En una asamblea que realizaron el 29 de octubre pasado, a dos días de conocer los resultados de las presidenciales, los trabajadores del Centro de Referencia (CDR) Salta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación indicaron en un documento que celebraban “expectantes” el cambio de gestión nacional.
“Durante cuatro años resistimos la inoperancia de un gobierno que con una clara intencionalidad provocó el vaciamiento de políticas públicas en nuestro Ministerio”, dijeron.
Entre muchos otros ejemplos, mencionaron el de las cooperativas enmarcadas en los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen.
“Se disolvieron por falta de apoyo del Estado prácticamente todas las cooperativas que funcionaban con los desmantelados programas Argentina Trabaja (25 cooperativas mixtas) y Ellas Hacen (173 cooperativas de mujeres)”, dijo a Salta/12 el delegado de ATE en el CDR Salta, Julián Matorras.
El trabajador detalló que cada una de estas cooperativas tenía un promedio de 25 a 35 integrantes. Podían afrontar las obligaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la AFIP con el apoyo estatal. Desde un abordaje territorial se buscaba la salida laboral de las personas. Esto se articulaba con la complementariedad de los estudios primarios y secundarios con capacitación en oficios.
“El programa propuesto por el gobierno para reemplazar a los anteriores y fusionándolos, que se llamó Hacemos Futuro tiene características individuales (los otros eran acciones colectivas) y está totalmente enfocado en la terminalidad educativa (una suerte de beca), y también incluye capacitaciones de temáticas variadas no específicamente vinculadas a oficios ó salidas laborales”, explicó Matorras al diferenciar los programas.
La política de la destrucción
Los trabajadores entendieron que se desmantelaron en gran medida los CDR perdiendo así el Ministerio de Desarrollo Social su esencia de acompañamiento y contención a los titulares de derechos y el abordaje integral de las problemáticas. “El resultado fueron respuestas débiles e ineficaces”, señaló Matorras.
Entre las políticas que destruyeron las instituciones especificó distintas acciones. Primero, la migración de Pensiones No Contributivas (Madre de 7 hijos, Discapacidad y Ancianos) a la Anses, incluidos los empleados. “El resultado explícito de esta migración al Anses es que hace dos años no hay gestión de pensiones para madres de siete hijos, para discapacidad ahora el certificado es digital y muchos hospitales no lo hacen, se recibe documentación pero no hay respuestas y la gente, los titulares de derechos, se sienten abandonados”, indicaron en un documento.
También la función de asistencia en salud se dejó al descubierto. Trámites que antes podían conseguir en seis meses como máximo medicamentos o prótesis demoran ahora un año y medio o más. Se instrumentó un vademécum que recortó las prestaciones y medicamentos para patologías graves.
Respecto del Programa Alimentario, se dejaron de lado las intervenciones para la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria. Matorras aseguró que tampoco se dio respuesta a la expansión de nuevos merenderos ó comedores comunitarios autogestionados que surgieron a consecuencia de la crisis económica.
En lo referido a niñez y familia sostuvo que se desarticularon las diversas políticas que se venían desarrollando en forma integral. Además, se desvincularon las acciones que continuaban de manera conjunta la Nación y la provincia.
