La decisión del juez federal Leonardo Bavio de declararse incompetente para investigar delitos de orden provincial y las demoras de los tribunales superiores en definir el conflicto de competencias, impidieron que los fiscales federales avanzaran con la investigación respecto a la posibles irregularidades en la contratación de las empresas atribuidas a Matías Huergo en obras de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSaySa, más conocida bajo el nombre de Aguas del Norte).

La AFIP creía que funcionarios de la empresa de aguas con capital estatal mayoritario realizaban licitaciones direccionadas en las que participaban las compañías Arcadio Obras Eléctricas, Avan SAS y Matías Huergo, todas relacionadas con este último, para garantizar sobreprecios y retornos en favor de las autoridades de CoSaySa.

Según pudo averiguar Salta/12, hasta que se planteó el asunto de las competencias había intenciones de llamar a declaración indagatoria e imputar a Sebastián Gomeza, miembro del directorio de Aguas del Norte por la supuesta defraudación a la administración pública provincial.

Como es de público conocimiento, en las escuchas telefónicas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a las conversaciones de Huergo con sus socios y empleados, aparecen mencionados como aquellos que direccionan obras a su favor un tal “Goma”, apodo con el que se conoce al director de Aguas del Norte, Sebastián Gomeza, y también “Bazán”, que podría tratarse del gerente de Servicios de la compañía, Juan Alberto Bazán.

Pero además, en la presentación que hizo el entonces director de la Regional Salta de la AFIP, Guillermo Oro, ante el fiscal Federal nº 1, Ricardo Toranzos, y que sistematiza la prueba en relación a la causa, se dan a conocer archivos recuperados de la computadora secuestrada en las oficinas de la empresa Arcadio Obras Eléctricas en la que se consignan pagos sospechosos.

En esa notebook aparece un archivo denominado “PAGOS JB Y LM” que refiere a “Obras de Demolición de Tanques” y dos columnas contiguas con las siglas “JB” (la AFIP cree que podría corresponderse a las iniciales de Juan Bazán) y otra “LM” (para el organismo nacional, es una referencia a Luis Maldonado, jefe de Producción de Aguas del Norte). Abajo, se consigna un 5% para JB y un 2,5% para LM, y las sumas de $234.600 y $117.300, respectivamente, más el saldo de $134.600 y $92.300, en cada caso. “El monto referenciado del cual se toma el porcentaje que los responsables de ARCADIO habría pagado a los funcionarios públicos de Aguas del Norte (Sociedad del Estado) coincide con el monto de la primera determinación presupuestaria obrante en el archivo `demolición de tanque y cisterna del Barrio San Remo´”, sostiene la AFIP en su presentación.

Por otra parte, en la copia de un mail que Jordán Vargas, uno de los empleados de Arcadio, le envía a Huergo, se adjunta una planilla denominada “Provisión efectivo” con una serie de pagos entre los que figura uno de $120.000 a “Gomeza”, por la obra “Demolición de tanque Güemes”.

La AFIP chequeó en su sistema si existía algún contratista con ese nombre, y al no hallarlo, llegó a la conclusión de que se podría tratarse del integrante del directorio de CoSaySa.

Asociación Ilícita

Según asegura el entonces director Regional de la AFIP “surgen claros indicios de la existencia de un aparato organizado, destinado a perdurar, y a facilitar la comisión de una pluralidad de delitos”. “Cabe profundizar la investigación a los fines de develar la totalidad de los miembros de una verdadera asociación ilícita de la que participarían particulares y funcionarios públicos, que no sólo idearon y prepararon un plan delictivo, sino que también, con el aporte concreto de capacidades, cargos e influencias según el caso, habrían llegado hasta la consumación de los ilícitos que se detallarán”, continúa la denuncia de Oro.

