El futuro de la causa penal sobre el acuerdo del Correo quedará en manos de la Corte Suprema, que tendrá que pronunciarse sobre planteos de los imputados, que buscan el cierre del expediente. Hasta ahora fueron indagados el ex ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa , Oscar Aguad, su ex titular de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, el titular de la empresa, Jaime Cibils Robirosa y el apoderado, Jaime Kleidermacher. Desde hace siete meses está sin resolverse su situación procesal. La sala IV de la Cámara de Casación Penal había rechazado los cuestionamientos de las defensas, que decían que no se cometió delito alguno y que las indagatorias son nulas, pero ahora admitió un recurso extraordinario de las defensas para llegar al máximo tribunal. La principal sospecha, vale recordar, es que se intentó beneficiar a la empresa postal del Grupo Macri con un convenio que licuaba el 98,87 por ciento de la deuda que tiene con el Estado, y que fue frenado por la denuncia de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín.

La causa penal, que está a cargo del juez Ariel Lijo, es de hecho una derivación de la denuncia que hizo Boquín a comienzos de 2017. El primer fiscal que impulsó la investigación fue Juan Pedro Zoni, quien incluso imputó al propio presidente Mauricio Macri. Tiempo después el procurador interino, Eduardo Casal, anuló su nombramiento en la fiscalía federal 8, donde actuaba. Sobre esta cuestión, se acaba de sumar una noticia sorprendente: el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico hizo lugar parcialmente a una medida cautelar promovida por Zoni, que habilita ahora la posibilidad de que regrese a esa fiscalía de donde fue removido.

El derrotero que explica esta situación es algo intrincado. Zoni había concursado para ser fiscal federal en Santiago del Estero y juró en 2014 para ese cargo, pero como pasaba el tiempo y la fiscalía no era habilitada, fue nombrado con un traslado definitivo en una fiscalía de Comodoro Py en 2018. Cuando fue removido de allí por Casal, lo mandaron a una fiscalía ordinaria porteña. Pero días atrás fue finalmente habilitada la fiscalía en Santiago y fue intimado a asumir allí. La cautelar que obtuvo dice que no se lo puede obligar porque todavía está pendiente la resolución de fondo sobre su cargo en el fuero federal porteño. Es decir, hay posibilidades de que sea repuesto allí.

Cuando Zoni quedó fuera de juego, el fiscal que asumió la investigación penal del Correo fue Gerardo Pollicita, quien propuso la citación a indagatoria de Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher por posible administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Los describió como corresponsables en un acuerdo “espuriamente concebido” que tenía como objetivo beneficiar a la empresa de la familia presidencial comprometiendo el patrimonio del Estado. Quedaron fuera del dictamen, por entonces, Macri, el procurador Bernardo Saravia Frías, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, también cuestionados. 

Los cuatro imputados fueron indagados en marzo pero hicieron planteos de nulidad de las indagatorias y de excepción de falta de acción, con el argumento de que como el acuerdo que Bonquín denunció como ruinoso y abusivo quedaba sin efecto, no había delito alguno en juego. Lijo no quiso resolver si los procesaba hasta que la Cámara Federal resolviera. Este tribunal rechazó los cuestionamientos, pero el juez mandó a hacer un peritaje que dé cuenta de la situación actual de la deuda del Correo. Lo llamativo es que esto está perfectamente a la vista en la causa del concurso de acreedores, donde lo que queda claro es que la empresa de los Macri sigue sin pagar la deuda que la fiscalía estima en unos 4500 millones de pesos al día de hoy .

Las objeciones llegaron a la Cámara de Casación y allí la sala IV en septiembre último las rechazó, por eso los imputados (todos menos Aguad) presentaron un recurso extraordinario para llegar a la Corte, con la expectativa de que los supremos cierren la causa. Un fallo dividido hará que finalmente el expediente en cuestión –uno de los que más preocupan al Presidente– llegue a la máxima instancia judicial. Votaron por esa salida los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, pero Gustavo Hornos votó en contra. Parece increíble que a casi dos años de iniciado un proceso que no reviste grandes complejidades todo siga en veremos. El expediente de la deuda, que sigue impaga, ya cumplió 18 años.