Desde Santiago

Parecen ser mayoría los chilenos que se creen inmersos en 30 años de postdictadura y una vida totalmente privatizada . Eso podría explicar semejante hartazgo unido al deseo de un cambio profundo. Los Carabineros continúan reprimiendo manifestaciones espontáneas y pacíficas con gases cada vez más fuertes, camiones hidrantes y perdigones que han causado lesiones oculares a cerca de 160 personas. Hay un afán por disparar a la cara. Ayer había niños atrapados en el humo y se oían disparos en la zona de Plaza Italia, epicentro de la lucha en Santiago. Una novedad es que, mediante un documento filtrado por hackers, se conoció que la Policía catalogó como “blancos de interés” a dirigentes de base para vigilarlos. Rigoberta Menchú se reunió en Santiago con referentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y condenó el accionar de Carabineros.

Termina un fin de semana de múltiples cabildos en instituciones de todo tipo y color y a lo largo y a lo ancho del país. En estas instancias de debate y conclusión los ciudadanos están reconstruyendo ni más ni menos que la subjetividad y el tejido social chilenos (muchos reconocen en ese marco lo indiferentes que eran antes de la evasión en el metro). Este lunes, después de varios días de marchas autoconvocadas, se espera una masiva a la que llamó Unidad Social, un conglomerado de 70 organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora NO+AFP, el Colegio de Profesores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El propósito es poner un freno al tratamiento en el Congreso de la agenda social planteada por el Gobierno, el polémico paquete de medidas anunciado por Piñera cuando Chile despertó y que no hizo otra cosa que acrecentar la furia popular. También se insistirá en la creación de una nueva Constitución que cambie de cuajo el sistema, en reemplazo de la heredada por la última dictadura.

La mesa de Unidad Social ha tenido un rol clave al promover los cabildos en los que han participado 10 mil chilenos desde el 24 de octubre, y huelgas y marchas. Con la presencia de un sindicalismo que acordó constituir un comité para paralizar a todos los sectores y avanzar hacia una huelga general, la convocatoria de mañana lleva el nombre de “Súper Lunes” y posee tres instancias. El primer punto de encuentro es el Congreso, al mediodía. Por la tarde, se esperan concentraciones en las principales plazas de Santiago en defensa de los 10 puntos del Pliego de las y los Trabajadores de Chile. Por la noche sonarán las cacerolas en los barrios. Como viene ocurriendo, esto se replicará seguramente en distintas regiones.

Hay una contradicción entre la fuerza y la valentía de esta sociedad y lo que ha podido conseguir. “El pueblo está convencido de que debe seguir en la lucha. Este maravilloso estallido social ha significado volver a tener una esperanza para terminar con desigualdades e injusticias. Pero en la mejora de condiciones de vida no se ha logrado nada. En términos reivindicativos, sólo se congeló el pasaje de metro”, dice a PáginaI12 Carolina Espinoza Tapia, trabajadora social, dirigenta sindical de Confederación Nacional de la Salud Municipal, vocera de NO+AFP y vicepresidenta de la Regional Interamericana de la Internacional de Servicios Públicos. “Hay una evidente falta de voluntad política para solucionar el conflicto. Es aberrante. No vemos ningún espacio de avance. El Gobierno sigue sin escuchar el clamor ciudadano. No ha hecho más que medidas cosméticas. Un cambio de gabinete de algunas personalidades y un paquete de medidas que son una burla y no modifican el modelo económico”, advierte la dirigente.

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. Todas, para materializarse, requieren de la aprobación del Parlamento. Hasta ahora sólo dos proyectos han superado esta instancia. Diputados dio el visto bueno al Seguro Catastrófico de Salud, caratulado de suma urgencia. Preocupa porque activa una transferencia de recursos públicos a clínicas y farmacias. Así lo explica Espinoza Tapia: “En Chile el 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, el resto en el sector de seguro privado (Instituciones de Salud Previsional, Isapre), con condiciones muy superiores. No tenemos recursos humanos ni insumos básicos. Tenemos que atender en camillas en los suelos. Este proyecto permite que con recursos públicos se entreguen vouchers o dineros públicos para pagar a empresas privadas que hagan lo que los sistemas públicos no podemos hacer”.

Hoy continuaron las protestas. La que más llamó la atención fue la de un grupo de ciclistas que se dirigió a la casa del presidente, que le complicó las cosas al personal de seguridad del jefe de Estado. Los chilenos movilizados entienden que la agenda social profundiza el modelo neoliberal con proyectos que, incluso, datan de antes de la crisis. 

“En el tema de la vivienda buscan transferir dineros públicos a empresas privadas para concesionar departamentos de baja calidad”, ejemplifica la trabajadora social. Este es un tema que podría tratarse justamente en la sesión del lunes. Otro que genera mucho malestar es el de reforma a las pensiones, que implica “mantener las AFP”. Es uno de los puntos más álgidos del conflicto: un sistema de salud dominado por bancos encubiertos de los empresarios más ricos y de algunas transnacionales.

