![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Irina-Hauser.png?itok=wge3Tmsk)
En los últimos meses circuló por las redes sociales y fue publicada en grandes medios una especie de lista negra de jueces que el Gobierno quiere echar porque no le gustan debido, especialmente, a las decisiones que toman. El diputado de PRO Pablo Tonelli, quien preside la Comisión de Disciplina y Acusación en el Consejo de la Magistratura (órgano que puede promover destituciones), salió al cruce de las versiones sobre la existencia de un “plan” para sacar jueces por juicio político, que negó enfáticamente y atribuyó a interpretaciones de periodistas. Dos días después, el propio Tonelli anunciaba a viva voz que había pedido una batería de 25 medidas para saber si el camarista Eduardo Freiler se enriqueció ilícitamente. No era chiste: pedía registros de sus propiedades, autos y barcos, movimientos de sus cuentas bancarias, viajes y su legajo en la Policía Federal, pidió de todo, a pesar de que hay una causa penal que ya lo sobreseyó por eso mismo. La actividad reciente en otros expedientes, como el que tramita contra el juez Daniel Rafecas por desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, y el pedido de juicio político contra los dos camaristas laborales que dijeron que el Poder Ejecutivo no podía interferir en la paritaria bancaria, reflejan la preocupación extrema que el oficialismo tiene por dominar al Poder Judicial. Pero además de los mecanismos de eyección, ya intenta poner en marcha otros para hacer sus propias designaciones en lugares claves como seis tribunales orales federales que llevarán adelante los juicios de los casos de corrupción, tanto contra kirchneristas como macristas. Lo mismo sucede con el llamado “traspaso” de la Justicia nacional penal a la Ciudad de Buenos Aires, que creará nuevos cargos.
Es posible que en su discurso ante la Asamblea Legislativa Mauricio Macri le pida al Consejo que avance contra los jueces a los que investiga. Al menos el tema está anotado entre los que analiza incluir. Mencionarlo no sería más que un gesto de coherencia. Dos semanas atrás, el diario La Nación ponía como su principal título de tapa, con cierto tono de celebración, que el Gobierno tiene un plan para echar jueces por medio de juicios políticos. Lo mencionaba como “señales de transparencia” y “cambio institucional” en un año electoral. Como si llevarse puestos a los jueces fuera parte del devenir natural de las cosas. Guste o no, la Constitución prevé su estabilidad e independencia como garantía (otros privilegios, como la eximición de pagar ganancias, en cambio son inventos corporativos y de época).
La lista que ofrecía la nota en cuestión incluía a jueces nombrados durante el kirchnerismo, como Freiler, Rafecas y la camarista de Casación Ana María Figueroa. Esta semana, cuando el Ministerio de Trabajo pidió la destitución de los camaristas laborales, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, en el portal “lapoliticaonline” se podía leer que funcionarios oficiales decían que era un “correctivo” para todos los jueces que no fallen en línea con las expectativas del Gobierno. Arias Gibert y Marino habían avalado el aumento hasta abril del 24,12 por ciento acordado en la paritaria bancaria y en un fallo que advertía que el Ejecutivo no debía interponerse en ese convenio. Después de la denuncia en su contra, el camarista dijo que en todos sus años de juez, cargo que ocupa desde 1989, “nunca había visto algo así”, aunque firmó sentencias que no agradaron a otros gobiernos. “Hay una policía de pensamiento”, afirmó. Hasta la tradicional Asociación de Magistrados salió a quejarse y dar respaldo.
Están nominados
En el caso de Freiler, algunos de los fallos o votos que le han costado cuestionamientos del oficialismo fueron su postura a favor de revisar el llamado a indagatoria del CEO de Clarín Héctor Magnetto y al director de La Nación Bartolomé Mitre en la causa por la transferencia ilegal de Papel Prensa; su decisión de sobreseer a Ricardo Jaime en causas de corrupción; y la de quitarle a Claudio Bonadio el caso Hotesur, donde está implicada la ex presidenta. Pero a Freiler no lo denunciaron por nada de eso sino por su fortuna. Es obvio que los jueces deben rendir cuentas de su patrimonio y en algunos casos es sospechoso el nivel de vida que llevan. Este camarista tiene un listado de bienes impactante, que incluye una gran casa frente a la Quinta de Olivos, un departamento en Pinamar, un lote en Necochea, un Mercedes Benz, una camioneta Ecosport, dos autos antiguos de colección y un yate. La justicia penal lo investigó y fue sobreseído. Aun así, en el Consejo de la Magistratura lo siguen investigando por lo mismo.
