Fabián De Sousa denunció que el Grupo Indalo fue víctima de espionaje ilegal por parte de la AFIP. El mecanismo clandestino habría sido parecido al que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral y del cual fueron víctimas más de una veintena de jueces, cinco gobernadores y varios legisladores. De Sousa, uno de los titulares del grupo empresario, hizo la denuncia durante una nueva audiencia del juicio que se está llevando adelante por presunto fraude al Estado por parte de la empresa Oil Combustibles. Denunció que el espionaje sin paraguas legal o administrativo fue sobre él, sobre Cristóbal López y sobre los CUIT de todos los contribuyentes del Grupo Indalo.

Según el relato de uno de los dueños del canal C5N, esta semana pudo confirmar “lo que siempre sentí que venía sucediendo”. En concreto denunció ante el Tribunal que “desde finales de diciembre de 2015, Mariano Gabriel Hernández, analista de revisión de recursos de la regional microcentro de la AFIP, ha ingresado en forma permanente y sin autorización formal a hacer procesos de revisión e investigación del Grupo Indalo”.

De Sousa detalló que el empleado tenía la obligación de informar a Jaime Mecicovsky y luego a Alberto Abad, a partir de enero de 2016 cuando asumió como jefe del organismo oficial. El mecanismo implicaba que Hernández ingresaba al área de sistemas de la AFIP para reportar cualquier modificación sobre los CUIT de cualquiera de los contribuyentes del grupo, sin que existiera orden interna ni de investigación legal, por lo que ningún funcionario tenía la capacidad de hacer inteligencia. “Estoy denunciando un proceso ilegal de persecución desarrollado por la AFIP bajo la responsabilidad de Mecicovsky y de Abad”, destacó De Sousa.

Ante la mirada atenta de los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, el empresario consideró que el espionaje ilegal al que fue sometido él y su firma “fue parte de un proceso de persecución mediática y judicial para disciplinar, perseguir y lograr objetivos espurios utilizando los distintos organismos del Estado”. De Sousa adelantó que su defensa, a cargo de Carlos Beraldi, pedirá formalmente que en el marco de este juicio sea llamado como testigo el empleado Mariano Gabriel Hernández, para que explique “quiénes fueron los beneficiarios de la información recolectada en forma ilegal”.

El Juzgado Federal 6 investiga las condiciones en las que desde diferentes organismos estatales, entre los que se encuentra la AFIP, fueron rastreados los movimientos migratorios de jueces de distintos fueros y dirigentes políticos de diversos partidos. La pesquisa --con intervención del fiscal Ramiro González-- ya estableció que existieron consultas a la Dirección General de Migraciones desde Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Procuración General de la Nación. La sospecha es que casi todas las maniobras serían ilegales, ya que hasta el momento no se detectó ni una sola orden judicial ni una actuación administrativa que justifiquen esas averiguaciones.

Desde el inicio del expediente que sacudió al edificio de Comodoro Py se sabía que podían detectarse nuevas víctimas del espionaje ilegal, que se habría encarado desde los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. En primer término se descubrió el seguimiento a 21 jueces de diferentes fueros. Luego, como reveló PáginaI12, la Justicia detectó que al menos cinco gobernadores, un senador y un diputado también fueron espiados. Ahora, a partir de la denuncia de De Sousa, los investigadores deberán determinar si efectivamente él y su socio se suman a la lista.

Persecución política

Durante su indagatoria, De Sousa afirmó: “El gobierno saliente ha hecho de los organismos del Estado una herramienta de persecución. Y ha habido sectores de la Justicia que fueron parte de ese mecanismo”. En ese sentido enmarcó el espionaje ilegal al que habría sido sometido en un plan para “procurar el aniquilamiento del Grupo Indalo”.

En línea con lo que ya declaró Ricardo Etchegaray, el empresario afirmó que los dos planes de pago otorgados a Oil Combustibles formaron parte de una política de Estado  para lograr que los contribuyentes puedan pagar sus deudas y preservar a las compañías y los puestos de trabajo. Afirmó que la actual administración, en cambio, buscó ahogarlos y quitarles la empresa. Según dijo, hubo “un conjunto de vivillos que forman parte del gobierno nacional que se han quedado con los activos de Oil Combustibles”. En este sentido adelantó que hará la denuncia correspondiente. “Las hacían todas. Estando yo preso hasta se metieron en mi casa, donde estaba mi mujer”, expresó.

En otro pasaje de su declaración, De Sousa se refirió a las presiones al Poder Judicial por parte del gobierno de Macri y afirmó que en ese marco él y López estuvieron presos dos años injustamente. “Perdí dos años de mi vida preso por parte de una organización delictiva enquistada en el Poder Ejecutivo Nacional”, expresó. Y recordó las circunstancias en las que fueron detenidos, liberados y apresados nuevamente. Ambos habían sido detenidos en diciembre de 2017, pero en marzo de 2018 “la Cámara Federal había dicho que el encarcelamiento era una alevosa arbitrariedad y por eso ordenaron la inmediata libertad. Como esos jueces no resolvieron de acuerdo a lo que quería la organización criminal encabezada por Macri, los demonizaron y los denominaron corruptos. Luego los camaristas fueron perseguidos mediáticamente. El Dr. Ballesteros tuvo que renunciar y el Dr. Farah tuvo que abandonar su posición en la Cámara y tomar un rol de menor responsabilidad”.

Mirando a los ojos a los tres magistrados que deberán definir su suerte, De Sousa disparó: “Hay una parte de la Justicia que fue silenciosa, que fue cómplice con el proceso de persecución. Yo los entiendo. Debe ser difícil ser juez y tener que enfrentar las presiones de una organización mediático-política. Siento que el proceso de quienes están llamados a resolver no debe ser fácil. Quien no hacía lo que le pedían era perseguido y demonizado. Entiendo el rol que ustedes desarrollan y entiendo lo que significa tener que resolver en un ámbito donde la dignidad está en riesgo. Eso pasó en la Argentina en estos años. Y uno comienza a ver la valentía de los jueces que no ceden a las presiones”. Luego de esa frase, un silencio significativo gobernó la sala de audiencias, ubicada en la planta baja de los tribunales federales de Retiro.