Con una acción de amparo, quince comunidades de pueblos originarios de la provincia de Santa Fe fueron a la Justicia para reclamar su derecho a participar de la asamblea de elección de nuevos consejeros del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS). El recurso presentado el 22 de octubre pasado incluía como medida cautelar la suspensión del encuentro convocado para el 23; pero ante la realización del mismo, la cautelar quedó abstracta. Las abogadas que representan a las comunidades ampliarán hoy la presentación del recurso con un pedido de nulidad de la asamblea que se hizo en Recreo, en la que fueron elegidos los representantes, y que -aseguran- no contó con todas las voces. Además, las comunidades cuestionaron que se hiciera en este momento de transición del gobierno provincial. El Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Rosario le dio trámite al amparo y corrió traslado a IPAS para que conteste.

La presentación judicial plantea "que se ordene la participación de la totalidad de las comunidades aborígenes en la asamblea", ante la "falta de representación de algunas de éstas para la elección de consejeros", por los próximos tres años. El escrito aclara que "estaba vencido el mandato anterior, desde mediados de año". En tanto, insiste que la normativa sobre Pueblos Originarios señala que debe garantizarse "el derecho colectivo a la participación política".

"La provincia debería haber convocado mucho antes, vemos intención política. Se convocó a pocos días de la elección nacional". Ariel Araujo

El recurso detalla que el IPAS fue puesto en funcionamiento en 2009. Desde diciembre de 2011 está conformado por cinco consejeros y consejeras electos por asamblea y su presidente, electo por el gobernador. De esta manera, se reconoce a las comunidades como personas jurídicas de derecho público. Sin embargo, plantearon que "existen más de quince comunidades -sin personería jurídica, pero "con derecho de participación por mandato constitucional"- que quedan afuera.

Si bien el planteo se hizo en la vía administrativa, la respuesta fue que "de los criterios acordados se decide convocar a las comunidades inscriptas en el Registro Especial de Comunidades Aborígenes (Reca) y en el Renaci". Frente a ello, las comunidades plantearon que "en función de la preexistencia de los Pueblos Indígenas, que reconoce la Constitución, la inscripción que hace el Estado no es de carácter constitutivo". Y remarcaron que "hay muchas comunidades que hace años están tramitando su personería jurídica sin éxito y con dilaciones". También explicaron que "el Reca tiene como función el asesoramiento, pero no se obtuvo acompañamiento para cumplimentar los requisitos de registración y obtener la personería". De eso habló Rosana Esquivel, quien tiene la personería en trámite. "Hace cuatro años lo empecé y siempre hay un pero", dijo. Sobre la asamblea, aseguró: "Antes participábamos con o sin personería; pero este año no fue así".

Por todo, consideran que no convocar a las comunidades que hacen el planteo es "arbitrario". Y aseguran que lo que está en juego es "el ejercicio de un derecho de libertad".

La normativa sobre Pueblos Originarios señala que el Estado debe garantizar "el derecho colectivo a la participación política".

Frente a ello, hoy las abogadas Antonela Travesaro, Lorena Soldano, Lorena Reyna y Deolina Martínez ampliarán el recurso que tiene en tratamiento la jueza Lucrecia Mantello para pedir la nulidad de la asamblea. Al mismo tiempo, consideraron que debería ser el nuevo gobierno provincial, que asume el 10 de diciembre, el que convoque a la misma. "Lo que ocurrió ese día -por el 23 de octubre- se presentará como un hecho nuevo, ampliaremos la demanda y pediremos la nulidad", detalló Travesaro. "El problema es que se convocó a las pocas comunidades que tienen personería jurídica, pero por la Constitución, las comunidades indígenas tienen la preexistencia al Estado y no se rigen por las normas comunes del Código Civil. Tenemos entendido que hay algunas comunidades con personería que tampoco fueron convocadas", planteó. "Incluso, desde Desarrollo Social dijeron que mandarían a buscar a gente de la comunidad Mocoví de Melincué y nunca fueron; cuando sí buscaron a gente de las comunidades afines al gobierno provincial".

 

Ariel Araujo, de la comunidad Mocoví de Melincué, sumó que lo que sucedió fue "una violación al derecho de participación y consulta". Además de lo judicial, Araujo indicó: "Estamos viendo de evaluar la vía administrativa de la impungación de esa asamblea por todas las irregularidades en el proceso, desde la convocatoria que está hecha fuera de tiempo y que tampoco incluyó a algunas comunidades con personería. La provincia debería haber convocado mucho antes, vemos que hay una intencionalidad política. Se convocó a pocos días de la elección nacional y estamos en un proceso de cambio del gobierno provincial. Entendemos que el futuro gobierno provincial tendría que haber convocado", planteó.