La denuncia provino del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (el mismo que históricamente avaló los golpes de Estado) y la investigación está a cargo de Tonelli, quien casi inmediatamente después de negar de manera tajante en una entrevista en La inmensa minoría en Radio con Vos que hay un plan para remover jueces, ordenó 25 medidas de prueba sobre sus bienes, su historial laboral y legajos y sobre sus parientes.
La semana pasada Freiler presentó una denuncia penal contra Tonelli, la presidenta del Consejo, la abogada Adriana Donato, su antecesor en se lugar, el abogado Miguel Piedecasas y contra el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger y dos funcionarios que trabajan con él, por violación de secretos, abuso de autoridad y violación de la ley de inteligencia nacional. Los acusa de actuar como si fueran jueces, algo que tienen prohibido, cuando además la causa penal en su contra está cerrada.
Muchos otros expedientes abiertos en el Consejo contra otros jueces de Comodoro Py están basados en las mismas causas que por intereses diversos inquietan al gobierno de Cambiemos. El de Rafecas es evidente: se lo investiga por su decisión de abrir una causa con la denuncia de Nisman contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Como ya es conocido, Nisman apuntaba a la firma del Memorándum y una teoría conspirativa de que en realidad estaba pensado para dar impunidad a los responsables y levantar las alertas rojas, nada de lo cual sucedió.
El expediente contra Rafecas está cargo del radical Angel Rozas, y parte de dos denuncias similares, una de Elisa Carrió y otra del diputado de Cambiemos Waldo Wolff, ex titular de la DAIA, que dicen que el juez tergiversó pruebas para desacreditar a Nisman. En su resolución Rafecas había mencionado que el fiscal guardaba en su caja fuerte un documento escrito en octubre de 2014 que presentaría ante el Consejo de Seguridad de Nacionales Unidas que, a contramano de su denuncia, era de lo más elogioso con la política de Cristina Kirchner sobre el caso AMIA. Desde el año pasado desfilan en el Consejo testigos pedidos impulsados por Wolff, empezando por él mismo. Uno de los puntos que sostuvo Wolff es que el documento de Nisman elogioso con CFK era anterior al Memorándum. Sin embargo, también declaró Antao Cortez, uno de los secretarios que junto con Soledad Castro escribían las presentaciones que Nisman les encomendaba en la Unidad AMIA, y afirmó que era de octubre de 2014 y que solía dejar documentos firmados por si quería presentarlos. Castro –afín a la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado– dijo que Nisman había cambiado de opinión. También declaró el fiscal Ricardo Sáenz, quien encabezó la marcha del 18F por la muerte de Nisman dirigida contra el gobierno de CFK y que ya opinó que sospecha que fue un magnicidio.
Rafecas tiene cinco denuncias en el Consejo, cuatro de las cuales están en manos de radicales (Rozas y el diputado Gustavo Valdés). Hay una vinculada con la causa Hotesur, otra con el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López y otras por su criterio para avanzar en causas de lesa humanidad.
También tramitan pedidos de jury contra los jueces de Casación Figueroa y Alejandro Slokar. La primera, por haber recibido equipamiento del Ministerio de Planificación de Julio De Vido para hacer videoconferencias. Un juez, Marcelo Martínez de Giorgi, ya dijo que allí no hubo delito y menos dádivas. A Figueroa la cuestionó su colega Juan Gemignani, el juez que ordenó detener a una secretaria por no cumplir una orden, quien también fue denunciado pero no figura en la lista de la “depuración” que quiere el gobierno. En cambio aparecer también Slokar, denunciado por Carrió por firmar un fallo contra José López después de que fue detenido. La diputada acusa a Slokar de oportunista.
La nómina sigue con un juez de tribunal oral, Oscar Hergott, y el juez de Mar del Plata Jorge Ferro. Hay nombres que cada tanto el macrismo nombra y deja de mencionar, como los de Rodolfo Canicoba Corral y Sebastián Casanello.
Bancas en duda
Un dato relevante es que todos los expedientes del Consejo, de donde puede llegar a salir un juicio político, empiezan su trámite en la comisión de Disciplina y Acusación. Su actual titular es Tonelli, cuyo ingreso al organismo fue a los empujones: su lugar con anterioridad lo ocupaba la ex diputada del Frente para la Victoria Anabel Fernández Sagasti, a quien se le terminó el mandato como legisladora cuando le quedaban dos años como consejera de la Magistratura. Después de las últimas elecciones, Cambiemos interpretó que ese lugar en el Consejo les correspondía. El organismo mismo votó la incorporación de Tonelli, pero todavía sigue en trámite un amparo que cuestiona su designación, que está a cargo del juez en lo Contencioso Administrativo 6 (quien se viene tomando bastante más tiempo para esto que para confirmarle a la jueza Elena Highton de Nolasco que puede seguir en la Corte después de los 75 años, algo que resolvió en semanas). ¿Y si al final el fallo dice que el lugar no era de Tonelli? ¿Sus votos no valen? ¿O será que el juez espera que pase el tiempo y cumpla el mandato?