A todo esto, “el poder legislativo, que es en teoría mayoría de oposición, ha sido incapaz de estar a la altura de los tiempos. Ha seguido aprobando la política del Gobierno”, analiza Espinoza Tapia. Guiados por esta percepción, los manifestantes recorrerán dependencias de congresistas de Santiago y Valparaíso. “No hay ningún atisbo de acercamiento a la asamblea constituyente para resolver de manera estructural los cambios”, añade la militante.

--¿Les preocupa que mañana se desarrolle un fuerte despliegue represivo?

--El miedo está instalado. Llevamos a la fecha, en estos últimos años, tres suicidios de dirigentes sindicales y medioambientalistas que no son tal cosa. Tiene que ver con acallar las reivindicaciones que los territorios estaban dando para defenderse de las transnacionales que devoran nuestro ecosistema. Sabemos que hay medidas de seguimiento y control hacia las organizaciones. Han hackeado información de los organismos policiales y tenemos a la vista el fichaje de dirigencia social, en el que por supuesto estoy yo. Es un control que se desmarca de toda regulación legal. Es impresionante lo que estamos viviendo. El Gobierno montó mesas con pseudo personajes para hacer una puesta en escena de intenciones de diálogo y existe una represión brutal como en los tiempos de la dictadura, con veintitantos asesinados, cientos de heridos con traumas oculares, una cantidad de violencia política sexual aberrante, 18 denuncias de violación en mujeres y hombres. Hoy en Chile se detiene ilegalmente, se secuestra por horas. Se cometen apremios ilegítimos, horrorosos. Existe un dispositivo de querer volver a la falsa normalidad bajo un régimen que domina y violenta nuestros derechos. Estamos peleando por la democracia, la educación, la salud, salarios dignos, pensiones, incluso por tener acceso a agua potable. Quieren jugar al desgaste, pasarnos gato por liebre, con limosnas. Y el modelo no se toca. No hay atisbo de reformar la Constitución ni de cambiar el sistema tributario para que los más ricos aporten al bien común, ni de tocar las administradoras.

--¿Hay precisiones de la fecha de huelga general?

--En Chile tenemos un sindicalismo bastante debilitado. No sólo nuestras condiciones de vida materiales son muy precarias, también los mecanismos de participación. La vida democrática ha sido diezmada. Los sindicatos no escapamos a eso y hay atomización, falta de unidad y baja sindicalización. No obstante, frente a esta crisis estamos logrando articularnos con sindicatos del mundo portuario y la minería, estratégicos en el quehacer de Chile. Un ejercicio que Chile no tiene como práctica, lamentablemente, es el de la huelga general. Ya hemos hecho dos (23 y 24 de octubre) con un avance significativo, pero vamos por más. Fecha no tenemos, pero la creación del comité de huelga es un paso político sindical estratégico y maravilloso.

--Hoy varias empresas periodísticas pusieron el foco en una estatua que fue derribada de Plaza Baquedano, haciendo eje en el vandalismo. ¿Qué papel han jugado los medios en todo este tiempo?

--La prensa en este país responde a los dueños de los medios, ese uno por ciento más rico del país. Todos los medios responden a dos o tres bloques de empresas absolutamente funcionales al poder económico y político. Y los gobiernos han permitido que los medios de comunicación de masas sean funcionales a este modelo. Por tanto la postura que han tenido es la de criminalizar la protesta social y están en la senda de volver a la normalidad para apagar el estallido. La violación de derechos humanos no aparece. Tampoco la autoridad política ha tenido un atisbo de reconocer o por lo menos poner en escena un acercamiento hacia las familias que han sido víctimas de manera cruenta. La comunicación a través de las redes es la que nos ha permitido articularnos hoy día. Y con eso nos hemos podido proteger. Se ha tomado sin orden legal en sus domicilios a la dirigencia estudiantil. Es decir: estamos viviendo una situación de riesgo. Sin embargo no aparece en los grandes medios.

--Ayer los partidos de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) dieron a conocer una contrapropuesta a la agenda social. ¿Cuál es la mirada de Unidad Social?

--Algunos partidos de izquierda han tenido la desfachatez de plantear paquetes de medidas para resolver la crisis, pero ellos son parte de la crisis. Supuestamente defendían intereses de la clase trabajadora y del mundo social pero han sido funcionales al modelo y se han enquistado por años en el poder, siendo incapaces de responder a las demandas, sin generar transformaciones, representar a la voz ciudadana, generar mecanismos de participación o entregar medios de comunicación a la gente. Por eso la gente en la calle dice no a los políticos y lamentablemente mete en el mismo saco a todos los partidos: hay un descrédito tremendo. Los partidos de izquierda y de centro izquierda siguen en el juego del gobierno de Piñera. Tremendo y desesperanzador. Ellos no tienen por qué levantar los pliegos; los pliegos los tenemos levantados las organizaciones. Ya les entregamos nuestras demandas a los presidentes de partido y a los jefes de bancada. Nos parecen unos caraduras viniendo con un paquete a levantar otras reivindicaciones.