La magnitud del terror militar en esta región.

Los testimonios en la causa Feced 3 y 4, las pruebas obtenidas, se convertirán desde el miércoles próximo en el alegato fiscal que presentará Adolfo Villate, titular de la Unidad de Derechos Humanos de los tribunales federales de Rosario. Con 191 víctimas, de las cuales 70 son mujeres y 121 hombres, el juicio a los integrantes del grupo de tareas que funcionaba en el centro clandestino más grande de la región, el Servicio de Informaciones, tenía originalmente 14 imputados. El juicio comenzó el 5 de abril del año pasado, justo después de la muerte de uno de los acusados, el ex capellán militar Eugenio Zitelli. Durante el proceso, murieron otros dos acusados de integrar los grupos de tareas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica: Daniel González y Carlos Altamirano no recibirán sentencia por estos delitos. Villate y la fiscal ad hoc Ana Oberlin alegarán desde el miércoles. ¿Quiénes eran las personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas? ¿Qué amaban, por qué militaban? ¿Cuál fue su trayecto vital antes de ser víctimas? La Fiscalía mostrará fotos, sobre todo de las personas desaparecidas y asesinadas, en situaciones de vida y militancia. Una parte del alegato referirá a los delitos cometidos contra niñas y niños: Patricia tenía tres años cuando fue secuestrada junto a un matrimonio, y pasó meses en el SI. La Fiscalía pedirá que se la considere víctima, como a otros niños y niñas que fueron secuestrados, o nacieron en cautiverio. Por primera vez -pese a los profusos testimonios que existen desde el Juicio a las Juntas sobre lo extendido y sistemático de las agresiones sexuales en ese lugar- habrá pedidos de pena por ese delito específico contra dos víctimas, Stella Hernández y Adriana Beade.

Hablar ahora

Villate subrayó "la cantidad de víctimas nuevas que en este juicio fueron incluidas, casos que fueron emblemáticos desde siempre y recién ahora se están juzgando por distintas razones". Cientos de testigos dieron cuenta de la magnitud de la represión ilegal en el centro clandestino por el que pasaron alrededor de 2000 personas. "Pero además lo que es importante, y lo que al menos a mí fue una de las metas que nos propusimos, fue ir volcando cada nombre nuevo que apareciera en un listado para a su vez formar una causa para que esa víctima tuviera una respuesta". Villate hace hincapié en las personas que hasta ahora no habían hecho pesar en la justicia su calidad de víctimas. "Ahí lo que a uno le surge es que nos hemos encontrado con casos de personas que nunca quisieron saber nada con los juicios, entonces uno se mete en un terreno conflictivo, en un filo, vos querés darle respuesta a una víctima, pero puede llegar a suceder que esa persona nos diga que no le interesa declarar". Para el fiscal, "dar cuenta de esos casos también implica construir o seguir aportando a cómo se construye el número de los 30.000". En general, se trata de personas que "han pasado muy poco tiempo (en el SI), que no se perciben a sí mismos como víctimas, que no estaban insertados en ningún tipo de militancia, que por lo tanto después de que pasaron lo que pasaron no lo trataron con nadie más, de hecho lo acallaron en su propia familiar".

Uno de los puntos del alegato será la violencia sexual, específicamente contra dos víctimas: Stella Hernández y Adriana Beade.  

Que una persona haya pasado 45 años sin hablar de los delitos sufridos, que recién ahora la justicia puede reconocerla como víctima, habla también de la actualidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Se supone que a las sociedades les lleva entre 25 y 30 años elaborar los genocidios y yo entiendo que es así, pero cuando he tenido que dar alguna charla o explicar por qué tiene sentido que habiendo pasado 40 años se sigan llevando adelante los juicios, la respuesta es esa, que el poder no se disuelve inmediatamente. Y tanto no se disuelve inmediatamente que una de las cosas por las cuales insistimos con la cárcel común es que hay una estructura de poder que está tratando de satisfacer sus intereses. Esa estructura de poder se vio con el 2 x 1 (con la sentencia de la Corte del año 2017, que debió ser revocada por la movilización popular). Ese poder está ahí latente, está tensando, y vos siempre tenés que estar viendo que esa tensión no se vaya del lado de los que buscan impunidad", consideró el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.

