacias lo cual les da posibilidades a otras mujeres”.

Romero dejó en claro que los desafíos del nuevo gobierno son “que el misoprostol esté en los centros de salud, como es la experiencia de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Buenos Aires. Porque la situación que tenés en Rosario o Buenos Aires, no la tenés en todo el país. Si pudiéramos garantizar que la medicación esté disponible en los centros de salud muchas mujeres accederían en forma más adecuada y oportuna, no podrían llegar ala instancia de ir al hospital”. Una cuestión que Romero considera primordial es la necesidad de encontrar las formas de “mejorar el acceso de niñas y adolescentes, porque si hubo algo que nos mostró este 2019 es que las niñas son abusadas, quedan embarazadas, y esa consulta se hace muy tardíamente. Entonces, esto no está directamente relacionado al medicamento, pero me parece que en una política que garantice derechos, necesitamos asegurar que las niñas y adolescentes lleguen antes. Después pasarán por el proceso de consejería y tomarán la decisión, pero tienen que llegar antes. Porque si llegan con embarazos de 20 semanas o más, se te reducen las opciones”.

 

El otro punto que Romero subraya como desafío del próximo gobierno es “hacer mayor trabajo de difundir derechos. Una cosa que podría ser interesante, es que no hemos tenido nunca una campaña pública de derechos sexuales y reproductivos. Eso es una deuda, y si se hiciera, más gente se va a enterar”.