El oficialismo también decidió quitarle un lugar al FpV en la propia comisión. Cuando Héctor Recalde dejó el Consejo y lo reemplazó Rodolfo Tailhade, a éste le impidieron ocupar el lugar que tenía su antecesor en Disciplina y Acusación. El único kirchnerista que quedó de los nueve integrantes es Ruperto Godoy. Ahí el oficialismo (con una alianza que une radicales y jueces) tiene mayoría garantizada. En el plenario, tiene 8 de los 13 votos de forma casi permanente y un noveno (que suele ser el representante académico, Jorge Candis) fluctuante. Para aprobar ternas de jueces o iniciar juicios políticos, necesitan dos tercios. Tienen chances de conseguirlo. Si no, tienen capacidad de bloqueo.
A nombrar jueces
En muchos de los textos que cuentan como si tal cosa que el Gobierno quiere echar jueces, también se da por hecho que quiere nombrar, 70 o 100 este año, dato que algunas fuentes confirman a este diario y otras desmienten. Es que desde el punto de vista burocrático es casi imposible hacerlo, pero lo que sí existen son estrategias concretas para ir designando jueces en lugares claves, tal como se volvió a hablar en el último plenario de consejeros.
El último día de 2016 fue promulgada una ley que transformará seis tribunales ordinarios en tribunales orales federales. Así, habrá seis tribunales orales federales que se sumarán a los seis actuales. ¿Cómo se decide qué jueces de los 30 tribunales comunes pasan a ser federales y a convertirse en expertos en corrupción, crimen organizado, derechos humanos y narcotráfico? La ley de Cambiemos dice que para elegir los nombres alcanza con una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura. Por eso en el último plenario empezó la discusión del criterio que usarán: casi todos los jueces ordinarios quieren ser federales (para lo cual no concursaron). Para decidir bastan los siete votos que conjugan el PRO, los radicales, abogados y jueces, que viene a ser una alianza entre Cambiemos y la corporación judicial. La importancia de los nuevos tribunales radica en que son los que juzgarán las grandes causas que hoy saturan los medios y que aún están en la etapa de instrucción (escrita) en Comodoro Py. Los demás están saturados. Llegarán los expedientes contra CFK, Amado Boudou, Aníbal Fernández, Lázaro Báez, Cristóbal López, Oscar Parrilli y también podrían tener su lugar los Panamá Papers y la causa por el acuerdo para condonar la deuda del Correo del grupo Macri.
El Consejo ya hizo gala de grandes piruetas incluso para nombrar jueces en lugares que ya estaban vacantes y en dos tribunales nuevos. Desplazó sistemáticamente a dos mujeres, que tenían las más altas calificaciones, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez. En lugar de ellas, que ya estaban nombradas, buscaban otros subrogantes varones o incluso jueces de tribunales ordinarios. Namer, tras una larga protesta, aceptó ir a un tribunal común. Después que esta situación escandalosa salió a la luz en una nota de PáginaI12, a López Iñiguez le tomaron juramento la semana pasada.
El otro gran tema que le abrirá al oficialismo el camino para designar jueces es lo que se conoce como “el traspaso de la justicia” a la Ciudad de Buenos Aires. Por un convenio firmado entre el Gobierno nacional y la Ciudad se traspasarán el 75 por ciento de los delitos que hoy están a cargo de los juzgados nacionales ordinarios, como robos, estafas, hurtos y hechos de corrupción de la Capital Federal. Esto implica que habrá también un traspaso de órganos y estructuras los tribunales nacionales a los porteños. Por el acuerdo, la mudanza comenzaría por juzgados y fiscalías que están vacantes. A la larga, habrá 49 juzgados penales en la ciudad. En este caso, el órgano encargado de designar a sus titulares será el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, donde también tiene mayoría el oficialismo.
En un fallo de la semana pasada la Corte Suprema dio respaldo a que esto suceda, porque sostiene que la Ciudad de Buenos Aires desde que fue reconocida como autónoma debe tener su justicia. El “traspaso” generó reacciones corporativas y de los gremios judiciales. Desde el punto de vista político, el Gobierno lo ve como una oportunidad agregada para armar su propia “Justicia”.
