Desde Santiago

La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.
Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.
A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.
“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.
Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.
El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual. Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.