En la última de ocho mesas de discusión sobre la reforma del régimen penal juvenil convocadas por el Ministerio de Justicia, el Gobierno se llevó una sorpresa: 34 de los 40 oradores presentes se opusieron de manera tajante a bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, tal como quiere y viene anunciando el oficialismo. De los seis restantes, sólo dos defendieron esa opción y los demás quedaron indefinidos. Entre los detractores de la idea, hubo representantes de Unicef, de la Defensoría General de la Nación,  la Sociedad Argentina de Pediatría, la Procuración Penitenciaria y funcionarios de varias provincias. La situación, que tuvo que ser reconocida por el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, hizo tambalear los planes de Mauricio Macri de anunciar un proyecto de ley que incluiría “la baja” en su discurso de mañana ante la Asamblea Legislativa. Quienes apuntalan al Presidente en este tema, entre ellos el ministro Germán Garavano, le desaconsejaron dar marcha atrás, porque suponen que le rendirá en términos electorales. El sábado Casares apareció en los medios diciendo que todos los planeas seguían intactos más allá de la ferviente oposición.   

La rotunda mayoría que se impuso el jueves en el piso 11 del Ministerio de Justicia, advirtió que no se puede ignorar la Convención de los Derechos del Niño, que sostiene que aplicar el derecho penal en la niñez tiene que ser siempre el último recurso; que se debe respetar el principio de “progresividad y no regresividad” según el cual ninguna reforma puede empeorar la situación vigente pero es lo que pasaría si se aumentara el poder punitivo para castigar a una franja de edad que hoy no es punible.  También hubo una advertencia casi general: no se conocen los fundamentos del “por qué” y el “para qué” Cambiemos promueve la “la baja” o de dónde surge que mandar a prisión a menores sería una solución, por ejemplo, al delito o la llamada inseguridad.  Muchos de los especialistas que expusieron parten de la idea de que el sistema penal fracasa de sus objetivos pretendidos, es conveniente evitar lo más posible que las personas ingresen a él y, mejor, que operen políticas públicas, de protección y prevención. A todo esto suman que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional, ya que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por imponer penas de prisión perpetua a menores de edad.

En lo que existe un acuerdo generalizado es en la necesidad de reformar la Ley Penal Juvenil, cuya esencia data de la última dictadura. Pero “es contradictorio intentar zanjar y evitar una ley de la dictadura cívico-militar y, por otro lado coincidir en la baja de la edad de punibilidad, que fue lo que hizo la propia dictadura (la bajó a 14 años, y luego se volvió a subir)”, expuso en el encuentro Damián Muñoz defensor oficial ante tribunales orales y co-titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes del a Defensoría General de la Nación. Muñoz fue el primero en hablar y plantear múltiples problemas, algunos de índole “normativa” de incluir a los adolescentes desde los 14 en el régimen penal. Muchos de los oradores siguieron su línea. Algunos plantean que “la baja” es una manera de proteger a los jóvenes para darles garantías y que se puedan defender. La postura del Gobierno, que es la más extrema, sólo fue sostenida por Diana Cohen Agresto, cuyo hijo fue asesinado en un robo en 2011 (por un joven mayor de edad) y por el representante de una organización no gubernamental.

Florence Bauer, de Unicef-Argentina, fue enfática también en oponerse al proyecto oficial y dijo que no entendía cuál era el apuro. Miguel Cillero, un prestigioso especialista chileno que llevó el propio Gobierno a la mesa, fue cauto y dijo que en su país el proceso de reforma penal juvenil llevó cinco años de discusión antes de la presentación de un proyecto. Aquí en 2009 tuvo media sanción en el Senado, con la mayoría kirchnerista, un proyecto que bajaba la edad, pero en Diputados no consiguió aprobación. En la reunión del jueves pasado casa expositor, al final, decía si apoyaba o no la baja. Hubo funcionarios y funcionarias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santiago de Estero, jueces/zas, defensores/as, y varias organizaciones. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue con un grupo de jóvenes que hablaron desde su experiencia.

Cuando fue consultado después del encuentro, Casares, el subsecretario que coordinó la mesa, reconoció que la postura del gobierno había sido derrotada. Clarín incluso publicó que el Gobierno desistiría de su postura original de bajar la edad de punibilidad a 14. Pero al día siguiente, Casares apareció en varios medios de comunicación anunciando que el Ejecutivo avanzará igual y que “la baja” será anunciada por Macri en la apertura de sesiones. “No saben qué hacer”, reconoció un alto funcionario a este diario. “Lo que sucede es que el ministro y la mesa chica que Macri piensan que la gente sociedad quiere gente presa”, remató.