"Está también el caso de personas que "han pasado muy poco tiempo (en el Servicio de Informaciones), que no se perciben a sí mismos como víctimas"

Impunidad biológica

Para Villate, la muerte de tres imputados durante el proceso genera responsabilidades. "La situación más evidente y obvia es la impunidad biológica y tenemos que tratar de apurarnos para avanzar. Es algo lógico, que genera los planteos de detención domiciliaria, porque hay cada vez mayor desgaste físico real, por la edad de los imputados. Nosotros hemos tenido que desarrollar conocimientos médicos que no estábamos acostumbrados", reconoce. Por eso, pone el énfasis en "la múltiple vara" y recuerda el emblemático caso del jerarca nazi Rudolf Hess, que estuvo preso cuarenta años, de los cuales pasó veinte años alojado solo en la cárcel de Spandau. "Muchas veces se ponen como ejemplo sociedades supuestamente más avanzadas, y no las tomamos como ejemplo cuando consideran que la edad no es un impedimento para cumplir una condena. En este último período hubo un cambio en la jurisprudencia, que ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiso corregir. Vos tenés la cuestión etaria, la salud y además, la gravedad de los delitos. Lo que históricamente había hecho la Corte era hacer prevalecer la gravedad de los delitos, el tiempo que había pasado, la impunidad, la colaboración que había tenido el aparato del poder mismo en lograr que esa impunidad se concretara, porque es algo que se desenvuelve en el tiempo, el poder no es algo que se agota inmediatamente". De este modo, la puja por las prisiones domiciliarias es una de las consecuencias del paso del tiempo.

Sebastián Granata

Castigo específico

Uno de los puntos del alegato será la violencia sexual, específicamente contra dos víctimas. Si bien la imputación original era a Mario Marcote, alias el Cura, luego se amplió la requisitoria fiscal a José Lofiego. "Lo que tratamos de respetar es que sea la víctima la que lo exprese, si está viva, y en el caso de aquella víctima que falleció, ahí se tiene en cuenta por el hecho de que no hay nadie que hable por ella. Tenemos mucho cuidado de, si la víctima no quiere contarlo, eso queda en el ámbito de su intimidad por más que nosotros sepamos por otras personas que esa persona fue víctima de delitos sexuales", consideró Villate.

La encargada de alegar por esos delitos será Oberlin. "Por primera vez se está juzgando la violencia por medios sexuales en Rosario si bien apareció en todos los juicios anteriores, es la primera vez que hay una imputación precisa contra Marcote, y nosotros logramos que se amplíe en este juicio a la violación que cometió Lofiego. Hay por lo menos siete personas nombradas por cometer esta clase de delitos, no es una desviación de Marcote. Que por lo menos siete integrantes del grupo operativo hayan tenido participación en este tipo de violencias indica que se trata de algo mucho mayor que una desviación o práctica individual, indica que es una práctica sexualizada que se aplica sobre las mujeres pero no solo sino también sobre algunos varones, en tanto feminizados con ese castigo", arguyó Oberlin, que viene trabajando específicamente sobre el tema desde hace años. De las 235 sentencias por delitos de lesa humanidad, sólo el 12 por ciento contienen condenas específicamente por abusos sexuales, violaciones y abortos forzados, que afectaban especialmente al as mujeres. "Eso ocurre porque no se miraba, no había una escucha que habilitara la escucha del poder judicial, en el ministerio público fiscal, era una escucha totalmente sesgada y muchas veces lo vimos, cuando alguien contaba que la habían violado, la habían abusado, habían cometido estas prácticas específicas o prioritariamente hacia las mujeres, y el tribunal, el juez o la jueza de instrucción, los y las fiscales, no daban ninguna respuesta, lo ignoraban", agregó. Para Oberlin, en la actual posibilidad de incorporar estos delitos "confluye el movimiento de mujeres, los feminismos con que esto también se habilita a partir de esta cuestión más fuerte de los feminismos. También tenemos que tener memoria generizada, porque sino estamos teniendo en cuenta solamente lo que sufrió el varón como sujeto de la represión, y las mujeres son ignoradas en tanto lo que vivieron por estar trasgrediendo el orden cisheteropatriarcal además del político".

