El destino de documentos originales que dan cuenta de la rica historia bonaerense, tales como manuscritos del Martín Fierro; del empréstito de la Baring Brothers; del Acuerdo de San Nicolás; de la causa seguida a Juan Moreira o el expediente Barranca Yaco por la muerte de Facundo Quiroga, han caído en los últimos días en un cono de sombras, luego de que por un decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal se suprimiera de la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Gestión Cultural al Archivo Histórico “Doctor Ricardo Levene”, un organismo que funciona desde 1925.
A sólo tres meses y medio de que la provincia de Buenos Aires celebre sus 200 años de existencia autónoma, y próxima a abandonar el cargo, Vidal –mediante el decreto 1345/19 fechado el 17 de octubre pasado– modificó la estructura de la cartera a cargo de Alejandro “Conejo” Gómez, decisión por la cual fueron eliminados de la plantilla dependencias relevantes como el Archivo Histórico, el Museo Histórico “Guillermo Hudson” y hasta varias direcciones del prestigioso Teatro Argentino de La Plata.
Inspirada en “principios de austeridad, eficiencia administrativa y modernización”, la guadaña pasó también por las direcciones de Promoción Literaria, de Promoción de Derechos Culturales y de Asistencias Artísticas de la cartera cultural. Como además de aprobar una nueva estructura orgánico-funcional del ministerio el decreto también menciona la necesidad de determinar “las equivalencias de remuneraciones” entre el “personal jerarquizado sin estabilidad” y el “personal de planta permanente sin estabilidad”, fuentes gremiales deslizaron que la medida puede esconder la intención de “ubicar a funcionarios políticos de Cambiemos en la planta permanente”, una modalidad que la administración saliente está llevando adelante en organismos nacionales y provinciales.
“Desde 1925 y hasta hoy la provincia ha tenido gobiernos de distintas orientaciones políticas, pero nunca, ni en tiempos de administraciones de facto, se adoptó una medida de este tipo”, se quejó el historiador Claudio Panella, que trabaja en al Archivo hace 33 años y fue su director entre 2001 y 2011.
En concreto, quitarle el estatus de dirección al Archivo Histórico le resta capacidad operativa para administrar el presupuesto asignado según los programas de acción propuestos. También le impide disponer de una caja chica y de asignar y administrar horas extras y otras compensaciones salariales para sus trabajadores. “Toda la situación del Archivo podía resolverse internamente con decisiones tomadas sin solicitar la autorización del superior inmediato. De acuerdo al decreto, pasaríamos a depender de la dirección provincial de Museos y Preservación Patrimonial”, explicó Panella. Así, todo el manejo diario ya no estará en manos del Archivo, y su responsable tampoco tendrá la oportunidad de relacionarse directamente con otros archivos históricos municipales.
Para la cantante popular Marián Farías Gómez, quien entre 1998 y 2015 ocupó diferentes cargos en el área cultural de la provincia, “es muy raro que se modifique la estructura del ministerio justo ahora, porque de esa manera condicionan al nuevo gobierno que seguramente a partir de 2020 va a llevar una política cultural con bases participativas en todas las expresiones culturales. Por suerte los decretos se pueden anular, y lo más probable es que el próximo gobierno anule a éste”.
Farías Gómez cargó duramente contra la gestión de Alejandro Gómez al señalar que “se pagaron sueldos exorbitantes sin tener amparo legal, y además, como culturalmente no hicieron nada más que festivales –que era algo que ya se venía haciendo– seguramente el Tribunal de Cuentas les está pidiendo la rendición de cuentas que solicita siempre cuando dejamos una gestión, para ver cómo se ejecutó el presupuesto en todos esos años. Creo que como no han hecho nada tienen que justificar económicamente ésto, desjerarquizando lo más importante que tiene el país y el mundo, que es nuestra cultura”.
Después del Archivo General del Nación, el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires es considerado como el más importante del país. Cuenta con más de dos millones de documentos que ocupan 1200 metros lineales de estanterías, que abarcan desde mediados del siglo XVII al siglo XX, además de 220 publicaciones editadas. Y una biblioteca con más de 13.000 volúmenes.
A lo largo de su historia, el Archivo tuvo dependencia administrativa del Ministerio de Gobierno, de la Dirección de Cultura y Educación, del Instituto Cultural de la Provincia y actualmente del Ministerio de Gestión Cultural. Pese a ello, siempre mantuvo políticas y líneas de trabajo con continuidad desde su creación hasta la actualidad.
“Este decreto de la gobernadora pone blanco sobre negro a la situación en que las instituciones fueron tratadas y valoradas por el gobierno que se va. La historia, el patrimonio y la memoria de los bonaerenses no ocupó ningún lugar ni formó parte de ninguna política en estos cuatro años”, reflexionó Guillermo Clarke, que preside la Asociación de Amigos del Archivo Histórico y fue su director entre 2011 y 2015.
“En este campo también dejan tierra arrasada y por decreto pretenden dejar su impronta de desprecio por lo público y por el pasado histórico. Convertir al Archivo Histórico en una dependencia burocrática es silenciarlo, y al mismo tiempo silenciar al Estado bonaerense en la disputa por la construcción de sentido acerca del pasado y correrlo de su tarea proactiva en la construcción identitaria provincial”, completó Clarke.
“Lamento profundamente que todo lo que hicimos en cultura durante tantos años en el Archivo Histórico, en cada uno de los museos, en cada una de las direcciones, en el museo Udaondo que volvió a ser el museo estrella de la provincia, en las regiones culturales, todo lo que hicimos desde más o menos el ‘98 dejó de existir en el gobierno de Cambiemos”, concluyó Marián Farías Gómez.
