La ley de emergencia alimentaria cumplió un mes de promulgada, pero a los comedores no están llegando más alimentos. Así lo denunciaron las organizaciones sociales con una jornada de protesta nacional. "No cambió nada. En el merendero atendemos cien chicos y sigue faltándonos leche. Con lo que nos mandó Desarrollo Social nos alcanzó para la primera semana de octubre y el resto les tuvimos que dar mate cocido con azúcar. En el comedor estamos igual", describió Marcela Man. Encargada de un comedor en el barrio de Irigoin --Cuartel V, Moreno--, Marcela estuvo en el Obelisco, en una de las concentraciones de reclamo que se hicieron en el centro porteño. Hubo otra frente al ministerio que encabeza Carolina Stanley y un polentazo en la Avenida 9 de Julio contra el pago de la deuda al FMI.
Las protestas fueron realizadas por el Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha y otras agrupaciones de izquierda. También en la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa aseguran que el Gobierno no puso en marcha la emergencia alimentaria, a pesar de la gravedad de la crisis social.
La ley fue sancionada por el Congreso bajo la fuerza de numerosas movilizaciones y entró en vigencia el 30 de septiembre, con su publicación en el Boletín Oficial. Estableció un aumento del 50 por ciento del presupuesto destinado a políticas de alimentación. Para concretarlo, el Poder Ejecutivo fue habilitado a reasignar partidas de otras áreas que no fueron utilizadas. Los especialistas en políticas públicas aseguran que no es complicado implementarla, porque los mecanismos para distribuir alimentos desde el Estado ya existen y están funcionando. El sistema es amplio, con miles de vasos capilares.
La asistencia alimentaria tiene una vía de reparto con camiones que llevan alimentos secos, como fideos, yerba, azúcar, harina, aceite y leche en polvo a los comedores. El Estado también transfiere dinero, recargando las tarjetas alimentarias con las que los responsables de comedores pueden comprar insumos en cualquier supermercado. De la misma manera, hay tarjetas alimentarias individuales. Se trata de transferencias bancarias que se resuelven con un click. Por esto, implementar los refuerzos alimentarios una vez que está aprobado el presupuesto es, sobre todo, un tema de decisión política.
"El Gobierno tiene la responsabilidad de aplicar la ley, porque la inflación de la canasta básica golpea más a quienes no pueden llevar un plato de comida digna a sus mesas”, sostuvo Silvia Saravia (BdP-Libres del Sur), sobre el objetivo de las movilizaciones. Su organización se movilizó desde el Obelisco a Desarrollo Social, lugar donde se concentró el Polo Obrero. Después, en una sola columna, las dos organizaciones fueron a la Plaza de Mayo.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) hizo al mismo tiempo un polentazo en la Av. 9 de Julio a la altura de la Plaza Libertad, frente a las oficinas del FMI. Los manifestantes llegaron al lugar con una pancarta en la que se leía "Llévense a Macri - Dejen lo$ dólares". Con la olla popular plantearon el no pago de la deuda al organismo internacional.
"Este Gobierno se va dejándonos una deuda que nadie sabe en qué se fue, porque no fue a vivienda, ni a inversión social, ni a trabajo. Al gobierno que viene le pedimos que atienda la agenda de los más humildes. No hay futuro con las recetas de saqueo del FMI, contra las que hoy está luchando todo el continente", dijo Marianella Navarro (FOL).
Si bien los movimientos que salieron a la calle fueron los vinculados a la izquierda, en la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa sus referentes también señalaron el incumplimiento de la emergencia alimentaria.
”No han cumplido en nada. No mandan más alimentos y siguen dejándonos premios con drama, como estos anuncios que han hecho en la provincia de Buenos Aires, de otro aumento en la tarifa eléctrica”, señaló Juan Carlos Alderete (CCC). Consultado sobre qué excusa ponen los funcionarios, contó: “Ayer fuimos a Desarrollo Social de la provincia. Nos dijeron que ahora no pueden porque ‘comienza la transición’ y tienen que ‘dejar ordenado’ todo lo que han gastado en lo social. Nosotros habíamos llevado un listado con las ciudades y barrios donde los compañeros tienen los mayores problemas, con más casos de chicos con malnutrición o directamente con desnutrición… pero todos los convenios nuestros para que vayan urgente a esos lugares quedaron en el aire. Quieren dejar al país minado con dinamita, con bomba y mecha corta: la gente ya no tiene tiempo, no llega. Está desesperada”.
Gildo Onorato, de la CTEP, también habló de incumplimiento. "No está claro cómo se va a transferir el dinero, si se va a ejecutar o no antes de que se vayan del gobierno. Esto es una profunda irresponsabilidad porque la situación es más que grave”.
En las movilizaciones otro de los reclamos fue el aumento en el monto de los planes sociales (hoy de 8 mil pesos), la inscripción de más beneficiarios y el pago de un bono de fin de año que ayude a compensar los aumentos de los precios.
Entre las PASO y las elecciones generales, a raíz de la devaluación, el Gobierno otorgó un plus para la Asignación Universal por Hijo y un bono para quienes perciben un salario social, pero se trató de pagos por única vez. En los comedores cuentan que, además, están desbordados por la llegada de jubilados que cobran el haber mínimo y no pueden cubrir sus gastos de sobrevivencia.
"Estamos haciendo rifas para juntar con qué comprar leche", contó Silvia Ferreyra, de un comedor en el barrio Libertador, de San Martín. La única mejora que tuvo su comedor ante la suba de los precios fue que el municipio gobernado por Gabriel Katopodis les aumentó la provisión de carne, pero en el mismo período la Nación dejó de mandarles un refuerzo de verduras, frutas y lácteos que percibían hasta hace tres meses. "Para cocinar nos llegan sólo fideos, arroz o polenta. Si queremos preparar algo de mejor calidad, hay que encontrar la manera de comprarlo del propio bolsillo."