El entonces titular del organismo nacional en Salta entiende que estas operatorias buscaban dotar de aparente legalidad a licitaciones y contrataciones directas cuyas adjudicaciones eran pactadas con anterioridad, ocultar al fisco la verdadera titularidad de las empresas para obstaculizar su control, generar y utilizar facturas apócrifas para evadir impuestos y disimular la salida ilegal de fondos públicos, además de lavar esos activos.

Para sostenerlo, la AFIP se basa en una serie de conversaciones en las que Huergo dialoga con sus socios y empleados, ya sea para crear, para poner en regla o para indagar sobre qué empresas utilizar para facturar las obras que “le tiran” los funcionarios de CoSaySa.

Otro elemento de prueba es la coincidencia entre las IP desde donde se emitieron las facturas electrónicas a Aguas del Norte por parte de las tres empresas que, supuestamente, pertenecían a dueños diferentes y competían entre sí por la adjudicación de las obras.

Finalmente, resulta sospechoso que en las computadoras secuestradas se hubiese hallado archivos con las ofertas de las diferentes compañías que se disputaban una licitación.

“Con la connivencia con los funcionarios, se habrían simulado contiendas de precios, siendo que las adjudicaciones de encontraban previamente acordadas tal como surge de las escuchas citadas, resultando ellos mismos los adjudicados”, asegura el documento.

Subcontrataciones

Un caso paradigmático de este modus operandi es el de la obra demolición del tanque de agua del barrio San Remo.

El 20 de abril del 2018 Matías Huergo habla con el abogado Anibal Anaquin y le manifiesta: “una de las obras de 'Goma' (como se apoda Sebastián Gomeza, director de CoSaySa) es una demolición, así que nos vamos a volver especialistas en demolición”. Sabiéndose adjudicatarios de esa obra, Huergo y Anaquin debaten cuál es la mejor manera de llevarla a cabo, ya que no tienen experiencia en esa tarea:

Huergo: - Lo podemos hacer con explosivos, porque tiene que ser una implosión, es una torre gigante de agua que está a punto de caerse y que hay que tirarlas, o si no no sé, contratar una de esas grúas con pelota, no sé… eso el fin de semana lo voy a pensar.

Anaquin: - O si no ponerlos a picotear a los changos

Huergo:  Sí, eso decía, pero son como 24 metros, es como un edificio de 8 pisos… y todo con hormigón armado, no es joda… yo creo que vamos a tener que contratar, lo más fácil es contratar la bola esa que se ve en las películas y darle con eso… pero también tiene que ser alguien que sepa porque si no va a ser un desastre…

Anaquin: - Va a tirar a la mierda todo.

Los interlocutores terminan haciendo referencia a que se trata de la demolición de un tanque de agua ubicado en el barrio San Remo.

Curiosamente, la apertura de ofertas de las empresas y la adjudicación de la obra a Arcadio se da recién en julio de ese año, es decir, tres meses después de la conversación entre Huergo y Anaquín.

El 3 de agosto, la empresa le factura a CoSaySa 1.407.000 pesos por el 30% del anticipo de obra de la demolición de cisterna y tanque de Barrio San Remo. Una semana más tarde, subcontrata para esa tarea a Benjamín Dávalos, un maestro mayor de obras jubilado desde 2014 que no registraba actividad impositiva desde 2008. El subcontrato, según surge de los archivos encontrados en la computadora de Huergo, era de 480.000 pesos, una cifra sensiblemente inferior a los 4.719.000 pesos en que estaba presupuestada la obra.

La tercerización de las tareas se da a pesar de que el Pliego de Condiciones Generales y Particulares establece que “el contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Comitente, en todo o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización expresa del Comitente”.

La operación queda en evidencia en una conversación entre Huergo y el empleado de Arcadio Sebastián Silva. "A nosotros nos queda un palo… de ahí hay que repartir", le dice Huergo.

La historia termina con los empleados de Dávalos haciendo una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por falta de condiciones de seguridad, con la decisión de la cartera laboral de parar la obra, y el posterior despido de los operarios por parte del subcontratista.