A casi 26 años de la llamada "Masacre de Wilde", un tribunal de Lomas de Zamora realizará el año próximo el juicio oral y público contra nueve ex policías acusados de haber disparado cerca de 200 balazos que mataron a cuatro personas que viajaban en dos autos, en un emblemático caso de gatillo fácil.
Según informaron fuentes judiciales, si bien la fecha del debate aún no fue establecida, el 6 de diciembre próximo tendrá lugar una audiencia preliminar convocada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 del mencionado distrito para organizar con las partes aspectos vinculados a la prueba.
Los jueces Jorge Camino, Claudio Fernández y Marcelo Dellature se reunirán con la fiscal Viviana Simón; los abogados de las familias de las víctimas, divididos en cuatro querellas, y los de los ocho imputados.
"Tiene mucha importancia que por fin llegue a juicio para que se le pueda ir dando un cierre a esta historia. Este es uno de los casos más emblemáticos de asesinato policial múltiple y violencia institucional que recuerda la historia reciente", dijo el abogado Ciro Annicchiarico, que representa a la familia de Edgardo Cicutín, una de las cuatro víctimas.
El letrado consideró que los acusados gozaron de "impunidad" durante tantos años porque "la mayoría eran policías con altos cargos cuando ocurrió el hecho" y lograron ser sobreseídos en varias instancias hasta que en 2013, la Suprema Corte de Justicia ordenó reabrir la investigación.
Los procesados que llegan a juicio son los ex comisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, los ex oficiales Osvaldo Lorenzón, los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, todos en libertad.
La defensa de González planteó que su cliente tiene "demencia senil" y debe ser eximido de ir a juicio, pero Annicchiarico se opuso y pidió que el tribunal realice una pericia para determinar cuál es su estado de salud.
En tanto, el ex cabo Marcos Rodríguez es el único que está preso porque permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en la provincia de Córdoba tras una investigación de la PSA.
En el debate, los acusados deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas logró sobrevivir.
La "Masacre de Wilde" ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban y los asesinaron a balazos.
Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Ciccutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.
De acuerdo a la investigación, un Renault 21 en el que iban cuatro efectivos interceptó el paso y chocó el Peugeot, mientras que minutos después se sumaron otros cinco policías que llegaron en otro vehículo y acribillaron a balazos ese auto, por lo que murieron los tres ocupantes.
Ante esta situación, Díaz trató de eludir esa escena, pero un grupo de los policías lo hicieron detener, bajar del Dodge con sus manos en alto y lo obligaron a tirarse al piso.
Cuando Ciccutín trató de hacer lo mismo, fue baleado y luego murió en el hospital de Wilde a raíz de las graves heridas sufridas.
De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los once policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, pero luego la Cámara de Apelaciones y Garantías los liberó y finalmente fueron sobreseídos.
Además de quienes ahora van a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba y Carlos Saladino, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseidos por la misma medida, pero luego la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente al sostener que "aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos".