Para Oberlín, "la dictadura tenía un modelo político, económico, pero también de sexo genérico, basado en una familia que quería imponer"

Oberlin tiene en claro que "la dictadura tenía un modelo social, político, económico, pero también tenía un modelo sexo genérico, basado en un modelo de familia cuya hegemonía quería imponer, la típica familia cisheteropatriarcal, donde los roles de varones y mujeres estaban definidos y la heterosexualidad estaba totalmente encorsetada, era totalmente binario, no había otra cosa". En esa configuración, las mujeres debían estar en la casa, debían ser disciplinadas, "y para eso se utilizaron una batería específica de delitos que no eran los mismos que para los varones", consideró Oberlin. "Había que reconvertirlas y ubicarlas de nuevo en el lugar del que habían salido con sus militancias. Lo que viene a hacer este Feced es cristalizar todo lo que venimos diciendo hace taños años. Es el tercer juicio en la causa Feced y por primera vez se juzgan los delitos por medios sexuales, que vienen siendo narrados por las víctimas, desde la causa 13 (el Juicio a las Juntas). Tuvimos que pasar tres feced y diez años de juicios orales, para que llegaran", subrayó la fiscal ad hoc. Para ella es muy importante subrayar que "el ministerio público no está haciendo esto solamente por convicciones personales, sino porque tenemos una obligación internacional y nacional por distintos instrumentos, de no permitir que estos casos queden impunes, porque como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad de estos casos implica un mensaje de tolerancia de la violencia hacia las mujeres, o machista".

"La situación más evidente y obvia es la impunidad biológica y tenemos que tratar de apurarnos para avanzar".

Fraguados

El alegato irá desgranando lo ocurrido a cada una de las víctimas. Pero su construcción también permite una lectura más general. "Cuando uno cuando escribe los alegatos vas escribiendo hecho por hecho, y la mirada conglobada te va dando otros datos", consideró Villate. El juicio es por 56 víctimas fatales. "De estos 56, 15 son desaparecidos y 41 asesinados. Esta cifra corresponde a enfrentamientos fraguados. Aquellos en los que aparecieron los cuerpos, y se planteó públicamente como un tiroteo. Esto nos muestra también cómo la construcción de sentido de aquel momento, de lo público, la propaganda, se nutrió de personas que pasaron por el Servicio de Informaciones. Esas personas no podían haberse enfrentado con nadie porque estaban secuestradas", analizó.

Una de las obsesiones de Villate es incorporar prueba documental, para fortalecer y complementar los testimonios. "Cuando alguien te acusa de mentir, si vos tenés un documento, es irrefutable. Lo que nosotros hacemos jugar mucho en estos alegatos es la prueba documental. Quiero que los casos estén lo mejor probado, y quiero sumarle al testimonio, la prueba documental que le van a dar solidez. Por eso analizamos expedientes, los libros memorándum de guardia, los informes de la Dirección de Informaciones de la Policía de Buenos Aires, los prontuarios, la documentación de las denuncias ante Conadep del año 84, entre otras muchas", señaló el fiscal.

Los acusados en esta causa son Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Ramon Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lulio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. El tribunal está presidido por Lilia Carnero y lo completan Anibal Pineda y Eugenio Martínez.

Les niñes

Otra particularidad que sumó Oberlin fue la situación de niñas y niños. "De todas las causas por delitos de lesa humanidad que ocurrieron en la ciudad, hay una cantidad de entre 30 y 40. En el alegato vamos a hablar de los casos que se ventilan en Feced, que nacieron durante el cautiverio de las madres, o que cuando las secuestraron a las madres vivieron una situación como que los dejaron solos en el departamento, que también los pone en el lugar de víctima", puntualizó. Patricia tenía tres años. Cayó con un matrimonio, Gregorio Larrosa y Nelly Balestrini. "La pareja y la nena son llevados primero a La Calamita y luego los trasladan al SI. Esa nena estuvo allí meses enteros y nunca fue considerada víctima", planteó Oberlin. Villate sumó en el mismo sentido. "Vamos a insistir con casos de niños que estuvieron privados de su libertad. Analizando todos los casos que venimos teniendo, había una postura de los Tribunales que decían que los niños carecen de una voluntad, que la libertad no es plena porque dependen de sus padres, entonces no se puede privar de su libertad a un niño. Eso es una barbaridad. Porque han tenido un estigma, en el sentido de un daño, que han sido víctimas y también merecen una respuesta. Por eso planteamos sumar a niños y niñas en una misma causa, y decir que fueron víctimas. Queremos que a los responsables se los indague también por los casos de ellos", puntualizó.