Producción: Tomás Lukin

Descomprimir pagos

Por Genaro Grasso

El 10 de diciembre nos encontrará con muchas deudas: económicas, productivas, sociales, que deberán ser atendidas con urgencia. Pero también nos chocaremos con la principal herencia del Gobierno de Cambiemos: la deuda externa, y en particular, la deuda en moneda extranjera con privados. Al elevado monto de 108.213 millones de dólares, se le suma el corto plazo del vencimiento de algunos títulos, como el Bonar 2020 y el Bonar 2024, por lo que apremia que el futuro presidente, Alberto Fernández, elabore una estrategia que descomprima los pagos en dólares entre 2020 y 2023.

Resulta curioso el hecho de que el problema no es la deuda con el mercado, sino los vencimientos con el Fondo Monetario y el hecho de que no se impusieron controles de capitales como para evitar la fuga persistente de capitales. El FMI y el Gobierno, con las políticas de desregulación, incumplieron el mandato del Convenio Constitutivo del organismo, que establece que las reservas provenientes del endeudamiento deben preservarse de la fuga y servir para garantizar los pagos de deuda. Fue el Fondo el que puso a los acreedores privados en la presente situación de innecesaria vulnerabilidad.

Entre 2020 y 2023, los vencimientos de deuda en dólares con privados son de entre 10.000 y 16.000 millones anuales dependiendo del año, casi un 25 por ciento de las exportaciones anuales. Esa cifra de vencimientos se llega a triplicar incluyendo el Fondo Monetario en 2022 y 2023. Si bien el peso sobre los ingresos de divisas es muy importante, no es imposible alcanzar un canje voluntario a precios de mercado que resulte beneficioso para los acreedores y al Estado. Por ejemplo, si se cambian a precio de mercado, los bonos en dólares bajo Ley Argentina por bonos Par (PARA) y los Ley Nueva York por Par y Discount (PARY y DICY) en un 50 por ciento, permitiría reducir los vencimientos a entre 4000 y 6000 de dólares por año para el período 2020 y 2023, y cerca de 8000 millones de dólares anuales en los siguientes 4 años. Estos últimos títulos se deberían emitir con “cláusulas anti buitres”, de acción colectiva reforzada, nueva pari passu, y de recursos estratégicos no embargables.

Para ello, se debería trabajar en forma de emergencia financiera: es necesario un debate en la sociedad sobre cuáles son las prioridades en la asignación de las divisas disponibles, y cuáles son los límites aceptables para las tasas a las que el Estado se financia. Como sucedió en 2005 con el canje, es importante que el resultado de todas las negociaciones de deuda, tanto con privados como con el FMI. También es necesario investigar y difundir todos los actos administrativos durante el proceso de toma de deuda entre 2015 y 2019. Sólo así podremos cerrar este doloroso capítulo de deuda de forma definitiva.

También debemos pensar en un nuevo marco regulatorio en materia de deuda. Se deben establecer autorizaciones previas del Congreso para la emisión de deuda bajo legislación extranjera con tasas internas de retorno máximas, para evitar megacanjes o endeudamientos en condiciones desfavorables, y obligar la incorporación de mejores prácticas en emisión de deuda anti buitres. Hay que prohibir o limitar la toma de deuda en moneda extranjera para provincias y municipios.

También se debe establecer un límite por ley para la deuda en moneda extranjera y de vencimientos en los siguientes cuatro años en relación con las exportaciones, que constituyen la capacidad de repago de la misma. En la toma de deuda enviada al Congreso, deberían estar diferenciadas las deudas y sus destinos por monedas: no se puede financiar gasto público en pesos con deuda en dólares. El ingreso de divisas financia salidas de divisas (importaciones, fuga, etc.). Por ello se debe realizar un presupuesto en divisas que estime entradas y salidas, y cómo la deuda externa generará los dólares para el repago.

Finalmente, en 2015 se abandonó una política estratégica de relaciones internacionales hacia un sistema monetario mundial moderno, que sea justo e igualitario. Debemos retomar esa iniciativa, para promover un marco normativo de la Organización de Naciones Unidas que trate los conflictos entre acreedores y deudores en materia de deuda soberana, respetando los principios de trato igualitario, soberanía nacional, justicia distributiva, y correspondencia entre la voluntad y la capacidad de pago. En tándem, es el momento de colaborar en una reforma de los organismos financieros multilateral y un acuerdo internacional para regular la fuga de capitales y las inversiones especulativas.

*Licenciado en Economía UBA - Investigador CCC - Proyecto Económico.

