El presidente de Ecuador Lenín Moreno, parece decidido a no escuchar los reclamos que hace tan sólo 20 días recorrieron todo el país. La derogación del decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles, abrió un escenario de puja entre el gobierno y la organizaciones indígenas, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) a la cabeza. Mientras todavía se discute una salida política a ese tema, el gobierno sigue al pie las recetas del FMI. Moreno envió al Congreso un mega proyecto de reforma económica que le saca al Estado capacidad de intervenir para dársela a los mercados. Por su parte, la CONAIE presentó un plan económico alternativo donde puso como primera exigencia no aceptar condicionamientos del FMI.Este coctel de medidas del FMI y el gobierno, augura una fuerte recesión económica. Los miembros de Revolución Ciudadana (RC), partido de Rafael Correa, y las agrupaciones indígenas, siguen sufriendo persecución política. Y en las calles aún resuenan los gritos de miles. Son parte de un recuerdo tan vivo, que podría renacer.
Moreno y la CONAIE miden fuerzas
Desde la derogación del decreto 883, que quitó los subsidios al combustible, después de veinte días de estallido social, el gobierno abrió una mesa de diálogo con las organizaciones indígenas mediadea por las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, para discutir una nueva política de subsidios. Ya al comienzo de las negociaciones, no llegaron a un acuerdo en torno a los puntos que debatirían. El gobierno informó que se trabajaría en una reducción de subsidios por sectores. Desde la CONAIE sostuvieron que debía darse una mirada integral al asunto. Entre esas dos posturas, los precios se retrotrayeron a lo que eran antes del aumento anunciado y los subsidios aún siguen debatiéndose. La mesa de diálogo entró en punto muerto cuando la Fiscalía General de Ecuador hizo un pedido de investigación contra el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, quien había manifestado la necesidad de crear un ejército indígena para defender los intereses de sus comunidades. El movimiento indígena respondió denunciando la persecución de su líder.
Con la finalidad de elaborar un proyecto económico alternativo al del gobierno, la CONAIE instaló el Parlamento de los Pueblos en Quito. Establecieron como principio rector el "sumak kawsay (buen vivir)” y que se impida un “nuevo paquetazo contra el pueblo”. Recibieron múltiples aportes para elaborar un proyecto integral y representativo, informa a Página/12 Pablo Iturralde, Coordinador del Centro de Desarrollo Económicos y Sociales (CDES), un centro de estudios que apuntala la labor de la CONAIE desde hace años. “Sobre los indígenas recayó la enorme responsabilidad de negociar con el gobierno. Para descentralizar sus decisiones convocaron a organismos de derechos humanos, sindicatos, gremios transportistas, sectores de la pequeña y mediana empresa, de género, estudiantes, etc”, informó Iturralde. El plan económico resultante, que presentaron a la mesa de diálogo el jueves pasado, exigió al gobierno que aborde la política económica del país por fuera de toda presión del FMI. “Consideramos que los subsidios a los combustibles deben mantenerse hasta que se definan criterios de justicia y equidad para la política económica y tributaria”, dice el texto del plan en su introducción. La quita de subsidios había generado un aumento de hasta el 125 por ciento en los combustibles. En paralelo, el gobierno recurrió a otros interlocutores para trabajar el nuevo decreto, debilitando la posición de la CONAIE como principal fuerza de oposición.
Aunque no lo veamos, el FMI siempre está
Mientras se daba esta discusión, el gobierno de Moreno envió a la Asamblea Nacional (Congreso) un mega proyecto de reforma económica, hecho a medida de las exigencias del FMI. Esta "Ley de Crecimiento Económico", como la llamaron, tiene más de 200 páginas y reforma otras 27 leyes y códigos orgánicos. "Enviaron el proyecto de ley a la Asamblea con carácter “económico urgente”, lo que obliga a tratarla antes del 18 de noviembre. No se puede discutir en tan poco tiempo un paquete de medidas tan grande, como exige el gobierno," explica Iturralde. "Además, por esta 'urgencia' la ley se aprobará automáticamente si la Asamblea no se expide por su rechazo o aprobación. Y para que los legisladores lleguen a una u otra opción se necesita una mayoría de 70 votos (sobre un total de 137), que hoy no tiene ninguna fuerza política. Lo que la pone en una posición de virtual aprobación”, e.
Las reformas que propone esta ley limitaría la capacidad del Estado para intervenir en la economía del país, dice el investigador del CDES. “Entre los efectos macroeconómicos de esta ley, están la liberación de los controles a la exportación y el movimiento de capitales. De esta manera posibilita la fuga de capitales, beneficiando a la banca e importadores. A los bancos les permite reducir sensiblemente sus reservas en dólares. Eso es muy dañino para una economía dolarizada, que no puede emitir moneda, señala Iturralde. “Por otro lado propone una reforma fiscal para restringir la capacidad del ejecutivo de coordinar medidas con el Banco Central. Se busca quitar al gobierno y la Asamblea la capacidad de fijar la cantidad dinero que hay en la economía, dejando a la banca privada esa tarea. Se está privatizando el esquema de dolarización del país”, agregó. La sanción de este proyecto, junto con el de reforma laboral, forman parte de la carta de entendimiento que firmó Lenín Moreno con el FMI en marzo de este año.
El "correísmo", mala palabra
La persecución a la oposición, organismos de la sociedad civil y manifestantes comenzó durante las protestas. “Una vez que el conflicto terminó se profundizaron las demandas judiciales en contra de los dirigentes indígenas y los miembros de RC. A eso hay que sumarle las denuncias que están haciendo las cámaras empresariales, apelando a las figuras de terrorismo, rebelión e insurgencia”, dijo Iturralde. Hay legisladores de RC que hace tres semanas permanecen en la embajada de México, donde pidieron asilo político. Pero el hecho más flagrante de persecución se dio en contra de la Prefecta (gobernadora) de Pichincha, Paola Pabón, que está detenida desde el 14 de octubre. “Se la acusó de rebelión y la tienen en prisión preventiva. Esto puede demorarse un año o tal vez más”, explicó Iturralde. “Se creó un discurso de persecución. Se asocia al correísmo con la insurgencia o rebelión contra la autoridad. Eso es criminalizar una opción política. Muchas de las personas apresadas durante el toque de queda no eran de ese partido. Sin embargo se busca estigmatizarlos tildándolos de correístas”.
El gobierno ecuatoriano sigue negando la brutal represión de las fuerzas de seguridad durante las jornadas de protesta. Hace pocos días llegó al país una delegación del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se reunió con entidades del estado, organizaciones indígenas y de la sociedad civil para evaluar la situación. “El gobierno sigue en estado de negación. Sólo reconoce que hubo un muerto durante las protestas y dice que fue por un accidente de tránsito. Pero la Defensoría del Pueblo denuncia 11 muertes”, señaló Iturralde.
Las estimaciones del FMI y el gobierno para el año que viene muestran un escenario recesivo para la economía ecuatoriana. Hace 20 días la ciudadanía ya se manifestó: no está dispuesta a soportar los ajustes. “La quita de subsidios va a ser resistida por la población, aún si es progresiva o gradual. Pero costo del transporte y el de la vida en general van a subir y se profundizará la recesión, ya sea por la eliminación de los subsidios o por efecto de la nueva ley económica, lo que nos pone ante un escenario en el que se reactivaría el conflictivo en las calles, auguró el investigador. "Lo más probable es que tengamos un nuevo estallido social”.
Informe: Juan Manuel Boccacci
