La Cámara de Diputados declaró su "más enérgico repudio" a los interrogatorios bajo torturas en la comisaría de Sunchales, que derivó en la detención de una patota de ocho policías -siete efectivos y su jefe-, el cierre de la seccional por el intento de borrar huellas y limpiar la escena de los delitos; respaldó a las dos fiscales que investigaron el caso, Gabriela Lema y Lorena Korakis y exigió al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y a su colega de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein que "tomen medidas" para prevenir la violencia policial en la provincia. "La tortura es delito", planteó la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Alicia Gutiérrez al tratarse el asunto en el recinto. "Bajo ninguna circunstancia deben soslayarse los procedimientos judiciales que garantiza nuestro estado de derecho".
Sobre tablas y por unanimidad, la Cámara aprobó un dictamen lapidario de la comisión de Derechos y Garantías que revela cómo operaba la patota policial en Sunchales, ponderó la investigación de las fiscales Lema y Korakis y del fiscal regional Diego Vigo y denunció la "justificación" política de la mano dura y hasta el armado de marchas bajo la queja de "policías presos" y "chorros libres".
Gutiérrez denunció los interrogatorios bajo tortura a dos hermanos presos en la comisaría, uno de ellos sufrió "heridas tan graves que le ocasionaron la pérdida de ocho litros de sangre", dijo. En la audiencia imputativa, las fiscales revelaron los suplicios a los jóvenes: amenazas de "abuso sexual", "golpes de puños y patadas", submarino seco y a uno de ellos lo "empujaron contra un ventanal de vidrio que atravesó con las manos esposadas, lo que provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo".
El dictamen de Derechos y Garantías que aprobó la Cámara tiene la firma de Gutiérrez y de sus colegas del Frente Progresista Susana Bertone, Inés Bertero y Oscar Pieroni. La comisión la integran también Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Germán Mastrocola (Pro) y Leandro Busatto (PJ). El documento expresa su "más enérgico repudio" a la aplicación de martirios en la comisaría de Sunchales, "respalda las actuaciones" de las fiscales Lema y Korakis ("hay que nombrarlas por su apego a la ley", dijo la diputada Gutiérrez) y reafirmó que "bajo ninguna circunstancia deben soslayarse los procedimientos judiciales que garantiza nuestro estado de derecho". De paso, solicitó al Poder Ejecutivo que "tome medidas" ante la violencia policial y "active los dispositivos de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes": un mecanismo que la Cámara de Diputados aprobó seis veces en una década, pero que nunca pasó el filtro del Senado, recordó Gutiérrez.
La Cámara dijo que la patota policial actuó como un grupo de tareas. "Un accionar aberrante", lo describió. Las pruebas logradas por las fiscales demuestran que "los agentes actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas" y acusaron a los siete imputados por "el delito de torturas" y al jefe de la comisaría por "encubrimiento agravado". Los ocho están presos.
A pesar de la gravedad de los hechos, los medios locales y hasta "algún funcionario" -que no se identificó- "justificaron el accionar policial", "repudiaron la actuación de las fiscales" y hasta las amenazaron con denunciarlas por supuesto "mal desempeño y abuso de autoridad".
"Una manifestación" de apoyo a la "buena policía" reclamó la libertad de la patota, exigió la reapertura de la comisaría -cerrada para resguardar pruebas- y agitó la consigna: "Los policías están presos mientras los chorros están libres". "Es profundamente lamentable que la población opine que el buen accionar policial consiste en cometer torturas y tormentos contra los detenidos y vulnerar las garantías constitucionales", denunció la comisión de Derechos y Garantías. "Pero más preocupante que estas conductas se naturalicen en las fuerzas de seguridad".