En busca de consensos

Por Pablo Nemiña**

Entre los temas urgentes y complejos que aguardan al gobierno del Frente de Todos se destaca la renegociación de la deuda. La caída de las reservas y la concentración de altos compromisos con acreedores privados y multilaterales durante el primer mandato de Fernández obligan a cavilar estrategias para abordar y resolver este tema contemplando la pluralidad de intereses en juego. Un actor central de este proceso es el FMI, que exhibe un triple rol en la Argentina: acreedor, garante de una renegociación futura y copartícipe del programa económico.

La elevada concentración de vencimientos con el FMI entre 2022 y 2023 vuelve improbable una renegociación limitada a los acreedores privados, quienes requerirán conocer la decisión del organismo para evaluar la sostenibilidad de la propuesta. Y la política de concesión de préstamos a países con atrasos del organismo, condiciona cualquier nuevo acuerdo imprescindible para extender los vencimientos con el Fondo a que haya negociaciones de “buena fe” con los privados. En teoría, esto remite a compartir información no sensible y escuchar la opinión de los deudores; en la práctica, sirvió como mecanismo para presionar por ofertas más generosas.

Argentina y el FMI se transformaron en socios: el país debe 1 de cada 2 dólares prestados por el organismo, y éste posee el 11 por ciento de la deuda bruta total; la situación económica es resultado de políticas consensuadas entre Cambiemos y el FMI; y los riesgos financieros de jugar en solitario obligan a sostener el vínculo en el futuro inmediato. Existe espacio para reconfigurar el vínculo y evitar caer en un juego de suma cero. La clave es construir un nuevo sentido sobre la crisis económica a partir de las posibles coincidencias entre el programa económico del FdT y la cosmovisión del FMI que facilite una resolución cooperativa.

Esto supone resaltar el rol perjudicial que un cúmulo de políticas jugaron durante la gestión de Cambiemos: a) la liberalización de la cuenta de capital, b) la flotación libre del tipo de cambio, c) el endeudamiento externo para financiar el déficit y la fuga, d) el enfoque monetarista para enfrentar la inflación y e) la austeridad como receta para enfrentar la crisis externa. La crítica a estas variables permite vincular los fundamentos de la perspectiva económica del nuevo gobierno con cambios prácticos o discursivos que durante la última década ha ensayado el FMI.

A pesar de su sesgo ortodoxo, el Fondo muestra tolerancia ante regímenes administrados del tipo de cambio; al inicio de la gestión Macri señaló el excesivo optimismo en el monetarismo como receta para bajar la inflación; y en el marco de una crisis de deuda debería reconocer la importancia de destinar el escaso endeudamiento externo disponible a ampliar la capacidad productiva o repagar deuda en moneda extranjera. Con respecto a los controles de cambio y el margen para desplegar una política fiscal contracíclica, el staff ha mostrado más disposición que la Gerencia y el Directorio, donde las presiones directas de acreedores o crudos intereses geopolíticos limitaron esos cambios sólo al plano discursivo. De cualquier modo, los controles fueron incorporados en algunos programas recientes como los de Islandia y Ucrania.

Un consenso en torno a estos puntos contribuiría a: a) reforzar la viabilidad de una estrategia de renegociación que condicione el repago al crecimiento, b) emplazar el esperable giro estratégico del FMI, quien, cual consultor errado, deberá justificar ante sus accionistas mayoritarios el fracaso del acuerdo previo, hacia políticas e instrumentos convergentes con el crecimiento y la inclusión; c) facilitar la negociación con los privados que contarían con expectativas de mayores recursos derivados del crecimiento.

Si crecer para pagar es el norte, esto requiere un aporte de todos los actores relevantes. En el caso de los privados significa aceptar alguna combinación de extensión de plazos y/o quitas de capital o interés; para el FMI, facilitar un nuevo acuerdo que refuerce la posición externa de la economía, incluya financiamiento que al menos permita compensar los vencimientos y, atendiendo a su propia autocrítica y el mensaje explícito de la sociedad argentina, excluya condicionalidades que ahoguen el crecimiento o demanden reformas estructurales que no cuentan con apoyo social o exceden el mandato del organismo; y para el gobierno implica agudizar la creatividad y la audacia para promover un programa de crecimiento reconociendo la trascendencia de la resolución de este conflicto, sin renunciar a las alianzas políticas en las que se apoyó su victoria.

El FMI y el gobierno saliente son corresponsables de esta nueva crisis de deuda. Los acreedores, apoyados por las potencias centrales, procurarán limitar sus pérdidas. Es tarea de la sociedad contribuir desde la política a que la resolución de esta crisis sea el punto de partida de un proceso que no ponga en juego el desarrollo inclusivo.

**Investigador CONICET – UNSAM – FLACSO.