Comenzará este viernes el debate oral y público para juzgar la responsabilidad de seis ex agentes del Servicio Penitenciario Federal y dos ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención denominado "El Vesubio", ubicado en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.
El proceso será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 y formará parte del tercer tramo de la investigación donde se juzgarán el homicidio de 50 personas y la tortura y privación ilegítima de la libertad de otras 370. Entre las víctimas se encuentran los escritores Héctor Germán Oesterheld y Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y la ciudadana alemana Elizabeth Käsemann.
El tribunal estará integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez y serán juzgados el oficial adjutor Hugo Roberto Rodríguez, el adjutor principal Eduardo David Lugo, los ayudantes de 5° Milcíades Luis Loza y Olegario Domínguez, y los subayudantes Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceski, todos ellos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal. Entre los militares juzgados se encontrarán el ex teniente Humberto Eduardo Cubas y el ex coronel David Cabrera Rojo. Otro imputado, el ex teniente primero Serapio Eduardo del Río, fue apartado del proceso por incapacidad sobreviniente y tampoco estará presente el ex cabo Oscar Alberto Pirchio porque falleció hace un tiempo. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal general Alejandro Alagia.
“El Vesubio” funcionó entre 1975 y 1978 en un predio del Servicio Penitenciario Federal. Se especula que sus actividades como centro de detención ilegal iniciaron un año antes del golpe de Estado, aunque entonces era denominado “La Ponderosa” y allí reprimían a integrantes de distintas agrupaciones peronistas y de izquierda. Ese centro clandestino dependía del Primer Cuerpo del Ejército y según informes y testimonios reunidos, pasaron por allí cerca de 2.500 detenidos, de los cuales sobrevivieron muy pocos. El edificio estaba ubicado aproximadamente a 200 metros de la autopista Ricchieri y dejó de funcionar en 1978, cuando fue demolido por el Ejército antes de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Allí se llevaba adelante de forma sistemática la tortura física y psicológica a los prisioneros, el tabicamiento, la prohibición del uso de la palabra o de la escritura, la asignación de una letra y un número en reemplazo del nombre, el alojamiento en pequeñas celdas llamadas “tubos”, la escasa comida y bebida, y la total pérdida de identidad. También las violaciones y los abusos sexuales a las detenidas por parte de torturadores y guardias eran una práctica corriente y sistemática, de la cual no estaban exentas las prisioneras embarazadas. Según sobrevivientes, “El Vesubio” era un “chupadero táctico”, es decir, un lugar de primer destino luego del secuestro en donde se producían las primeras torturas e interrogatorios y en base a eso se tomaba la decisión acerca del destino de los prisioneros. La liberación, el traslado a un “chupadero de alojamiento”, o la muerte.
El centro clandestino El Vesubio reunió a represores de todas las fuerzas militares y de seguridad, cumpliendo la función de guardias, torturadores y secuestradores. Miembros del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Ejército, la Aeronáutica, la Prefectura y la Gendarmería Nacional. También actuaron cumpliendo distintas funciones civiles que colaboraron con las fuerzas represivas. En la instrucción de la causa intervino el fiscal federal Federico Delgado y en julio de 2017, el juez Daniel Rafecas había resuelto la elevación a juicio de las actuaciones.
